Las coimas y los pobres jubilados

Adrián Ventura
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5 de agosto de 2010  

La dificultad de la oposición para impulsar el 82 por ciento móvil en el Senado remite, en general, a la dificultad de la oposición para imponer sus proyectos y, en particular, condena a los jubilados a continuar buscando una solución en la Justicia.

La Cámara alta se convirtió en un obstáculo casi insalvable a la hora de sancionar cualquier ley, mientras que la oposición denunció públicamente que eso ocurre porque hay varios senadores infieles que siempre están dispuestos a dejarse tentar por prebendas y ofertas de oficiales.

Las prácticas que critica la oposición, en realidad, no son nuevas en la política. En 2000 se inició una causa por coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que fue elevada a juicio oral en 2009 -aunque todavía no se sustanció la audiencia ni hay condenas-. Para defenderse, 31 senadores oficialistas formularán hoy una autodenuncia, quizá con la expectativa de que el juez de turno evitará profundizar la investigación y ordenará rápidamente su archivo.

Hay un dato que llama la atención: hasta ayer, ningún fiscal había mostrado voluntad para abrir, de oficio, una pesquisa tan grave. Esto hubiera empujado a la Justicia a un terreno político y la enfrentaría con un gobierno que, todavía, no muestra señales de estar definitivamente debilitado. Los jueces y fiscales más políticos, que no abjuraron del oficialismo después de la derrota del 28 de junio del año pasado, no lo harán ahora. Todavía.

En cualquier caso, el tapón que pone el Senado a la sanción de las leyes no sólo perjudica a la oposición, sino que también obstaculiza el hallazgo de soluciones de diversos problemas, como, por ejemplo, la limitación a los excesos presidenciales por vía de decretos de necesidad y urgencia o el retraso de las jubilaciones.

Volvamos, entonces, a la cuestión jubilatoria: en 2007, la Corte dictó sentencia en el caso Badaro y, en 2008 y 2009, se presentaron más de 160.000 demandas. Actualmente, la justicia previsional está colapsada bajo 400.000 causas, con reclamos muy diversos que ni siquiera el nuevo proyecto de ley lograría satisfacer:

  • El reconocimiento del 82 por ciento móvil, pero no del mínimo vital, como establece el proyecto, sino del salario del trabajador en actividad. La Corte, en el caso Badaro, dijo que las jubilaciones deben mantener una proporción con el salario del trabajador en actividad.
  • El pago del reajuste del 88 por ciento, correspondiente al período 2002/2006, que la Corte reconoció en aquel caso y que la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social extendió hasta 2009 (caso Cirillo).
  • Planteos de inconstitucionalidad contra la ley 26.417 (2008), en la cual el Gobierno incluyó una fórmula de ajuste que no tiene relación con la evolución de los salarios.
  • "La litigiosidad es ficticia, porque si la Anses pagara las sentencias Badaro ya dictadas, se resolvería el problema, incluso sin ley", dice el camarista Luis Herrero. La Anses no muestra voluntad de pagar y el nuevo proyecto, tal vez, sea insuficiente. Por las dudas, la política hace lo posible para garantizar el fracaso.

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