La oposición apura al oficialismo a dar el debate en Diputados

La pelea está lanzada: por un lado el Gobierno, que quiere postergar para 2017 la aplicación de un nuevo impuesto a las ganancias, atento a su impacto fiscal. Por el otro, la oposición, que no quiere esperar tanto y buscará arrancar el debate el próximo martes, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

"La prioridad será la discusión de un nuevo impuesto a las ganancias", anticipó a LA NACION el diputado Alberto Roberti (Bloque Justicialista), quien hoy será designado como presidente de la comisión. Espera contar con el apoyo del resto de las bancadas opositoras, autoras en su mayoría de distintas iniciativas para modificar la aplicación del tributo, sobre todo el mínimo no imponible y las escalas. Roberti se propone unificar las posturas en un proyecto común y forzar al oficialismo a anticipar la vigencia del nuevo impuesto.

Es un objetivo ambicioso el de Roberti, y no exento de dificultades. El primer escollo a sortear es que las iniciativas que se presentaron fueron giradas a la Comisión de Presupuesto, que preside el macrista Luciano Laspina, no a la que él encabezará, la de Legislación del Trabajo. "Mañana (por hoy) vamos a pedir al presidente de la Cámara de Diputados que las remita también a Trabajo", adelantó Roberti. La pregunta es si Emilio Monzó, el más fiel representante del Gobierno en la Cámara baja, accederá graciosamente al pedido opositor.

Tironeado entre las conveniencias políticas y la opinión de las encuestas (que el Gobierno consume con fruición), el oficialismo podría utilizar todos los resortes legislativos para estirar la definición del debate, pero a costa de un impacto negativo en su imagen. Máxime cuando en campaña el presidente Mauricio Macri había prometido eliminar directamente la aplicación del impuesto a los trabajadores.

En la pulseada, la oposición tiene a su favor la presión que ejercen los gremios y la eventual mayoría que podría reunir en ambas cámaras para impulsar una iniciativa en común. El oficialismo, por su parte, ejerce el manejo de los tiempos parlamentarios (aunque con cierto límite) y un as de espadas que por ahora guarda en su manga: la resistencia de los gobernadores peronistas a modificar el impuesto a las ganancias, pues esto repercutiría negativamente en la coparticipación.

En efecto, el cambio en las escalas del tributo, como un eventual aumento en el mínimo no imponible golpearía directamente las arcas provinciales, pues se trata del principal impuesto coparticipable. Las provincias ya resignaron 23.300 millones de pesos este año con la suba del mínimo no imponible a 30.000 pesos, que instrumentó el presidente Mauricio Macri el mes pasado. Con las cuentas en rojo y las paritarias abiertas, los gobernadores no estarían dispuestos a ceder más recursos, tal como publicó LA NACON el domingo pasado.

El oficialismo confía en que la resistencia de los gobernadores disuadirá al peronismo no kirchnerista en el Congreso de instrumentar cambios en el tributo con vigencia este mismo año. "Modificar el impuesto a las ganancias es un beneficio que impacta en los sectores medios y altos de la sociedad. Hoy la prioridad del Gobierno son los sectores más vulnerables", confió un legislador de Cambiemos.

La puja está instalada. Diputados de todas las bancadas -incluso la oficialista- han presentado proyectos y el kirchnerismo, que mientras estuvo en el gobierno esquivó el debate, ahora quiere sumarse a la ofensiva opositora. El encargado de elaborar la iniciativa kirchnerista es el ex ministro de Economía Axel Kicillof.

Las dos CTA podrían avanzar hacia la unidad

• En línea con lo que sucede con las CGT, las dos vertientes de la CTA exploran un acercamiento y podrían coincidir en acciones conjuntas, como sucederá con algunas protestas que habrá hoy, una movilización de la que participarán junto a diferentes organizaciones hasta el Congreso de la Nación para repudiar la ola de despidos en el sector público.
• Pero mañana habría otro gesto en el sentido de una posible unidad: la seccional de ATE Capital, que encabeza Daniel Catalano, oficia de nexo entre los sectores de Hugo Yasky y Pablo Micheli para presentar una denuncia en la OIT contra el Gobierno de Mauricio Macri.
• Los sindicalistas plantean una vulneración del derecho al trabajo y acusan al Estado de violar tratados internacionales de legislación laboral.

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