La oposición planea no votar en la sesión del Código Civil

En un recinto semivacío, el oficialismo intentará convertir hoy en ley el nuevo Código Civil y Comercial en la Cámara de Diputados. La oposición anticipó que no dará quórum y que no legitimará con su presencia la eventual sanción de la iniciativa pues, a su juicio, será ilegal.

Previamente, por la mañana, un grupo de diputados opositores encabezado por el jefe del bloque radical, Mario Negri, concurrirá a los tribunales de Comodoro Py para presentar una denuncia penal contra las autoridades de la Cámara baja por eventual abuso de poder. La oposición alega que el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, que tiene media sanción del Senado, no cuenta con el dictamen correspondiente de la comisión, paso indispensable para el debate posterior en el recinto. Advierte que el Senado no sólo modificó el texto cuando lo debatió en noviembre pasado, sino que éste caducó cuando se produjo el recambio en ambas cámaras parlamentarias, en diciembre último.

Habrá que ver si la Justicia da curso favorable a los planteos opositores. Por de pronto, ayer el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Ernesto Marinelli, rechazó el recurso de amparo que había presentado la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) para que se suspenda el debate previsto para hoy en la Cámara baja. El magistrado consideró que el Poder Judicial no puede interferir en la sanción de las leyes, según fijó la jurisprudencia de la Corte Suprema, y sostuvo que el Congreso tiene poder para reglamentar sus derechos y garantías.

Más allá de lo que resuelva la Justicia, la oposición está decidida a no convalidar una sesión que, a su juicio, sería irregular. Anoche, en el despacho del diputado Negri, se reunieron los distintos jefes de bancada y acordaron no dar quórum. Si el oficialismo logra el número suficiente para arrancar el debate, entonces formularán sus planteos en el recinto y, posteriormente, se retirarán.

Si esto sucede, el oficialismo y sus aliados quedarán en soledad para aprobar una de las leyes más trascendentes de los últimos tiempos. En efecto, el nuevo Código Civil y Comercial introducirá importantes innovaciones en temas sumamente sensibles, como el nacimiento, el matrimonio, la familia, la educación, las transacciones, los contratos comerciales, el patrimonio, entre otros aspectos.

"El objetivo es fortalecer y generar más derechos para una sociedad más igualitaria", insistió ayer la jefa del bloque de diputados oficialistas, Juliana Di Tullio.

Frente a la embestida oficialista, toda la oposición decidió unir sus filas. "Entendemos que la sesión convocada está viciada de nulidad y que el Código sancionado sólo por el oficialismo será absolutamente ilegítimo", anticipó Claudio Lozano, de Unidad Popular.

"Bajo ninguna circunstancia vamos a convalidar semejante nivel de atropello institucional, como consecuencia del ejercicio autoritario del oficialismo, que no respeta las mas mínimas condiciones legales y reglamentarias de la democracia", enfatizaron los jefes de los bloques Renovador y Unión por Córdoba, Darío Giustozzi y Carlos Caserio.

Pese a la postura unívoca de la oposición, el oficialismo confía en reunir los 129 diputados con sus tradicionales aliados, y sumar a los diputados puntanos que responden a los hermanos Rodríguez Saá y a Ramona Pucheta, ex aliada del líder del Movimiento Nacional de Jubilados y Desocupados Raúl Castells.

Críticas del Colegio de Abogados

• El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su "honda preocupación" por la decisión del oficialismo de impulsar la aprobación del proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.
• Reiteró "la imperiosa necesidad de continuar debatiendo en el ámbito parlamentario y en el propio de la comunidad jurídica aspectos sustanciales de dicha iniciativa, cuya regulación está llamada a tener un alto impacto en el desenvolvimiento cotidiano de las relaciones jurídicas que lleven a cabo quienes desarrollan de modo habitual actos jurídicos que, en definitiva, representan la exteriorización de su derecho constitucional de trabajar, ejercer toda industria lícita usar y disponer de su propiedad".