La oposición pide la remoción de Taiano

La oposición en pleno cuestionó ayer la decisión del fiscal Eduardo Taiano de no apelar el sobreseimiento del juez Norberto Oyarbide al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, y anunció que impulsará el juicio político del funcionario.

La ofensiva partió del comité nacional del radicalismo, que preside el senador Ernesto Sanz (Mendoza), y logró la rápida adhesión de otras fuerzas políticas, como la Coalición Cívica y Propuesta Republicana (Pro). Al respecto, el presidente de la bancada de diputados macristas, Federico Pinedo, calificó de "canallada" la actuación de Taiano.

"La inacción del fiscal no puede interpretarse a la luz de la técnica jurídica, sino del cumplimiento de deberes inexcusables como funcionario público de revisar el fallo de Oyarbide en una instancia superior", sentenció Sanz, en un comunicado en el que anuncia la intención de la UCR de "promover el enjuiciamiento" de Taiano.

Según ese pronunciamiento, el fiscal no sólo violó "expresas normas con su conducta", sino que también "incumplió con el deber de representar a la inmensa mayoría de la ciudadanía, que reclamaba un mayor compromiso y conducta en la investigación de un delito sensible como el enriquecimiento ilícito".

Por su parte, Pinedo dijo a LA NACION que su bloque buscará "movilizar los mecanismos que correspondan" para remover a Taiano.

"No es la primera vez que le da a Kirchner [Néstor] patente de santo", recordó el diputado, en alusión a otras dos causas abiertas contra el matrimonio presidencial en las que Taiano no avanzó.

En tanto, desde la Coalición Cívica se informó que el diputado Adrián Pérez presentaría otro pedido de enjuiciamiento.

Según lo establece la ley del Ministerio Público (24.946), la remoción de un fiscal debe ser decidida por un tribunal de enjuiciamiento integrado por siete miembros, designados por el Poder Ejecutivo, el Senado y la Corte Suprema de Justicia. El cuerpo se completa con dos miembros por la matrícula federal de abogados y otros dos que se elegirán por sorteo entre los procuradores ante la Corte, fiscales generales y defensores oficiales o públicos.