La seguridad estará esta vez en manos del gobierno de la ciudad

Cuatro días después de los violentos incidentes dentro y fuera del Congreso que obligaron a levantar la sesión del jueves en la Cámara de Diputados, el gobierno de Mauricio Macri volverá a intentar hoy convertir en ley la reforma previsional con el apoyo de varios gobernadores opositores. A la vez, buscará evitar que se desmadren los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y sectores opositores que estarán otra vez en la calle para impedir el avance del proyecto.

Para lograr ese doble objetivo, la Casa Rosada decidió modificar el criticado esquema de seguridad planteado en las calles que rodean el Palacio Legislativo. Ya no serán las fuerzas federales -la Gendarmería, la Policía Federal y hasta la Policía de Seguridad Aeroportuaria- las encargadas del operativo, sino la Policía de la Ciudad, que coordina el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo.

"Vamos a garantizar que se puedan ejercer los dos derechos: que los diputados puedan sesionat y que la gente se pueda manifestar", precisó anoche Ocampo a LA NACION.

En el Gobierno, sin embargo, persiste el temor de que se produzcan desórdenes.

"La responsabilidad máxima va a ser de la policía de la ciudad. Habrá colaboración de la Policía Federal y algo de la Gendarmería", confirmaron ayer a LA NACION voceros de la Casa Rosada. En Balcarce 50, y a pesar de las críticas de la diputada Elisa Carrió, respaldaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que "evitó la toma del Congreso por parte de grupos violentos", según afirmó el jefe de Gabinete, Macos Peña. "Les pedimos a los violentos que no vayan al Congreso", agregó el jefe de los ministros.

Mientras defendían a Bullrich, en el Gobierno recordaron que el Ministerio de Seguridad coordinó las fuerzas de seguridad el jueves "en el marco del operativo planificado para la reunión de la OMC en Buenos Aires". La ministra aclaró en un comunicado que "terminada la misión exitosa de la OMC se vuelve a la normalidad operativa y la ciudad asume su responsabilidad primaria sobre su jurisdicción".

El jueves pasado, 900 gendarmes estuvieron a la cabeza del operativo y fueron quienes, en su mayoría, recurrieron al gas lacrimógeno y las balas de goma contra los grupos del kirchnerismo y de la izquierda que encabezaban las protestas. La policía porteña aportó entonces 300 efectivos para colaborar con la prevención de ataques al Congreso y la Casa Rosada.

Cerca del Ministerio de Justicia porteño ratificaron ayer que la ciudad tendrá la responsabilidad "de las vallas hacia adentro" del Congreso. Las fuerzas federales trabajarán divididas: algunos colaborarán en las adyacencias del Congreso, mientras que el grueso estará en los principales accesos a la Capital, que los movimientos sociales amenazan con cortar desde las 8.

"Nunca actuamos sin hacer prevención, y no esperamos cortes totales", afirmaron a LA NACION desde el Ministerio de Seguridad. La Policía Federal y la Prefectura estarán entonces en el Puente Pueyrredón, mientras que la Gendarmería tendrá a su cargo la circulación de la ruta Panamericana y la autopista Riccheri y la Policía de la Ciudad se encargará de la General Paz.

Más allá de los recaudos, las perspectivas en relación con la jornada de hoy no son las mejores. "Estamos discutiendo si vamos a poder sesionar o no. Tenemos el número para hacerlo, pero hay diputados que creen que las leyes se ganan o se pierden en la calle", afirmó un importante vocero del Gobierno.

La referencia del funcionario fue hacia la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), una de las más activas durante los violentos cuestionamientos al titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, que desembocaron en la suspensión de la sesión.

"Creo que lo de mañana [por hoy] va a ser más violento que lo del jueves. Ya probaron que rompiendo todo suspenden la sesión, y por el paro la calle va a ser de ellos", reflexionó, preocupado, un funcionario del gobierno nacional.