La oposición dice que el Congreso ofrece "impunidad"

La UCR y el FAP criticaron al oficialismo por ocultar la corrupción
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31 de enero de 2013  

Un grupo de dirigentes opositores acusó ayer al Gobierno de usar su mayoría en el Congreso para imponer una agenda de "ajuste" y garantizar la impunidad de los funcionarios vinculados a casos de corrupción. Llamaron, así, a aprovechar las próximas elecciones para modificar la relación de fuerzas en el Parlamento.

"La evaluación del año legislativo que pasó permite poner en blanco sobre negro cuáles fueron los prioridades de la mayoría del 54 por ciento", explicó el presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Alfonso Prat-Gay.

El ex presidente del Banco Central encabezó una conferencia de prensa junto con el jefe de la bancada radical en la Cámara baja, Ricardo Gil Lavedra; el líder de Libres del Sur, Humberto Tumini; el ex legislador porteño Sergio Abrevaya (Podes), y la secretaria general del Partido Socialista de la Capital, Verónica Gómez.

Esos dirigentes volvieron a manifestar su voluntad de construir un espacio político común que se traduzca en un frente electoral para las elecciones legislativas de este año, y que se enfrente tanto al kirchnerismo como al macrismo.

Concretamente, Prat-Gay puntualizó que el objetivo era que el oficialismo se quedara sin representante por la Capital en el Senado (hoy cuenta con Daniel Filmus) y que disminuyera la representación que tiene en Diputados (de cuatro legisladores).

"La actividad parlamentaria del oficialismo promueve el ajuste, les quita dinero a las provincias y a los asalariados, con el impuesto a las ganancias, garantiza la impunidad y promueve el miedo", afirmó Prat-Gay, al comenzar la conferencia, que se desarrolló en la Secretaría Parlamentaria del bloque de la UCR.

"Las leyes votadas tienen la tendencia para alcanzar sólo poder", señaló Gil Lavedra, quien denunció hechos de "corrupción" de parte del oficialismo, como el "escandaloso caso" de la ex imprenta Ciccone, en el que se vio involucrado el vicepresidente Amado Boudou.

En ese sentido, Gil Lavedra cuestionó que "no hubo órgano estatal que dijera quiénes son los dueños de la empresa Ciccone" y añadió que "el Frente para la Victoria, con su mayoría, ha tratado de tapar la corrupción y de poner freno y socavar las investigaciones". La regla para el funcionario público, sostuvo el diputado radical, "es la impunidad".

El jefe del bloque de la UCR también criticó a la administración de Mauricio Macri por querer "aumentar el subte" cuando "el gobierno de la ciudad tiene desde el año pasado una ley que prevé fuentes de financiamiento". E instó a sus aliados a "recuperar el rumbo" de 2009 con el Acuerdo Cívico y Social para que el Congreso "deje de funcionar como una escribanía".

Tres ejemplos

A su turno, Tumini puntualizó las leyes aprobadas por el Congreso que le permiten a él sostener que el Gobierno no es progresista.

"La Presidenta gusta mostrarse como una persona de pensamiento progresista. Sin embargo, usó la mayoría parlamentaria no para leyes progresistas", introdujo, y enseguida ejemplificó con tres casos: la ley antiterrorista, la modificación del Código Electoral y la ley de accidentes de trabajo.

"Dice defender los derechos humanos, pero hizo aprobar, a fin de 2011, una ley antiterrorista que solicitó el GAFI", dijo, y sostuvo que esa norma abría la puerta para la criminalización de la protesta.

Sobre el Código Electoral, afirmó que al establecer que los fiscales deben estar empadronados en la mesa donde están fiscalizando, se dificulta el trabajo de los partidos más chicos. Para cuestionar la ley de accidentes de trabajo, citó la opinión adversa que en su momento había manifestado el columnista de Página 12 Mario Wainfeld.

Como corolario, Abrevaya sostuvo que el gobierno de Cristina Kirchner era un gobierno de derecha. "Pide racionalidad y sacrificio a todos, pero sólo mete la mano en el bolsillo de la gente que trabaja", disparó.

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