La Sigen contradijo a Aníbal Fernández por el convenio del hockey: afirmó que tuvo la “responsabilidad final”

Aníbal Fernández, comprometido por un convenio firmado durante su gestión
Aníbal Fernández, comprometido por un convenio firmado durante su gestión Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia
"Está todo auditado por la Sigen de este Gobierno", se había defendido el ex Jefe de gabinete de Cristina Kirchner
Maia Jastreblansky
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28 de mayo de 2016  • 00:24

"Está todo auditado por la Sigen de este Gobierno", se defendió Aníbal Fernández sobre el polémico convenio entre la jefatura de Gabinete y la Confederación Argentina de Hockey (CAH) que lo encontró, en un mismo día, "de los dos lados del mostrador". Sin embargo, la auditoría de ese organismo de control, lejos de ayudarlo a salir de su encrucijada, lo complicó más.

LA NACION reveló que la CAH, presidida por Aníbal Fernández, recibió $56 millones de fondos públicos de la jefatura de Gabinete al mismo tiempo que el quilmeño comandaba esa cartera. El propósito del subsidio era la instalación de canchas de hockey "en cada provincia del país". Aunque ya se pagaron 46 alfombras de césped sintético, al momento sólo hay cinco predios habilitados para jugar.

"La operatoria de transferencia de fondos por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros se desarrolló en el marco de un débil control interno, adoleciendo de serias falencias", señaló el informe de la Sigen. Según el organismo de control, el ex jefe de Gabinete y actual presidente de la CAH fue el responsable por el trámite del acuerdo con el hockey y por sus resultados.

Aníbal Fernández fue imputado ayer por el fiscal federal Eduardo Taiano y solicitó una serie de medidas de prueba al juez federal Julián Ercolini. La Oficina Anticorrupción, que radicó la denuncia, se disponía a adjuntar el informe de la Sigen al expediente judicial.

"La misma persona"

El controvertido convenio se firmó el 26 de febrero de 2015. Ese día, por la mañana, el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , firmó el contrato por el Gobierno, mientras que Aníbal Fernández figuraba representando al hockey. Esa misma tarde, el quilmeño juró en Casa Rosada para asumir en la misma cartera que había subsidiado a la CAH.

Aníbal aseguró no haber incurrido en ninguna incompatibilidad. "Yo no firmé", argumentó en alusión a que, al pie del convenio, fue el secretario de la CAH, Mario Galliano, quien garabateó el documento. Para la Sigen, sin embargo, los roles fueron claros. "La responsabilidad final de quien rinde y quien controla recae en la misma persona. Esto es así ya que el titular de la CAH era el Jefe de Gabinete de Ministros", señala la auditoría.

El organismo también alertó por la falta de resultados. "No se ha podido constatar si efectivamente las canchas han sido construidas, no hay forma de certificar cantidad de canchas, ni lugares en donde se han realizado", señaló el informe. La jefatura de Gabinete ya pagó el año pasado 46 alfombras de césped sintético a la empresa Commercial Carpets SA (Forbex). Unas cuarenta carpetas todavía están apiladas o enrolladas en un galpón de esa firma, según pudo constatar LA NACION en el lugar.

El 9 de abril de 2015 la CAH cedió todos los derechos del convenio a la empresa constructora de las canchas. De esta manera, los fondos que entregó la jefatura de Gabinete fueron derivados, a través de transferencias bancarias, a Forbex, que el año pasado facturó todas las alfombras. Los comprobantes muestran un precio unitario de $1.217.391 que incluye $1.165.019 por el valor de la alfombra y $53.371 para viáticos.

La Sigen consideró que "es probable que el convenio haya sido el instrumento necesario para eludir un procedimiento de contratación que, debido el monto, se tendría que haber efectuado por licitación pública".

La auditoría de la Sigen abarca a los convenios y subsidios que otorgó la jefatura de Gabinete en el 2015, es decir, controló las gestiones que tuvieron Jorge Capitanich en los dos primeros meses del año pasado y la de Aníbal Fernández del 26 de febrero en adelante. Y remarcó serias advertencias. Entre otros puntos, recomendó "iniciar los sumarios administrativos que correspondan" para determinar "la existencia de un posible perjuicio fiscal para el Estado Nacional".

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