La oposición apoyó a la Corte, pero criticó la utilización de la ley

La mayoría de la oposición reaccionó ayer con respeto al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucionales los artículos cuestionados por el Grupo Clarín de la ley de medios, pero también denunció el manejo politizado y arbitrario de la autoridad de aplicación (Afsca) y cuestionó la intención del Poder Ejecutivo de usar la norma para acallar las voces opositoras y controlar los medios de comunicación críticos.

"El primer paso para cumplir el fallo de la Corte es que renuncie [Martín] Sabbatella. La Corte ha sido clara en que Afsca tiene que ser independiente y hoy no lo es, por lo que el Gobierno no puede tomar ninguna medida", reclamó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a través de la red social Twitter.

Además de las duras críticas de Elisa Carrió (como se informa por separado), muy pocas fueron las voces que repudiaron de plano el fallo de la Corte. "La aplicación del artículo tendrá efectos muy negativos en cuanto a la libertad de expresión y el derecho de los argentinos a acceder a información plural, diversa y veraz", advirtió la senadora María Eugenia Estenssoro. "La Corte habla del «deber ser» de los medios públicos, desconociendo el uso y abuso que existen en ellos, la diatriba permanente contra el que piensa distinto, el manejo discrecional y los periodistas censurados en los mismos", se sumó Patricia Bullrich.

En el radicalismo, las voces fueron más prudentes, en el sentido de destacar la necesidad de acatar el fallo. No obstante, no dejaron de advertir sobre los excesos cometidos y que podría cometer el gobierno de Cristina Kirchner en materia de libertad de expresión. "Hay que ser respetuosos de las instituciones de la República y acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero tenemos la obligación de advertir que el Gobierno buscó la vigencia plena de la ley de medios con el único objetivo de controlar las voces disidentes y borrar a la oposición política de la televisión y la radio", afirmó el jefe del bloque de senadores radicales, José Cano (Tucumán).

Su par de la Cámara de Diputados Ricardo Gil Lavedra (Capital) destacó que la decisión de la Corte "debe ser respetada", ya que "es la última intérprete de la Constitución y su decisión es final". Sin embargo, destacó que la sentencia "no significa que la ley de medios sea buena, sino que es mala, sumamente controvertida y tiene que ser modificada en el futuro".

El FAP también apuntó sus críticas al Poder Ejecutivo. "Hay que acatar el fallo", afirmó el diputado Gerardo Milman (GEN), quien aseguró que "una vez resuelta la constitucionalidad, ahora hay que preguntarse si el Gobierno aplicará la ley a todos los medios de comunicación o si los seguirá diferenciando entre obsecuentes y críticos".

Por su parte, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) destacó las recomendaciones volcadas en los fundamentos del fallo por la Corte, en cuanto a la necesidad de que se aplique una política transparente de publicidad oficial, tras lo cual aseguró: "Debemos respetar este fallo y avanzar hacia una real pluralidad de voces, algo en lo que este gobierno no se ha destacado particularmente".

"La Corte Suprema dictó un fallo que sostiene argumentos de una Argentina irreal", se quejó por su parte la ex diputada Silvana Giúdici.

Por último, el bloque de diputados nacionales de Unidad Popular emitió un comunicado en el que celebra el fallo de la Corte porque "termina con las excusas que durante los últimos tres años esgrimió el gobierno nacional para no aplicar la ley que supuestamente decía defender ante los estrados judiciales".

En el exterior

También la prensa extranjera reflejó el fallo. El diario norteamericano The Wall Street Journal publicó un extenso artículo en el que reflejó la noticia y destacó que el fallo "marca un gran triunfo para Cristina Kirchner apenas dos días después del revés electoral del oficialismo en los distritos clave".

El diario neoyorquino también señala que la decisión de la Corte podría "marcar un drástico giro para la libertad de expresión en la Argentina", en línea con "la utilización que hace el Gobierno de los fondos de publicidad para silenciar las críticas".