La investigación por los crímenes de la Triple A. La viuda de Perón pidió que no la extraditen

La ex presidenta se ampara en su ciudadanía española

15 de Abril de 2008

MADRID (EFE).- La defensa de la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón alegó ayer ante la Audiencia Nacional que la justicia argentina no puede juzgarla porque es una ciudadana española y porque, además, su estado de salud es precario. La ex mandataria es reclamada por la justicia argentina en dos causas que investigan asesinatos políticos durante su gobierno.

Durante la vista celebrada ayer en la Audiencia Nacional para estudiar la extradición a su país, la defensa de María Estela Martínez de Perón se opuso a la entrega de la ex presidenta a la Argentina, por considerar que este país no tiene jurisdicción para encausarla, según informaron fuentes judiciales.

El otro argumento en contra de la extradición fue que se trata de una persona de avanzada edad (77 años) y que su estado de salud desaconseja un traslado a la Argentina, añadieron las fuentes.

La ex presidenta, que no quiso hacer declaraciones a los periodistas, salió caminando de la sede de la Audiencia Nacional después de comparecer ante la sección segunda de la Sala Penal de este tribunal, que preside el juez Fernando García-Nicolás y que se pronunciará sobre la extradición en el plazo de una semana.

Posición de la fiscalía

El fiscal de la causa, Pedro Rovira, se declaró a favor de que la ex presidenta argentina sea juzgada en su país, donde la Justicia ha emitido dos peticiones paralelas de extradición. Una de ellas responde a una solicitud del juez Héctor Acosta, de la provincia de Mendoza, quien acusa a la ex presidenta de la desaparición del militante político Héctor Fagetti y de la detención y torturas de Jorge Valentín Betón en 1976.

El magistrado considera que estos hechos fueron avalados por tres decretos firmados en 1975 por el gobierno de la viuda de Perón que habilitaron a las fuerzas de seguridad a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" de izquierda.

En la causa por la desaparición de Fagetti, quien fue visto por última vez el 10 de marzo de 1976, poco antes del golpe de Estado que derrocó a la entonces presidenta, también están involucrados otros miembros del gabinete de Martínez de Perón.

La solicitud de Acosta derivó en la detención de María Estela Martínez de Perón el 12 de enero de 2007 en su domicilio de Villanueva de la Cañada (cerca de Madrid), donde reside desde 1981, por orden del juez Juan del Olmo, quien decretó la libertad provisional para la ex mandataria.

Dos semanas después, Del Olmo comunicó a María Estela Martínez de Perón la segunda orden de detención librada contra ella en su país, relacionada con su presunta responsabilidad en los crímenes de la Triple A, que investiga el juez Norberto Oyarbide.

Oyarbide investiga las actividades de la Alianza Anticomunista Argentina, a la que se le atribuyen 1500 atentados y asesinatos de opositores y militantes de izquierda entre 1973 y 1975.

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