La reforma procesal penal habilitaría a Gils Carbó a repartir causas sin sorteo

A las controversias que generó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que presentó la Presidenta el martes pasado, en especial por la expulsión de los extranjeros que cometen delitos en el país, se suma ahora un artículo que habilitaría a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a saltearse el sistema de sorteo para asignar las investigaciones y repartir, según sus deseos, las existentes.

El artículo que encendió la alarma es el número 34 del anexo II, que señala: "Facúltase al procurador general de la Nación y al defensor general de la Nación a disponer lo concerniente a la forma en que se hará la asignación de nuevas causas a las fiscalías y defensorías creadas en esta ley, como así también la distribución de las existentes".

Según advirtieron abogados y fiscales a LA NACION, en caso de aprobarse el proyecto y mantenerse esa redacción, la procuradora identificada con el kirchnerismo podría redistribuir los casos en trámite según su deseo, direccionando las causas ligadas a fiscales de su confianza, incluso las referentes a casos anteriores.

Actualmente, cuando una causa ingresa a los tribunales se sortea entre los juzgados que tienen un turno previamente asignado con las diversas fiscalías. De este modo es aleatoria la designación del fiscal que interviene en cada caso.

El fiscal de la Cámara Criminal y Correccional, Ricardo Sáenz, se mostró crítico "con un código acusatorio que da tanto poder a los fiscales". Dijo que "uno de los requisitos fundamentales es que el fiscal sea independiente, que se lo nombre de acuerdo a la ley y no ad hoc, porque ésa es la garantía para el ciudadano".

Sobre el artículo en particular, Sáenz indicó: "No comparto lo que dice, porque así como se exige que el juez sea designado antes del hecho, también debería ser de la misma forma con el fiscal. Manipular de esta forma la designación de fiscales me parece muy peligroso". Y advirtió que "no debería aplicarse a causas anteriores. El código mismo lo dice; que debe ser para causas que se produzcan con posterioridad".

Por su parte, el doctor Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, consideró como "muy grave" el poder que adquieren los fiscales sobre las causas. "Esto tiene que ir a bolillero, no dar la posibilidad de que alguien meta el dedo intencionalmente. Le da un poder demasiado grande a los fiscales para decidir qué causa se sigue y descartar otras", afirmó.

Rizzo manifestó que, si bien el sistema acusatorio "es correcto", le parece extraño el momento elegido para impulsarlo. "Justo ahora, cuando se pueden abrir causas a funcionarios por corrupción, a 13 meses de terminar un mandato. Da la sensación de que buscan impunidad y no ayudar a la gente", observó.

En otra línea, el fiscal de la Casación y miembro de Justicia Legítima, Javier De Luca, desestimó las opiniones de sus colegas y afirmó que "ningún sistema acusatorio puede funcionar con un fiscal natural". Y señaló que "ni en la Ciudad de Buenos Aires funciona así".

Además, cargó contra los fiscales que critican el código "por intereses". Apuntó que "ésta es una discusión que recién empieza, hay que estar tranquilos. El proyecto de reforma es un código muy conservador, muy tradicional".