"La resolución es constitucional"

Adrián Ventura
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18 de diciembre de 2009  

El juez en lo civil y comercial federal Edmundo Carbone tiene competencia para dictar un fallo en contra de la ley de medios; su sentencia se ajusta a la Constitución y el fallo es una fuerte defensa del derecho de propiedad.

Eso surge no sólo del fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal, que determinó que el juez era competente para pronunciarse, sino también de la opinión de destacados especialistas. El problema que descolocó al Gobierno es que encontró un juez dispuesto a hacer valer la Constitución nacional.

Carbone tiene más de 30 años en la Justicia y es uno de los jueces más serios y experimentados del fuero. A pesar de ello, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak, lo atacaron duramente.

Fernández dijo que Carbone "no tiene competencia para poder hacer este tipo de acciones". Olvidó que fue un fallo de la citada cámara la que determinó que Carbone sí debía pronunciarse sobre el asunto. El abogado Ezequiel Cassagne explicó: "Carbone no tenía que resolver un problema de derecho administrativo, sino la aplicación o no de una ley. Resolvió que una ley no puede aplicarse retroactivamente, y citó el artículo 3 del Código Civil. Es decir, aplicó derecho privado".

"La resolución de Carbone es absolutamente constitucioanal. Desde el mismo momento en que comenzó a debatirse la ley, quedó en claro que contenía varias irregularidades y arbitrariedades. Era natural que un juez saliera a señalarlas. La medida cautelar de Carbone defiende sobre el derecho de propiedad", dijo el constitucionalista Gregorio Badeni.

Inversiones

La resolución, en rigor, no tiene nada de extraño. Es una medida cautelar que pone entre paréntesis la constitucionalidad de dos artículos de la ley de medios, el 41 y el 161, sobre cuya constitucionalidad siempre hubo dudas desde la misma sanción de la ley. Y, precisamente, la validez del artículo 161 fue uno de los temas más objetados por la oposición.

Henoch Aguiar, especialista en derecho de telecomunicaciones y medios audiovisuales, explicó que el Congreso "puede establecer que los grupos de medios no puedan superar un número máximo de 10, 20 o 30 licencias. Eso no es cuestionable. Lo que no puede hacer el Parlamento, y en esto sí es inconstitucional, es sancionar una norma que afecta retroactivamente la duración de las licencias ya otorgadas. La ley no puede violar los derechos adquiridos por licenciatarios que gozan de un plazo y una prórroga".

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