La ola de renuncias mantiene a Cantarero aferrado a su banca

Al legislador que admitió haber cobrado coimas parece no haberlo afectado la crisis
Gustavo Ybarra
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21 de octubre de 2000  

En medio de la tormenta de renuncias que desató la crisis de los supuestos sobornos pagados en el Senado para aprobar la ley de reforma laboral, el senador Emilio Cantarero (PJ-Salta) sigue resistiendo los azotes del temporal y conserva intactas sus inmunidades parlamentarias.

Extraña paradoja la de este legislador que confesó a La Nación haber cobrado coimas, quien tras la renuncia de Fernando de Santibañes a la jefatura de la SIDE se convirtió en uno de los pocos, si no el único, protagonista del escándalo que todavía se mantiene en su banca.

Es que Cantarero goza desde el 27 de septiembre último de una licencia por 60 días, aprobada por sus compañeros del bloque justicialista, y por lo tanto conserva su condición de senador, a pesar de que no percibirá dieta durante el lapso de su alejamiento temporario.

Y si bien esto implica que permanecerá alejado del Senado hasta fines del mes próximo, el hecho de encontrarse con licencia no le impide disfrutar de las inmunidades parlamentarias atinentes a todo legislador.

Esto significa, en definitiva, que mientras mantenga su banca ningún juez podrá disponer el allanamiento de su domicilio particular ni interceptarle su correspondencia o comunicaciones telefónicas.

Estas prerrogativas quedaron consagradas en el último párrafo del primer artículo de la ley de reglamentación de las inmunidades parlamentarias, que dice textualmente: "No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores, ni la interceptación de su correspondencia o comunicaciones telefónicas, sin la autorización de la respectiva cámara legislativa".

De esta manera, mientras Cantarero mantenga su condición de senador nacional sólo la Cámara alta podrá autorizar la profundización de cualquier medida procesal que implique averiguar en detalle las comunicaciones telefónicas de uno de los legisladores más involucrados en la investigación que intenta determinar si hubo o no sobornos en el tratamiento de la ley laboral, aprobada en abril último.

Y la llave para habilitar cualquier tipo de decisión en ese sentido la tiene el justicialismo, que con su mayoría propia ya evitó que Cantarero se viera obligado a dejar el Senado a pesar de su confesión.

Nueva licencia

Pero la cuestión podría complicarse más aún si se tiene en cuenta que en la bancada del PJ, que conduce el sanjuanino José Luis Gioja, ya hay quienes sostienen que la licencia del senador salteño sería automáticamente renovada una vez vencido el plazo, el próximo 27 de noviembre.

"Cantarero no vuelve más. Además, las licencias se renuevan sin más trámite que un nuevo pedido que ni siquiera hará falta tratar en el recinto, por lo que podría mantener la banca hasta la finalización de su mandato", coincidieron en señalar varios senadores peronistas que pidieron reserva de identidad.

De esta manera, el legislador salteño podría terminar uno de los años más agitados de la vida del Senado con el dudoso privilegio de ser el único protagonista severamente involucrado en el affaire de los sobornos sin haber dejado su cargo.

Sin comisión

Además, Cantarero tampoco es investigado por el Senado, ya que nunca llegó a conformarse la comisión especial que para ese fin había aprobado la mayoría justicialista en la misma sesión en la que aceptó la licencia del salteño.

Esa comisión murió el mismo día de su creación, cuando el radicalismo se negó a integrarla, disgustado por la composición -tenía mayoría peronista- y por la negativa del PJ a aprobar un proyecto de la bancada oficialista para analizar la conducta del senador en los términos del artículo 69 de la Constitución Nacional, que establece las causales de destitución de un legislador.

Así, desde que estalló el escándalo fueron varios los funcionarios y legisladores que debieron alejarse del centro de la tormenta.

Lista de renuncias

Primero fueron los presidentes de los bloques radical y justicialista, Raúl Galván (La Rioja) y Augusto Alasino (Entre Ríos), respectivamente, quienes pasaron a convertirse en senadores rasos en virtud de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para descomprimir la crisis y calmar los embates del entonces vicepresidente Carlos Alvarez, adalid de la denuncia.

A este cambio político se sumó la renuncia del senador Juan Melgarejo (UCR-Santa Cruz), que presentó su dimisión luego de que su colega del Movimiento Popular Neuquino, Silvia Sapag, lo involucrara en una nueva denuncia de corrupción, esta vez ligada con el tratamiento de la ley de hidrocarburos.

La siguiente víctima de la crisis fue el senador Jorge Massat (PJ-Santa Fe), quien también renunció a su banca. En este caso, el escándalo se inició cuando su sobrina lo denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Efecto dominó

Indudablemente, la renuncia de Alvarez a la vicepresidencia fue el momento más crítico del affaire , pero también inauguró las secuelas políticas en el Gobierno del escándalo de los sobornos.

Apenas 24 horas después de haber sido nombrado secretario general de la Presidencia se alejó del cargo Alberto Flamarique, ministro de Trabajo al momento de aprobarse la ley laboral y uno de los principales sospechados en el Gobierno por el supuesto pago de coimas.

El efecto dominó desatado por la salida de Alvarez de la vicepresidencia volvió a trasladar las renuncias al Senado.

Primero fue el presidente provisional del cuerpo, José Genoud (UCR-Mendoza), quien se fue despotricando contra el ex vicepresidente.

A Genoud lo siguió Mario Pontaquarto, el secretario parlamentario de la Cámara alta y uno de los objetivos políticos a los que hacía mención Alvarez cada vez que pedía cambios en el Senado y en la forma de entender la política que tenía el cuerpo.

En solidaridad con el ex vicepresidente se fue su mano derecha en el Senado, Ricardo Mitre, que manejó la secretaría administrativa en el corto plazo de diez meses que Alvarez presidió el cuerpo.

Ayer, finalmente, presentó su renuncia Santibañes y terminó por completarse el cuadro de dimisiones reclamadas por el ex vicepresidente.

Y Cantarero sigue.

Sobreviviente

  • El senador Cantarero admitió a La Nación haber cobraro sobornos para aprobar la ley laboral. El escándalo llegó al Gobierno y abrió un capítulo crítico de la administración de De la Rúa; hubo varias renuncias y cambios en el gabinete, pero el legislador salteño no dejó su cargo.
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