La violencia sindical pone en alerta a Vaca Muerta

No fue una episodio aislado ni una bala aventurera, como se especuló inicialmente. Fue un tiroteo en el corazón de Vaca Muerta , en el que no hubo muertos solo de milagro. El enfrentamiento hace dos semanas entre dos sectores de la seccional neuquina del gremio de la Uocra en el yacimiento Sierras Blancas, que opera Shell, pasó casi inadvertido, aunque alertó a la Casa Rosada porque teme que se siembren la violencia y el terror en la tierra que es hoy más fértil para atraer inversiones.

"A los inversores, que están fuera del país, no solo les preocupa, sino que se espantan con hechos como estos", afirma Guillermo Pereyra, uno de los sindicalistas petroleros más poderosos e influyentes en el inmenso reservorio de gas y petróleo no convencionales que es considerado una mina de oro.

Cada tanto, los sindicatos caen en un mundo subterráneo en el que los asuntos se dirimen por la fuerza. En algunos episodios violentos recientes suele estar involucrada la Uocra, el gremio de los obreros de la construcción que a nivel nacional lidera Gerardo Martínez y que cuenta con unos 260.000 afiliados.

Detrás del tiroteo en Sierras Blancas se distingue una pelea entre dos sectores por el control del territorio, la representación de unos 500 trabajadores y la posibilidad de acceder a la distribución de más empleos a partir del progreso del yacimiento. Martínez, a través de un comunicado, desligó de inmediato al gremio de cualquier responsabilidad y habló de marginales, no de una interna de trabajadores. Y reclamó celeridad a la Justicia para esclarecer los hechos.

Desde antes de la balacera, la seccional neuquina de la Uocra está intervenida desde Buenos Aires. Gerardo Martínez ubicó allí a Víctor Carcar, cuya gestión es resistida por un grupo rebelde que tomó por un día la sede central del gremio tras el cruce a tiros en el yacimiento. Por el enfrentamiento, hasta el momento, hay cuatro detenidos, según precisó el diario local La Mañana de Neuquén. Entre los apresados está el dirigente Juan Carlos Levi, uno de los dirigentes que oficiaron de anfitriones de Mauricio Macri en su visita al yacimiento el 3 de mayo último. Levi pulsea con Juan Godoy, un dirigente que no pertenecería a la Uocra y que tendría un largo historial en incidentes similares, por la representación de un numeroso grupo de albañiles. A ambos los une el deseo de desplazar a Carcar, el hombre de confianza de Gerardo Martínez.

Carcar suscribió el año pasado el acuerdo para reducir la conflictividad en Vaca Muerta con el fin de evitar una caída en la productividad. El trato fue sellado por el gobierno neuquino y los gremios petroleros, sobre todo el de Pereyra, uno de los interlocutores sindicales que prioriza Macri y al que subió más de una vez a los viajes oficiales por el exterior. Les faltó convencer a los sindicalistas petroleros Claudio Vidal (Santa Cruz) y Jorge Ávila (Chubut), ambos de un perfil más combativo que Pereyra.

Hasta antes del tiroteo, en el corazón de Vaca Muerta, a los empresarios y sindicalistas los reunía un tema dominante: la reducción de los accidentes laborales. La estadística los obligó a un replanteo: hubo ocho muertes en 14 meses, según un relevamiento de los gremios que tienen injerencia en el yacimiento. La batalla de los albañiles postergó ahora ese debate.

Desde la Uocra vincularon el episodio a una pelea interna del Movimiento Popular Neuquino (MPN), la fuerza política hegemónica en la provincia y a la que pertenece Pereyra como actual senador nacional y candidato a renovar su banca. "El MPN no tiene internas", dice el legislador desestimando esa hipótesis. Ernesto Seguel, subsecretario de Trabajo del gobernador Omar Gutiérrez, evitó definiciones sobre el caso de la Uocra ante las reiteradas consultas de LA NACION. La violencia sindical, y no solo en el caso de la Uocra, preocupan al gobierno provincial, que ató su progreso a la suerte de Vaca Muerta. Por ahora, consideran en el oficialismo neuquino, es mejor el silencio. Aunque resulte sugestivo.

Pereyra avivó la preocupación de los empresarios y de los gobiernos nacional y provincial al dar detalles de la pelea de los obreros de la construcción. "No son orgánicamente de la Uocra, son delincuentes que piden coimas a las empresas. Se están peleando por el territorio y pasan la gorra todos los meses", revela el senador.

La recaudación paralela en las seccionales de la Uocra no es algo nuevo. Lo ejecutó a la perfección Juan Pablo "Pata" Medina en La Plata, solo como el ejemplo más contundente.

Las razones de este modus operandi se remontan a los 90. Cuando Martínez tomó el control de la Uocra, en 1991, modificó el sistema de recaudación ante la delicada situación económica de algunas de las seccionales. Desde entonces, la administración central absorbe de manera automática el cobro de la cuota sindical de los afiliados (el 2,5% del salario) y luego les transfiere los fondos a las seccionales para afrontar sueldos, gastos corrientes y mantenimiento.

La medida no fue aceptada por igual por los jefes de las seccionales. En la mayoría de los casos generó disciplinamiento y verticalismo, pero en otros, como ocurrió con el Pata Medina, los empujó a convertirse en opositores y, a veces, a buscar sus propias formas de recaudación. Los díscolos son una minoría entre las 54 seccionales.

En la sede central de la Uocra evitan trazar un paralelismo entre lo que fue el reinado del Pata Medina y lo que sucedió en Vaca Muerta. Gerardo Martínez alerta sobre el impacto de la droga en el ámbito laboral. Habló alguna vez de "dealers" y "carteles en las grandes obras". Y hasta apeló como ejemplo a los delegados de Atucha, que comercializaban droga. Para el sindicalista algo de eso también esconde la feroz pelea entre las facciones neuquinas.

El año pasado, el Gobierno, un sector de la oposición peronista y los gremios de la energía avanzaron en un novedoso proyecto de ley para declarar Vaca Muerta una política de Estado. La iniciativa tiene tres ejes: desarrollo, productividad y competitividad, y abarca a toda la actividad petrolera del país. El proyecto está frenado en el Congreso a pesar del aval de legisladores y gobernadores.

Pero de aquella iniciativa surgida desde la Confederación de Trabajadores de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda) se desprende una novedad en los convulsionados tiempos electorales. Por el Gobierno, habían dado el visto bueno Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, mientras que por la oposición lo había hecho Miguel Ángel Pichetto, hoy candidato a vicepresidente del macrismo. Un dato más: Hugo Moyano es parte de la Catheda por el rol de los camioneros en la distribución del combustible, aunque de esta negociación fue marginado. Entre el revuelo político, Vaca Muerta espera un escenario de mayor certeza.