La última audiencia en la Corte, cuando puso en aprietos al Gobierno y a Clarín

El fallo de hoy de la Corte Suprema de Justicia por la ley de medios comenzó a debatirse entre los jueces hace dos meses, al instante posterior de que los magistrados dieron por concluida la última audiencia pública, donde interrogaron a los representantes del Gobierno y de Clarín.

La audiencia del 29 de agosto se había iniciado un día antes con la exposición de los amicus curiae (amigos del tribunal) de cada parte. En la última jornada, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, interrogó exhaustivamente a los abogados de la Casa Rosada y del grupo mediático con preguntas consensuadas con sus colegas.

En esa instancia, el Gobierno reconoció que para el Estado las licencias de radiodifusión son tan sólo "privilegios" que otorga el Estado y que puede revocar en cualquier momento. Por su lado, Clarín defendió el derecho que tiene sobre las licencias adquiridas con anterioridad y aseguró que la Casa Rosada quiere cercenar la libertad de expresión.

Un decreto de 2005 extendió por 10 años las licencias del multimedio. Para el Estado, eso no entra en colisión con la ley de medios, que pretende la caducidad de esas licencias. Pero para el Grupo Clarín sí muestra una actuación incoherente del Estado, porque a raíz de ello el multimedio hizo grandes inversiones y, ahora, corre el riesgo de perderlas.

Hubo más de cincuenta preguntas. Las primeras dieciséis estuvieron dirigidas a los abogados del Grupo Clarín: Damián Cassino y los constitucionalistas Alejandro Carrió y María Angélica Gelli, que estaban acompañados por el economista Carlos Winograd, Carlos Moltini (presidente de Cablevisión) y Martín Etchevers, gerente de Comunicación.

La postura de Clarín

Las exposiciones dejaron muy clara la línea argumental del Grupo Clarín:

-Desguazar al Grupo Clarín es afectar su derecho a expresarse y el derecho de la gente a elegir qué programas quiere ver.

-La ley proclama que busca más pluralismo, pero el Gobierno no probó que desarmar al Grupo Clarín lleve a ese resultado.

-El derecho internacional prohíbe que se sancionen leyes antimonopólicas que sean dictadas específicamente contra empresas de medios.

-El Grupo Clarín necesita desarrollar una economía de escala para ser sustentable, abaratar costos y, fundamentalmente, ser independiente del Gobierno de turno.

-El Grupo Clarín no es monopólico, sino que sus ocho radios compiten con otras 17.000 en todo el país; su Canal 13 compite con otros cuatro canales de aire, y Cablevisión se reparte el mercado con DirecTV y muchos operadores locales de cable. El multimedio, a pesar de su tamaño, no pone barreras de entrada a otros competidores.

-Los límites que la ley de medios establece a los cableoperadores para que no sobrepasen las 24 localidades o el 35 por ciento de los abonados no tiene sustento técnico. Además, si Cablevisión sólo pudiese brindar TV paga en ese número de ciudades, los ingresos por abono que allí se recauden no alcanzarían para financiar el servicio de Internet que por esa red brinda en todo el país.

La exposición del Gobierno

Después, fue el turno del Gobierno, que tuvo 36 preguntas. Graciana Peñaflor, una funcionaria del ex titular del Comfer, Gabriel Mariotto, fue la mejor carta para exponer los argumentos del Gobierno:

-Los letrados de la Afsca sostuvieron que durante la vigencia de la nueva ley el organismo otorgó más de 600 licencias a nuevos operadores. En el alegato final, Cassino, de Clarín, aprovechó ese dato para preguntarse: "Si es así, entonces para qué quiere las licencias del Grupo Clarín", dijo Cassino.

-La Afsca también defendió por qué considera conveniente que quienes explotan una licencia de TV abierta no puedan ser titulares del registro de más de una señal de contenido: "Se trató de poner barreras a la acumulación en términos concentrados, en propiedad cruzada y en integración vertical. La intención es evitar que quien produce la señal y las distribuye privilegie sus señales y decida no incluir a las de la competencia", dijo Peñaflor.

-Peñaflor también afirmó que el multimedio, "por la magnitud que tiene, genera barreras a la entrada de competidores, marca precios y condiciones de competencia e hizo prácticas predatorias".

Pero los abogados del Estado no supieron explicar por qué es razonable el límite de 24 localidades o 35 por ciento de abonados. Peñaflor tan sólo sostuvo que hay empresas que llegando al 25 por ciento de abonados son sustentables. Más tarde, Carrió (Grupo Clarín) argumentó: "Esos límites son arbitrarios", a lo que Winograd agregó: "Si el límite es el 35 por ciento, ¿para qué querrá entonces un medio hacer inversiones?".