La oposición intentará rechazar el DNU de extinción de dominio

Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Gómez
La comisión lo discutirá hoy, pero el oficialismo confía en que no llegará al recinto
Laura Serra
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6 de febrero de 2019  

No es la primera vez que, en pleno receso estival del Congreso , el Gobierno apela al atajo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para avanzar en iniciativas complejas y polémicas. Por caso, en enero de 2017 impuso por esta vía el megadecreto para "desburocratizar" el Estado y una nueva regulación sobre riesgos de trabajo (ART). Fue tal el rechazo opositor que el oficialismo debió dar marcha atrás y permitir que el Congreso legisle sobre ambos temas, lo que finalmente redundó en la sanción, por consenso, de sendas leyes.

Hoy, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, el kirchnerismo buscará replicar aquel amplio consenso opositor, pero esta vez en torno al DNU 62/19 sobre extinción de dominio. El decreto, que pretende acelerar la recuperación por parte del Estado de los bienes y fondos derivados de la corrupción, el contrabando y el narcotráfico, recibió severas críticas tanto de juristas como de legisladores opositores, quienes advirtieron que pecaría de inconstitucional por avanzar en materia penal, lo que está vedado por la Carta Magna.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió hace dos años, el Gobierno no parece dispuesto a dar marcha atrás con el decreto. Si bien admite la posibilidad de que el kirchnerismo y el PJ unan sus fuerzas y emitan un dictamen de rechazo en la comisión bicameral, difícilmente ese dictamen prospere cuando se llegue a la instancia de su discusión en el recinto. Como se sabe, la ley que regula los DNU exige que para que un decreto pierda su vigencia ambas cámaras del Congreso deben rechazarlo.

Los antecedentes parlamentarios favorecen al oficialismo: desde que aquella ley regulatoria se sancionó, en 2006, nunca el Congreso pudo voltear un DNU del Poder Ejecutivo. El gobierno de Mauricio Macri tuvo un par de reveses en la comisión bicameral, pero la oposición -dividida entre "duros" y "moderados"- no logró llevar los dictámenes de rechazo al recinto.

Más allá de la cuestión numérica, hay una razón de política electoral que le da confianza al oficialismo.

"En plena campaña electoral, ¿quién de la oposición se va a atrever a voltear en el recinto un decreto que apunta a la transparencia y a recuperar lo robado de la corrupción?", acicatean en el oficialismo.

Por su parte, el presidente de la comisión bicameral, el diputado kirchnerista Marcos Cleri confía en que si hoy la oposición se une en torno de un dictamen de rechazo al decreto, difícilmente el oficialismo pueda resistir la avanzada.

"El Gobierno no respeta al Congreso y viola la Constitución nacional. Que nos deje legislar: hay una iniciativa en trámite en la Cámara de Diputados sobre la cuestión de la extinción de dominio y, de buenas a primeras, se impuso con un DNU", cuestionó.

La comisión bicameral tiene 16 miembros, de los cuales el oficialismo cuenta con ocho legisladores propios, mientras que el kirchnerismo tiene cinco integrantes. Los que definirán la discusión serán el diputado Juan José Bahillo (PJ-Entre Ríos) y los senadores Cristina Fiore (Pares-Salta) y Guillermo Snopek (PJ-Jujuy).

El peronismo no kirchnerista ya anticipó sus críticas al DNU del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no estaría dispuesto a voltear el decreto en el recinto; en eso confían en el Gobierno.

Frecuencias satelitales

Además del DNU sobre extinción de dominio, la comisión bicameral discutirá en la reunión de hoy otros dos decretos presidenciales: aquel que deja sin efecto transitoriamente el gravamen establecido en el artículo 39 de la ley de impuestos internos, como también el DNU por el cual se sustituye el artículo 11 de la ley 27.208 de industria satelital, sobre asignación de frecuencias.

Este último decreto también promete generar discusión ya que, por esta vía, el Gobierno modifica una ley vigente para favorecer el ingreso de operadores públicos o privados en un sector en el cual la empresa estatal Arsat tenía "carácter preferencial".

"Este decreto modifica y contradice la ley de desarrollo de la industria satelital y habilita al Enacom a asignar a las grandes operadoras privadas las bandas de espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil reservadas hasta ahora a la empresa estatal Arsat, violentando nuestro ordenamiento jurídico", advirtió el diputado kirchnerista Daniel Filmus, quien, junto a su compañero de bancada Pablo Carro, presentó un proyecto de ley para rechazar el DNU.

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