Coronavirus en la Argentina: la oposición presiona a Cristina Kirchner para que el Senado sesione
La decisión de Cristina Kirchner de trasladarle a la Corte Suprema la responsabilidad de decidir sobre la constitucionalidad de una ley sancionada en una sesión virtual sigue cosechando críticas en todo el arco opositor del Senado, que volvió a la carga y le reclamó a la vicepresidenta que ponga en marcha los mecanismos para que funcione la Cámara alta.
Los senadores de Juntos por el Cambio rechazaron este jueves con fuertes críticas el paso que la vicepresidenta dio el martes pasado, cuando presentó ante el máximo tribunal de Justicia una acción declarativa de certeza que le garantice la constitucionalidad de una ley que fuera sancionada en modo virtual, es decir, sin los legisladores constituidos en el recinto de sus respectivas cámaras.
"No puede admitirse que se deje supeditada la actividad del Congreso a una hipotética resolución judicial, un precedente que no podemos validar", sostiene el interbloque opositor en una nota que lleva la firma de Luis Naidenoff (Formosa) y Humberto Schiavoni (Misiones), presidentes de los bloque de la UCR y Pro, respectivamente.
Los líderes opositores fueron más allá en su descalificación de la vía judicial al afirmar que una acción declarativa de certeza, como la presentada por Cristina Kirchner, "resulta institucionalmente improcedente" porque "es facultad exclusiva y excluyente de este Senado darse su propio reglamento".
En otras palabras, el principal conglomerado opositor le recordó a la presidenta del Senado que es el propio cuerpo el responsable de dictar sus reglas. No obstante, Naidenoff y Schiavoni le recuerdan y le advierten en su nota a Cristina Kirchner que "cualquier modificación del Reglamento del Senado deberá efectuarse conforme a la normas vigentes, para lo que no vemos imposibilidad de sesionar de manera presencial con los recaudos del caso".
El de las condiciones para que el Senado pueda sesionar es otro de los puntos que atacó la oposición de la presentación realizada por la vicepresidenta. Según el escrito presentado por Cristina Kirchner ante la Corte, la pandemia de coronavirus, y el consecuente aislamiento social obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo, configuran una situación de gravedad institucional que le impediría al Senado realizar sesiones presenciales.
"Nos vemos en la obligación de manifestar que es opinión unánime de este interbloque que no existe tal gravedad institucional, en ninguna de las acepciones del término", replican los senadores de Juntos por el Cambio.
Al respecto, los líderes de los socios principales de Juntos por el Cambio en el Senado sostienen que "no se verifican en la realidad circunstancias que permitan afirmar que el Congreso se encuentra imposibilitado de funcionar".
"Sobre todo, ponderando que tanto el personal de la salud como de seguridad o los empleados de los supermercados, entre muchos otros, sí continúan haciendo su trabajo", agregan los dirigentes opositores, antes de rematar: "Pues entonces, no vemos que exista ningún impedimento para que el Senado siga funcionando".
Como corolario de estas críticas, el interbloque de Juntos por el Cambio volvió a presionar a Cristina Kirchner para que ponga en marcha los mecanismos para realizar una sesión en el Senado, para lo cual pidieron que se convoque a reunión de labor parlamentaria para decidir el temario de iniciativas a discutir en el próximo encuentro.
El planteo de Cristina Kirchner es inédito para la Corte Suprema, que nunca se expidió sobre una cuestión como la que pide la vicepresidenta. El tema exigiría que la Corte tuviera competencias para una intervención directa, es decir, sin que llegue por la vía de la apelación.
Más aún, la movida de la vicepresidenta hasta desconcertó al propio oficialismo.
Dos senadores del Frente de Todos, uno de ellos kirchnerista de pura cepa, no terminaban de entender la finalidad de apelar a la Corte Suprema cuando en el mismo escrito se responde el planteo. Se referían así a la cita que hace el texto del artículo 30 del Reglamento del Senado, que exime al cuerpo de reunirse en su recinto solo en casos de gravedad institucional; escenario que, pocas líneas después, el mismo texto argumenta que existe como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
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