La "ruta del dinero" cordobés podría sumarse a la investigación por los cuadernos de las coimas

CÓRDOBA.- Una nueva pista de la investigación sobre los cuadernos de las coimas podría abrirse si el juez Claudio Bonadio recibiera el relato del "arrepentido" cordobés Miguel Vera, que, en el contexto de la causa de la financiera CBI, relató el mecanismo que usaba el kirchnerismo para blanquear dinero en la provincia.

El pedido para remitir la declaración fue realizado por el abogado Manuel De Allende ante la Procuraduría General de la Nación en el marco de un pedido de remoción del fiscal federal Enrique Senestrari por entender que tuvo "mal desempeño" y "falta de objetividad" en la investigación de CBI que el mes próximo irá a juicio.

Vera contó el mecanismo diseñado para "monetizar" cheques: armaron dos empresas fantasma bajo la figura de comercializadoras de diarios y revistas, lograron exenciones fiscales y, así, abrieron dos cuentas bancarias desgravadas. En el Banco Nación sucursal Plaza San Martín de Córdoba ingresaron $715,9 millones.

El fiscal desmembró la causa principal de CBI (lo que en su momento le valió el reproche de la Cámara Federal por la "atomización") y en una imputó a tres funcionarios del Banco Nación de la sucursal cordobesa. No avanzó más allá.

CBI operó desde 2008 hasta 2014; manejó fondos de reconocidos empresarios y políticos. Además de comprar y vender cheques, funcionaba como caja de valores. En febrero de 2014, su vicepresidente, Jorge Suau, fue encontrado muerto en su auto con una carta (supuestamente escrita por él) titulada "ruta del dinero", donde mencionaba una serie de nombres, entre los que está el de Vera y también el de los otros ideólogos del mecanismo de lavado. Hay aspectos de la investigación que al menos llaman la atención. Por ejemplo, el fiscal nunca pidió conocer el contenido de una caja de seguridad a nombre de "Somos Cristina" que aparece en un listado a su disposición y otra de Eduardo Accastello -exintendente de Villa María y por entonces candidato a gobernador del kirchnerismo-, mencionado desde el inicio de la investigación. Senestrari es, además, fiscal electoral.

Por las varias denuncias recibidas contra el fiscal (también por fuera de la causa CBI), la Procuraduría General de la Nación ordenó una auditoría; Eduardo Casal, titular del organismo, sigue el tema y espera los informes de una semana de trabajo de los auditores en el Tribunal Federal de Córdoba.

"Todavía no presenté mi descargo; es mucha información para procesar y tengo plazo para hacerlo", dijo Senestrari a LA NACION.

En mayo de 2015, el juez Ricardo Bustos Fierro -separado por cuestiones formales de la causa- planteó ante la Cámara Federal cuestionamientos a la investigación. En primer lugar, la negativa a allanar dos sedes en donde funcionaba CBI en el inicio de la investigación. En segundo término, la falta de análisis de una serie de cajas de ahorro que fueron vaciadas sin que la Justicia supiera nunca qué había adentro.

Y por último Bustos Fierro cuestionó que ante la aparición de movimientos sospechosos en cuentas del Banco Nación vinculadas a financieras "el fiscal en vez de orientar la pesquisa en dirección a la ruta del dinero, realizando un estudio sobre las cuentas bancarias y estas dos mesas de dinero más, dispuso desviar -una vez más- la investigación". Senestrari sostiene que esas observaciones fueron "desestimadas" por la Cámara.

Bonadio rechazó compartir las declaraciones

El juez federal Claudio Bonadio rechazó compartir las declaraciones que varios de los arrepentidos hicieron en la causa de los cuadernos para ser utilizadas en otras investigaciones de corrupción. La respuesta de Bonadio se efectivizó por escrito a varios jueces federales y de otros fueros que le habían solicitado poder acceder a las declaraciones de varios arrepentidos. Uno de los jueces que pidieron acceder a las declaraciones fue Sebastián Casanello, que investiga al extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y al empresario Aldo Roggio en el caso Odebrecht, y Marcelo Martínez de Giorgi, quien también tiene en la mira a la gigante constructora brasileña por supuesto pago de sobornos y sobreprecios en la obra del soterramiento del Sarmiento.