La otra cara del traspaso: enfrentar la queja de los usuarios en los cortes de luz

LA PLATA.- El traspaso de las empresas energéticas a la órbita de la provincia implica un costo alto para la gobernadora María Eugenia Vidal .

La jefa de Estado deberá cubrir la tarifa social, que alcanza a unos 1.500.000 usuarios. Pero lo que es peor: deberá asumir el costo político cada vez que haya un corte de energía . Y anunciar las subas de tarifas o trasladar el costo a los usuarios.

La medida que se aceptó como parte del consenso fiscal no terminará de formalizarse hasta que se termine de firmar una serie de documentos entre la Nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Allí quedará definida la creación de un ente bipartito para controlar a las concesionarias que prestan servicios en la Capital y la provincia.

En este territorio, el Organismo de Control de Energía Eléctrica (Oceba) ejerce como contralor de 4 empresas distribuidoras y 200 cooperativas que ya prestan servicios en el interior y en el Gran La Plata. Oceba representará a la provincia en el nuevo ente bipartito que se conformará con la Ciudad para controlar ahora a Edesur y Edelp.

Para los usuarios no habrá grandes cambios, al menos hasta que Vidal se vea obligada a anunciar nuevos aumentos de la tarifa eléctrica . Por el momento, la subas autorizadas por Javier Iguacel , antes de renunciar, abarcan cambios en la facturación hasta agosto.

La provincia no tiene mucho margen para actuar: intimar a la empresa a cumplir los contratos y las inversiones.

En voz baja

"Para la provincia es un mal negocio: hay que poner más plata, poner la cara y anunciar los aumentos", admitió una fuente del gobierno provincial. "El verano es el peor momento: ya hay barrios enteros del conurbano sin luz", reconocieron ayer en la Casa de Gobierno provincial.

Un renglón aparte merece la tarifa social. El número de beneficiarios actuales puede ser bajo si se compara con los casi 5 millones de pobres que viven en el territorio provincial. ¿Quien les dirá a los intendentes peronistas, como Gabriel Katopodis, que tiene 50 asentamientos en General San Martín, que ya no puede sumar gente a la tarifa social sin pagar el costo de las arcas municipales?

Vidal ya intentó traspasar el costo a los municipios cuando envió el proyecto de presupuesto a la Legislatura. Entonces el ministro de Economía, Hernán Lacunza , dijo: "Si no se comparten las transferencias con los municipios, la provincia colapsa". Finalmente dio marcha atrás.

Si se incorporan nuevos usuarios, se obligará a los intendentes a hacerse cargo del costo. "Nos oponemos a este traspaso y a seguir sumando costos a la provincia", dijo Fernando Gray, presidente del PJ bonaerense.

"Es muy perjudicial para la provincia. Tendremos los servicios más caros. La gobernadora debería defender los derechos de los bonaerenses", agregó el presidente del partido, que hoy difundirá un comunicado en contra.

En Esteban Echeverría el costo de la energía ya es un problema millonario: el hospital municipal, que pagaba $120.000 de luz por mes, en octubre recibió una factura de $3 millones.

Los alcaldes no convalidarán nuevos aumentos. "A nosotros no nos beneficia en nada -dijo Héctor Olivera, de Tordillo, una pequeña ciudad del interior provincial-. Va a ser un gran esfuerzo financiero para los distritos".