La ONU instó al Gobierno a frenar la reforma judicial

La Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia judicial exhortó al gobierno argentino a que "reconsidere" los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura y de limitación de las medidas cautelares.

Fue la crítica de mayor peso político que recibió el plan "democratizador" de la Justicia en el plano internacional. En un comunicado publicado anteayer en la página web de la ONU, la relatora Gabriela Knaul, brasileña, sostuvo que esas iniciativas son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a "principios básicos relativos a la independencia de la judicatura" .

Knaul advirtió que la intervención que pretende otorgarse a los partidos políticos en el Consejo de la Magistratura "pone en riesgo la independencia" de sus miembros, "lo que compromete seriamente los principios de separación de poderes y de independencia del Poder Judicial".

La cancillería argentina reaccionó de inmediato. Afirmó que la "insólita actitud" de la relatora había representado, por su "falta de imparcialidad, mesura y equilibrio", un "desvío" de su mandato. En un comunicado, cuestionó además que Knaul se hubiera pronunciado sin esperar la respuesta argentina a una serie de preguntas que ella había hecho llegar la semana pasada.

Anoche, la Cancillería le contestó aquellas consultas. También hizo públicas sus respuestas a través de un comunicado de prensa, volvió a criticar las advertencias de la funcionaria y dijo que estaba "mal informada".

"La República Argentina exige que las autoridades de las Naciones Unidas supervisen la tarea de la relatora especial –afirmó la Cancillería–, para que su trabajo cumpla con las normas de ecuanimidad necesarias."

Knaul fue más de diez años jueza en Brasil y en 2009 la ONU la nombró relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, cargo en el que sucedió al argentino Leandro Despouy, que preside la Auditoría General de la Nación.

Knaul recorrió desde entonces más de 16 países. No sólo cuestionó al gobierno argentino. En los últimos seis meses, sus intervenciones también incomodaron a autoridades de Honduras y de Rusia.

La advertencia de Knaul sobre la Argentina va en sintonía con las críticas dadas a conocer por asociaciones internacionales de jueces y de abogados en las últimas horas. En Estados Unidos, la organización Human Rights Watch (HRW) llamó al Congreso a "rechazar los proyectos" y el gobierno de Barack Obama informó que "sigue con mucha atención" las iniciativas (ver aparte).

"El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales", afirmó Knaul como fundamento para que el Gobierno diera marcha atrás con la modificación al Consejo de la Magistratura y con el nuevo régimen de cautelares (este último, promulgado anteayer).

La relatora sostuvo que están en peligro la "separación de poderes" y la independencia judicial, "elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de Derecho". Criticó, en concreto, que los partidos políticos intervengan en la elección de los consejeros de la Magistratura, que se reduzcan las mayorías necesarias para abrir juicios políticos contra jueces, y que se limiten "el uso y el período de vigencia de las medidas cautelares" contra el Estado. "No pueden ser restringidos. En caso contrario, el acceso a la Justicia no se encuentra plenamente garantizado", afirmó.

"Hago un llamado a la Argentina a que establezca procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia judicial", dijo Knaul.

La Cancillería le respondió que ni los criterios para sancionar a los jueces ni los recursos contra decisiones adversas se modifican con la reforma. También, que la nueva mayoría (menos exigente) para someter a juicio a los magistrados es una "mayoría agravada" y que es "la misma, por cierto, que se le exige al Congreso para dictar la propia ley del Consejo". La respuesta argentina tiene 13 páginas y repite argumentos con los que el kirchnerismo defendió los proyectos. Para el Gobierno, las críticas de la relatora constituyen "una intromisión inaceptable en cuestiones internas de la República Argentina"; no tienen validez y sí una "clara intencionalidad" que fueron provocadas por "fuentes que el Estado argentino desconoce".

En su primer respuesta, incluso más dura que la de ayer, la Cancillería había dicho que Knaul "convirtió a las Naciones Unidas en fiscal, juez y verdugo contra un país miembro". Relató además que el Gobierno había cuestionado a Knaul ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, donde –siempre según la Cancillería– compartieron "la preocupación por la improcedente conducta" de la relatora.

Aquel primer comunicado del Gobierno buscó asociar a Knaul con la oposición argentina, puntualmente con el radicalismo, del cual su antecesor Despouy es un referente judicial. "La posición de la relatora es similar a quienes hoy desde la oposición claman por una supuesta ilegalidad, pero que cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar (...) votaron leyes con falsos diputados o con el supuesto pago de prebendas en lo que se llamó «ley Banelco»", afirmó ese primer comunicado.

También advirtió que Knaul "parece desconocer" que "un grupo de la sociedad civil" se manifestó contra las reformas y se le garantizó la seguridad "mientras que en marchas de protesta al gobierno del Dr. Fernando de la Rúa (hoy principal partido de la oposición y promotor de las mismas acusaciones que levanta la relatora) fueron asesinadas 32 personas por las fuerzas represivas".

Anoche, ni Knaul ni la ONU habían contestado a la encendida respuesta del gobierno argentino.

La opinión de los expertos locales

Marcaron la gravedad del pronunciamiento de la ONU

• "No es una consulta a un país, sino que tiene el valor de una condena pública. Es un fuerte llamado de atención"
  
  Leandro Despouy / Titular de la Auditoría General de la Nación
• "Es un primer paso importante, porque cuando en el futuro se plantee un caso concreto, tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como la Corte Interamericana de la OEA podrían dictar condenas similares"
  
  
  
  Raúl Vinuessa / Jurista
• "El pronunciamiento de la Relatoría está en línea con las objeciones que formuló la Facultad de Derecho en contra de la ley de cautelares, que viola la Convención Americana y el Pacto Internacional"
  
  Mónica Pinto / decana de la Facultad de Derecho de la UBA

Del editor: qué significa.