Las evidencias de un Estado dominante

Enrique Thomas
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23 de mayo de 2012  

Tal como advertimos en su momento, la ley de medios se ha convertido en un arma del Gobierno dirigida contra el Grupo Clarín.

Es que además de las pruebas aportadas por las ridículas campañas de funcionarios de alto rango -con globos y medias incluidos- cabe preguntarse por qué no se aplicó el mismo seguimiento al resto de las empresas que en un año tendrían que haberse adecuado a las exigencias de la ley. "Es pa' todos la cobija o es pa' todos el invierno", exigiría el paisano de Jauretche.

Por otro lado, pasaron ya dos años desde la aprobación parlamentaria de la ley 26.522 y nadie seriamente puede decir que se registren cambios significativos en el horizonte audiovisual. Nos remitimos a unas pocas evidencias:

? Se hizo depender a los medios independientes (pavada de contradicción) del flujo económico de las cajas del Estado, al no acompañar la implementación legal con una política económica viable y sostenida, para el sector.

? El mismo Estado que descuida tal función gasta dos millones de pesos por día en publicidad oficial (de acuerdo con cifras de 2011) que van a las grandes empresas comunicacionales con vocación de aplaudidoras.

? La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), en su informe para 2011, afirma que el 60% de los contenidos que se retransmiten en las provincias argentinas provino del área metropolitana de Buenos Aires, demostrando que el centralismo goza de una excelente salud.

También en estos últimos años se ha constituido una red de medios progubernamentales mucho más poderosa que los supuestos "monopolios" preexistentes, donde a las emisoras de radio y televisoras se les suman medios gráficos y digitales.

En tal sentido, aquí la democratización comunicacional ha sufrido su mayor derrota, ya que es casi imposible que un sistema de radiodifusión sea auténticamente plural toda vez que el Gobierno -que es a la vez regulador, emisor y anunciante- tenga una posición dominante.

Esto no significa que el Estado no pueda generar espacios comunicacionales propios. Pero debe garantizar una distribución de la publicidad oficial transparente y abierta, lo más justa posible, y evitar el alineamiento de sus medios con el Gobierno.

En síntesis, a dos años de su sanción, la ley 26.522 está lejos de cumplir sus cometidos, ya que no se instrumenta la formación de nuevos medios; no se modifica el irritante sectarismo de Canal 7 y el resto de los espacios oficiales (y paraoficiales); abundan las autorizaciones excepcionales destinadas a los amigos del poder, y no se alcanza a divisar, por el momento, una autoridad regulatoria activa e independiente del Poder Ejecutivo, como lo demuestra la probable exclusión del Frente Peronista del lugar que le corresponde por ley en la Afsca, como tercera fuerza en la Cámara de Diputados.

Y nada de esto va a solucionarse con la mera desinversión del Grupo Clarín.

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