La policía de Alperovich hace espionajes a opositores

La Dirección de Inteligencia sigue a políticos y gremialistas, pese a la restricción de la ley de seguridad interior; el gobernador desmintió cualquier actividad "contraria a la ley"
Gustavo Ybarra
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3 de septiembre de 2012  

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- El papel, prolijamente doblado en tres, sin membrete ni firma, es pasado bajo la puerta de la Secretaría de Seguridad todas las noches. La "esquela", tal su nombre en la jerga policial, contiene un resumen de toda la información recabada durante el día en la que se detallan las actividades realizadas por dirigentes políticos, sociales, gremiales, universitarios y hasta culturales de esta provincia.

Como en los tiempos en que el general Antonio Domingo Bussi era amo y señor de Tucumán y la dependencia era conocida como el D-2, la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía, continúa según relatan fuentes calificadas, con tareas de espionaje interno, ahora bajo el gobierno del peronista José Alperovich.

Estas acciones colisionan con la ley 25.520 de seguridad interior, que prohíbe de manera taxativa la realización de ese tipo de actividades a las fuerzas de seguridad.

Así lo reconocieron tres comisarios retirados que, en diálogo con LA NACION y pidiendo estricta reserva de sus nombres, contaron de manera pormenorizada cómo los agentes del D-2 se infiltran en agrupaciones políticas, sociales, culturales y universitarias para reportarlas a diario al poder político de la provincia.

"La función del D-2 es ser el oído y los ojos del gobernador para que pueda tomar medidas y tener respuestas a nivel gremial y político", afirmó, sin medias tintas, uno de los ex efectivos consultados por este diario y que desnudaron cómo funciona el aparato de inteligencia ilegal tucumano.

LA NACION intentó hablar con el mandatario provincial, pero Alperovich declinó el contacto por encontrarse ocupado fuera de la provincia. Este diario tampoco obtuvo respuesta de las autoridades de la Dirección de Inteligencia Criminal.

La sede de la Dirección de Inteligencia Criminal no tiene un cartel que la identifique como una dependencia policial
La sede de la Dirección de Inteligencia Criminal no tiene un cartel que la identifique como una dependencia policial Crédito: Fernando Font
Por su parte, el secretario de Seguridad de la provincia, Eduardo Di Lella, respondió a LA NACION, pero al ser consultado por el tema optó por interrumpir la llamada negándose a atender los intentos posteriores cuando se lo contactó a su teléfono celular para que respondiera a las declaraciones de los ex comisarios que lo señalaron como el hombre que recibe el parte diario de inteligencia.

Su superior político directo, el ministro de Seguridad, Mario López Herrera, tampoco respondió las insistentes llamadas para que diera su punto de vista.

El trabajo de inteligencia ilegal que realiza la policía de Tucumán quedó al descubierto hace algo más de un mes, cuando el periodista Jorge Lanata fue perseguido por efectivos que se desplazaban en automóviles particulares, algunos sin patente, durante su estadía en esta ciudad para realizar una serie de notas sobre la situación social que se vive bajo el gobierno de Alperovich.

La tarea ilegal de la policía de Tucumán es ampliamente conocida por la dirigencia política opositora. "Infiltran movilizaciones cuando deberían dedicarse a hacer inteligencia para detener bandas organizadas de delincuentes", denunció el senador nacional y presidente de la UCR local, José Cano.

"La policía se somete a sus mandos naturales, ellos acatan órdenes. Han desvirtuado el trabajo de inteligencia; si la cabeza del poder político falla, falla también la policía", agregó, por su parte, el ex fiscal anticorrupción de la provincia y ex candidato a gobernador Esteban Jerez, apuntando sus críticas contra el gobernador Alperovich.

El D-2 funciona en una vieja casona que en otros tiempos perteneció al ferrocarril. Sus jefes son los comisarios Héctor "Mongo" Acosta y Eduardo "Pato" Urueña, y si bien el jefe de la policía de Tucumán es el comisario general Jorge Racedo, las fuentes consultadas coincidieron en señalar que Acosta y Urueña reportan de manera directa a la Secretaría de Seguridad provincial.

En el playón de ingreso al predio, ubicado sobre la avenida Sáenz Peña de esta capital en una zona conocida como plazoleta Dorrego, se pueden ver automóviles sin patente. No hay un cartel o placa que identifique el solar como una dependencia de la policía de Tucumán.

Según confió uno de los comisarios retirados contactados por LA NACION, en el D-2 reportan unos 60 efectivos que despliegan sus tareas en varias áreas. "Los informes se dividen en cuatro categorías: política, gremial, universitaria y cultural. Cada día se realiza la esquela con un resumen de cada actividad y se la pasa, a última hora de la noche, por debajo de la puerta de la Secretaría de Seguridad", precisó.

Trabajo artesanal

A diferencia del controvertido Proyecto X, que involucró a la Gendarmería Nacional en tareas de inteligencia interna prohibidas por ley, en este caso el trabajo es más artesanal. "Sólo se trata de una hoja mecanografiada, sin firma ni membrete. El informe se llama esquela y es un papel doblado en tres que se pasa cada día por debajo de la puerta del despacho de Di Lella. La idea es no dejar rastros", afirmó uno de los ex policías, que supo revistar en el D-2.

Para este ex oficial, no quedan archivos de las actividades de inteligencia ilegal. "Fueron quemados en los años 90. Por eso se utiliza la esquela, porque la idea es no dejar rastros", insistió.

Sin embargo, para otro de los ex comisarios todavía existen "archivos y carpetas" de cada uno de los personajes que el gobierno provincial considera relevantes.

Un tercer ex efectivo de la fuerza, en tanto, un comisario respetado en la fuerza que fue desplazado por sus divergencias con Alperovich, sostiene que el D-2 también realiza "escuchas ilegales" y que "dispone de un presupuesto en negro" para pagar información y operaciones que, además de ilegales, son delictivas.

Los objetivos que hoy ocupan la principal atención de los efectivos de inteligencia de Tucumán son el Polo Obrero y la Corriente Clasista Combativa (CCC).

Pero también se realizan seguimientos y fotografías de marchas que se realizan en la provincia y, en particular, de los jubilados que todos los miércoles reclaman en la plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno local.

"Se hacen infiltraciones, seguimientos personales y hasta tareas de hostigamiento y chantaje", aseguró el ex comisario, que definió al D-2 como "los ojos y los oídos del gobernador".

En ese sentido, el senador Cano adjudicó a la Dirección de Inteligencia Criminal el ataque con una ametralladora que sufrió su domicilio particular hace unos años, perpetrado en plena madrugada por un par de sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Toda esta situación motivó la presentación de un pedido de informes por parte de la legisladora provincial Silvia Elías de Pérez (UCR) para que el ministro de Seguridad concurra a aclarar el accionar de la Dirección de Inteligencia Criminal.

Entre otras cuestiones, la legisladora pretende saber si existe personal de la policía de Tucumán autorizado a circular en automóviles sin patentes y a infiltrarse en manifestaciones en contra del gobierno provincial.

Hasta el momento, el gobierno provincial guarda silencio. Mientras tanto, mantiene a la sociedad bajo una vigilancia ilegal.

Desmentida

Alperovich remitió una carta a LA NACION en la que negó rotundamente que él o sus funcionarios estén vinculados a una tarea "contraria a la ley"

"Desmiento categóricamente y en todos sus aspectos lo escrito sobre la participación de este gobierno o de este gobernador, o de funcionarios de este gobierno, directa o indirectamente, por acción u omisión, sugerencia o aceptación de sugerencias, en ninguna actividad de ninguna naturaleza relacionada con prácticas antidemocráticas o contrarias a ley alguna", señaló en su escrito.

"Digo que ni la policía de la provincia, ni organismo alguno, ni grupos de particulares, realicen tareas de inteligencia que no sean las naturales de todas las policías del mundo para luchar contra la delincuencia, exclusivamente, y sin ninguna connotación política, gremial o de persecución a ciudadanos", agregó.

A continuación, la carta completa:

Los personajes clave del caso

La pirámide de responsabilidades políticas Tres personajes clave en tareas de persecución a dirigentes

  • José Alperovich

    Es el gobernador de la provincia y, por lo tanto, el responsable político de la policía de Tucumán. La oposición dice que esta al tanto del espionaje ilegal.
  • Mario López Herrera

    Es el ministro de Seguridad de Tucumán. De su cartera depende la Secretaría de Seguridad de la provincia, que tiene a su cargo la Policía.
  • Eduardo Di Lella

    Es el secretario de Seguridad de la provincia y, por lo tanto, responsable directo de la Policía de Tucumán. Las denuncias dicen que el D-2 reporta a él cada uno de sus informes.
  • Héctor Acosta

    Este comisario es el jefe de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Tucumán, más conocida como D-2 en la jerga. Esta dependencia está acusada de realizar tarea de inteligencia ilegal sobre dirigentes opositores.
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