Detrás del discurso. Las cautelares para todos, en el centro del debate

• "Para los invisibles y los pobres no hay ni cautelares, ni inconstitucionalidades, ni nada"
  
  (Cristina Kirchner, presidenta de la Nación)

Falso

En una semana en la que el llamado Lázarogate revelado en el programa de Jorge Lanata, el avance del Gobierno en el Senado con la reforma judicial y la movilización del 18A estuvieron en el centro del debate público, la Presidenta dijo:"Es que para los invisibles y los pobres no hay ni cautelares, ni inconstitucionalidades, ni nada".

Durante el acto en el que presentó la llamada ley de régimen de empleadas domésticas también señaló: "Por eso digo que es tan necesaria una reforma en la Justicia para que garantice verdaderamente los derechos de todos los ciudadanos, no sólo de aquellos solamente que tienen presión de lobby o que pueden tener la plata para juntarse, [o] contratar un buen estudio de abogados". En los considerandos del texto original de la ley que regula las medidas cautelares no se hace mención a este asunto.

La Presidenta afirmó que las medidas cautelares serían un mecanismo judicial sólo utilizado por los ciudadanos con recursos. Sin embargo, existen muchísimos antecedentes de personas y grupos en situación de vulnerabilidad que demuestran lo contrario. Por otra parte, los especialistas consultados destacan que el problema no es la denegación de estas medidas a parte de la población, si no la falta de acceso a la Justicia, algo que la ley que obtuvo media sanción del Senado no resuelve.

"Hay miles de cautelares obtenidas por ciudadanos que ven violados sus derechos, en todas las jurisdicciones, en todos los fueros, desde el tribunal más básico de cualquier provincia hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)", recordó a Chequeado.com Gustavo Maurino, co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informa que se utilizaron cautelares "para asegurar el acceso a la educación de migrantes, la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas, la suspensión de normas limitantes en forma inconstitucional de la libertad personal o la suspensión de actos administrativos de expulsión de migrantes".

Y, además, puntualiza el caso de la ESMA, "que podría haber sido derribada"; el PAMI, organismo que en los ’90 corrió el riesgo de ser privatizado, y "la suspensión de los efectos de la reforma del sistema de excarcelaciones bonaerense".

"Cuando se dice que no hay cautelares para los pobres, en realidad habría que decir que lo que no hay es acceso a la Justicia. Lo que hace falta es un adecuado sistema de defensa pública para las personas de más bajos recursos", explicó Maurino. "No hay recursos fácilmente disponibles que puedan utilizar, como el acceso a abogados, a información legal o a procedimientos baratos, rápidos y cercanos", agregó.

En la misma línea, Martín Böhmer, profesor de Derecho de la Universidad de San Andrés, destacó que "existen gran cantidad de medidas para avanzar en el acercamiento de la Justicia a las clases desprotegidas, como las juntas vecinales, una Justicia móvil para las poblaciones lejanas u obligaciones para que los Colegios de Abogados faciliten sus servicios jurídicos".

El proyecto definitivo que obtuvo media sanción del Senado incorporó dos modificaciones al texto original: una establece que los jueces o tribunales incompetentes podrán dictar cautelares contra el Estado "cuando se trate de sectores socialmente vulnerables (…) y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental". En la segunda se resguarda el derecho de huelga de los trabajadores, quienes no podrán ser afectados por una cautelar del Estado.

Estas modificaciones están en línea con el pedido que realizó el CELS al exponer en el Senado; con un punto del proyecto de ley que presentó el espacio Justicia Legítima y otras ONGs para proteger los derechos de los más vulnerables. Sin embargo, ni en éste ni en los otros cinco proyectos presentados por el Ejecutivo se trata el problema de acceso a la Justicia que plantean los especialistas.

En este sentido, una columna publicada por el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder, señala que las propuestas del Ejecutivo son "reformas menores que no solucionan ningún problema de fondo ni tampoco ponen en peligro la República".

Entre sus conclusiones, el abogado agrega que "en el camino quedaron grandes temas que no fueron encarados", como "las medidas de fortalecimiento de la Justicia de cercanía para facilitar el acceso a la Justicia, la reforma de la abogacía para generar una verdadera abogacía social, el reconocimiento de la justicia de los pueblos indígenas y la democratización interna del Poder Judicial cambiando las formas de gobierno interno".

@chequeado / @lauzommer

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