La oposición presentó una lista única para el Consejo

La oposición no quiere pecar de imprevisora. Por esa razón, ayer presentó ante la justicia electoral el frente Unidos por la Justicia, con el cual postulará a sus candidatos al Consejo de la Magistratura en una lista única con el objetivo de competir contra el kirchnerismo, en el caso de que aquellas elecciones finalmente se celebren.

Los opositores aún no definieron los nombres de quienes integrarán su lista única. Tienen tiempo hasta el 22 de este mes, fecha en que vencerá el plazo dispuesto por la ley electoral para la presentación de los candidatos que competirán tanto en las elecciones primarias del 11 de agosto como en las generales del 27 de octubre.

Entre los opositores predomina la idea de que la elección popular de los consejeros no prosperará, sobre todo después del fallo lapidario de la jueza federal María Servini de Cubría. No obstante, como la sentencia aún no está firme -el Gobierno anticipó ayer que recurrirá a la Corte Suprema, vía per saltum -, todavía hay un resquicio para que aquellos comicios se concreten.

"Decidimos presentar el frente por las dudas. Si bien las elecciones de consejeros están suspendidas por el fallo de la jueza Servini, es posible que la Corte Suprema no llegue a tiempo para una resolución definitiva", explicó a LA NACION el jefe del bloque de diputados de la UCR y candidato a renovar su banca, Ricardo Gil Lavedra.

El llamado Frente por la Justicia está integrado por la UCR, el Partido Socialista, Pro, la Unión Celeste y Blanco, el Movimiento Libres del Sur, GEN, el partido Poder para el Espacio Social (Podes) y la Unión Popular de Mendoza. En cambio, decidieron no participar la Coalición Cívica ni Libres del Sur, como tampoco la fuerza que encabeza Alberto Rodríguez Saá.

"A nuestro entender resulta claro que esa convocatoria a elecciones de consejeros se encuentra suspendida por fallos cautelares, uno de ellos impulsado por nuestro partido, y otro de fondo que dictó la jueza Servini de Cubría", sostuvo el presidente de la Coalición Cívica-ARI a nivel nacional, Pablo Javkin.

El oficialismo también presentó ayer ante la Justicia el frente con el que postulará a sus candidatos al Consejo. Lo hizo bajo el nombre de Frente para la Victoria, el cual congrega a 12 partidos, encabezados por el oficialismo. Además, participan el Frente Grande y los partidos de la Victoria, Comunista, Intransigente, Conservador Popular, Humanista, Kolina y Solidario.

El diputado y apoderado del PJ, Jorge Landau, explicó que el oficialismo trabaja sobre la hipótesis de que el fallo "no quedaría firme", dado que el Gobierno apelará la medida ante la Corte Suprema.

Con la presentación del frente Unidos por la Justicia, la oposición cumplió ayer con el primer paso legal para competir en la categoría consejeros en las elecciones internas del 11 de agosto próximo y en las generales de octubre. Sin embargo, queda todavía por resolver el problema más difícil: la definición, nombre por nombre, de los postulantes al nuevo Consejo de la Magistratura.

En un primer momento, entre los opositores predominaba la idea de que fuesen las asociaciones de magistrados y de abogados las que ungieran a sus representantes en el nuevo Consejo de la Magistratura. Éste es el sistema que regía previo a la modificación de la ley que impuso el gobierno de Cristina Kirchner. En cuanto a los representantes del sector académico, los opositores acordaron que serían seleccionados de mutuo acuerdo por los partidos integrantes del frente.

Sin embargo, los tiempos corren demasiado rápido. La fecha límite para la inscripción de candidatos vencerá el 22 del actual y difícilmente tantos partidos opositores logren ponerse de acuerdo en tan pocos días.

"Confiamos en que el fallo definitivo de la Corte Suprema se dicte antes del vencimiento de los plazos. De no ser así, nos pondremos de acuerdo porque no tendremos otra alternativa", enfatizó la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos), una de las fogoneras de la lista única opositora.

La oposición está convencida de que la Justicia lapidará la reforma judicial que impulsó el Gobierno. Sostienen que la nueva ley rompe el equilibrio que exige el artículo 114 de la Constitución nacional al no garantizar la independencia del Poder Judicial. A su juicio, los magistrados y abogados que sean elegidos consejeros quedarían atrapados en la lógica de la política, pues, según la ley, deberán postularse por los partidos políticos.