La SIP respaldó a periodistas argentinos

Transmitió su apoyo a Santoro y exigió el respeto a la confidencialidad de las fuentes
Transmitió su apoyo a Santoro y exigió el respeto a la confidencialidad de las fuentes
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13 de marzo de 2019  

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) transmitió su respaldo a los periodistas argentinos que fueron involucrados por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en una investigación judicial y reclamó el respeto a la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

En un pronunciamiento suscripto con varias organizaciones defensoras de la libertad de prensa, recordó que el juez Ramos Padilla involucró a los periodistas Daniel Santoro, Rodrigo Alegre, Eduardo Feinman y Rolando Graña en un "presunto plan de extorsión o maniobras de inteligencia ilegal, en el marco de una causa en la cual se investiga por esos mismos delitos a Marcelo D'Alessio".

Señalan que los periodistas realizaron diferentes entrevistas en diciembre pasado al exdirector de Pdvsa Argentina Gonzalo Brusa Dovat, y el magistrado sospecha que "las mismas formaron parte de una trama extorsiva, ya que el contacto entre el entrevistado y los periodistas fue establecido a través de D'Alessio, imputado por Ramos Padilla por el delito de extorsión, en una causa en la que, además, aparece como imputado el fiscal federal Carlos Stornelli".

"El accionar del juez -prosigue la SIP- configura un grave intento de criminalizar las entrevistas y el secreto profesional de los periodistas, amparado en la Constitución argentina. Entre los periodistas afectados por la resolución judicial, figura el prestigioso periodista Daniel Santoro, autor de investigaciones premiadas en la región y en el mundo".

La SIP precisa que "en el ejercicio profesional, los periodistas realizan entrevistas a diversas fuentes, manteniendo con estas contactos permanentes, sea a través de reuniones privadas, llamados telefónicos, correos electrónicos o intercambio de mensajes. Todo este proceso no implica un delito o la participación de los colegas en un mecanismo extorsivo, tal como sugiere la resolución citada. Se trata, por el contrario, de una práctica profesional que el propio magistrado reconoce y dice respetar, pero que estaría criminalizando en su resolución".

Afirman las entidades que "los periodistas nunca pueden ni deben ser confundidos con sus fuentes, como tampoco la realización de entrevistas pueden ser entendidas como un acto criminal".

Firman la declaración, además de la SIP, la Asociación Brasileña de Periodistas de Investigación, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios de Ecuador, y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica, entre otras entidades.

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