La UIF y la OA pidieron elevar a juicio la causa de los cuadernos

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), que actúan como querellantes en la causa de los cuadernos a cargo del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, pidieron la elevación a juicio del tramo inicial del expediente, donde hay 47 exfuncionarios del Estado y empresarios imputados.

Las partes querellantes no plantearon grandes diferencias con lo que requirió el fiscal. Después de que Bonadio consideró finalizada la instrucción de la causa, Stornelli había formulado su requerimiento de elevación a juicio la semana pasada, y ahora resta, en lo que refiere a este tramo del expediente -donde se investiga una asociación ilícita dedicada a la recaudación de dinero de parte de empresas contratistas del Estado-, que el juez ordene su elevación a juicio oral y público.

Según la presentación formulada por la UIF y presentada ante el juzgado de Bonadio, "logró acreditarse la existencia de una asociación de carácter estable destinada a cometer una diversidad de planes criminales, con el claro objetivo de lograr un importante provecho económico".

"Esta asociación ilícita -se indica en el escrito de la UIF- desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, aprovechando la posición de poder que ocupaban como responsables del Poder Ejecutivo Nacional".

Según el organismo conducido por Mariano Federici funcionó un esquema "permanente, dinámico, aceitado", al cual cada parte fue brindando su aporte según el rol desempeñado. "funcionaba de manera que para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas –UTE- entregaba un porcentaje de lo que el Estado Nacional le pagaba, a los funcionarios designados para recibir esos retornos o coimas", se indicó-

La UIF ratificó la hipótesis de que los fondos recaudados a través de este esquema fueron, en parte, direccionados al exterior a través de las maniobras de lavado de activos entonces dirigidas por Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.

Sobre ese punto, indicaron: "Lo relevante allí es que justamente el punto de partida de las maniobras de lavado lo constituye Muñoz, quien acuerdo a las constancias de la presente causa, en cuanto al sistema de recaudación ilegal, era uno de los que concentraba la misma, recibiéndola en el domicilio de los jefes de la organización. Para ser más explícitos: la prueba más contundente de la existencia indubitable de la asociación ilícita y la ejecución concreta de sus planes delictivos de cohecho es la existencia de los fondos que son consecuencia de los mismos, y eso se encuentra acreditado cabalmente en la causa "MUÑOZ"".