La reforma nació con fuertes polémicas

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contaba con una larga lista de aspirantes para incorporarse antes de nacer. Tal vez no sabían eso los 131 diputados oficialistas que aprobaron anteayer el proyecto de ley para la creación del flamante organismo, que, en un plazo de 120 días, disolverá a la ex SIDE, entre otras modificaciones que se contemplan para el espionaje estatal.

La reforma de la Secretaría de Inteligencia surgió como uno de los coletazos a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero pasado, cuatro días después de presentar una denuncia contra la Presidenta por encubrimiento en la causa AMIA. El Gobierno impulsó la reforma días después del hallazgo del cuerpo del fiscal.

La iniciativa oficial propone disolver la Secretaría de Inteligencia y reemplazarla por la AFI. Uno de los puntos más cuestionados por los diputados de la oposición fue el traspaso de todo el personal. En el oficialismo respondieron que hasta la puesta en marcha del nuevo organismo, prevista en un plazo de cuatro meses, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, estará habilitado para jubilar a los agentes con suficientes años de aportes. Es decir, a todos los que trabajan en el organismo desde la dictadura.

Otro de los cambios que generaron discusiones fue el traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales, la dependencia dedicada a las escuchas telefónicas, al ámbito de la Procuración General de la Nación, hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó, a quien los opositores acusan de responder a la Casa Rosada. La reforma, además, transparentaría los gastos de la AFI, salvo aquellos destinados a tareas de Inteligencia y fijará nuevos límites para la realización de investigaciones.