La oposición avanzará contra las tarifas y los DNU en el Congreso

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno
El peronismo insistirá en una ley de extinción de dominio y buscará poner un tope a la suba de servicios públicos; la estrategia del oficialismo
Laura Serra
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24 de febrero de 2019  

Con la apertura de las sesiones ordinarias el viernes próximo, el Congreso se convertirá en escenario de fuertes disputas entre el oficialismo y la oposición, que tendrán como telón de fondo la campaña electoral. La oposición apuntará contra uno de los flancos más vulnerables del Gobierno, la suba de tarifas, pero también buscará dejar sin efecto una serie de decretos presidenciales que considera inconstitucionales.

Cambiemos, por su lado, apelará a una doble táctica para contrarrestar la embestida opositora. Por un lado, impulsará el debate de proyectos que, sabe, son redituables electoralmente, entre ellos, el nuevo régimen penal juvenil. Por el otro, buscará acotar lo más posible el funcionamiento del Congreso para no darle aire a la oposición y evitar problemas inesperados.

Tiene dos ventajas el Gobierno. Si bien es minoría en ambas cámaras, tiene la fuerza suficiente en las comisiones para bloquear cualquier proyecto de ley opositor. La segunda ventaja es más bien política: el peronismo y el kirchnerismo son todavía rivales electorales, lo que dificulta (aunque no imposibilita) el armado de estrategias comunes.

El tema de las tarifas es un buen ejemplo. En diciembre pasado, el Gobierno aprobó un aumento del 35% del gas, mientras que la luz subirá entre un 26 y un 32% este año, lo que desató un malestar social generalizado. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, presentó un proyecto de ley que replica aquel que el Presidente vetó el año pasado: propone suspender los aumentos tarifarios de los servicios públicos de gas, electricidad, agua potable y cloacas a partir del 1 º de enero de 2019 y retrotraer las tarifas al 31 de diciembre de 2018.

Encuentros y desencuentros

Al peronismo no kirchnerista no le cierra la propuesta de Rossi. "Vamos a repetir una estrategia que terminó en veto y no dio resultado", advierten en el bloque del Frente Renovador, que preside Graciela Camaño. "Hay que buscar una alternativa que resulte efectiva para los usuarios, porque con medidas efectistas no logramos nada", dicen en el bloque que preside Pablo Kosiner (Alternativa Federal).

Esto no implica que se quedarán de brazos cruzados. "Estamos en contra de los tarifazos y vamos a hacer todo lo posible para atemperar su efecto", aseveran. Harán barullo en el recinto y participarán de cuanta sesión especial se convoque, pero tienen más confianza en el poder de fuego de la Justicia ante los pedidos de amparo que presentan los consumidores.

La cuestión de los decretos de necesidad y urgencia del Presidente, en cambio, los muestra más unidos en la estrategia. Uno de los más discutidos es aquel sobre extinción de dominio, que faculta al Estado a recuperar los bienes de la corrupción y de otros delitos. Convencida de que se trata de un decreto inconstitucional, la oposición lo rechazó en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el martes pasado. Y ahora le dobla la apuesta al oficialismo: en lugar de un decreto, el Congreso debe sancionar una ley.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos para que haya una ley de extinción de dominio; el decreto avanza en materia penal, por eso es inconstitucional y lo va a voltear la Justicia", insiste el diputado massista Marco Lavagna. En el mismo sentido se expresó Kosiner. "No podemos permitir que el Gobierno esquive al Congreso con un decreto cuando la Cámara tenía pendiente el tratamiento de un proyecto de ley sobre el mismo tema", insistió.

El kirchnerismo preferiría, en cambio, una acción más drástica: convocar a una sesión especial para derogar de un plumazo el decreto. Sin embargo, no descarta la vía de la sanción de una ley -que dejaría sin efecto el decreto-, aunque advierte que será más trabajosa: todavía subsisten diferencias entre los distintos bloques opositores sobre si la extinción de dominio debe ejecutarse por la vía de la Justicia civil o la penal.

La oposición también apuntará contra otro paquete de decretos que el Presidente dictó en enero pasado. Se trata de tres textos que regulan el voto de los argentinos residentes en el exterior, de los procesados con prisión preventiva y de los agentes de las Fuerzas Armadas y de seguridad que custodian los comicios.

"Avanzan en materia electoral, por lo tanto estos decretos son inconstitucionales", insiste Camaño.

La líder del bloque massista espera el arranque del año parlamentario para meter el dedo en la llaga de otro asunto que inquieta al oficialismo: el desafuero de la diputada Aída Ayala (Cambiemos), acusada de asociación ilícita y lavado de dinero. Durante más de un año el bloque oficialista, a instancias de la UCR, buscó proteger a la legisladora y demorar una definición a la espera de una resolución favorable de la Justicia. Sin embargo, el tiempo se agota y la oposición no dejará escapar fácilmente a esa presa.

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