Las insondables ramificaciones narco

Joaquín Morales Solá
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30 de diciembre de 2015  

La farsa que sucedió en una cárcel bonaerense de máxima seguridad, con la fuga casi cómica de los tres culpables del triple crimen de General Rodríguez, mostró sólo una parte menor de la complicidad entre sectores del Estado y el narcotráfico. Para peor, autoridades bonaerenses confirmaron ayer que el relato que se conoce de esa fuga es verdadero. No hubo secuestro de los detenidos, como se especuló en algún momento. Simplemente, se fueron por la puerta principal del penal, luego de empujar un antiguo y destartalado Fiat 147. Ni siquiera rompieron una puerta, aunque fuera para guardar las apariencias. Un inconfundible mensaje político.

¿Mensaje a quién? ¿Al gobierno actual, que se propuso combatir el narcotráfico e incautó en 19 días 13.000 kilos de marihuana en territorio bonaerense? ¿Al gobierno anterior, porque los prófugos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci consideraban traidores a varios ahora ex funcionarios? De hecho, Martín Lanatta había denunciado públicamente a Aníbal Fernández de complicidad con el tráfico de efedrina, un precursor indispensable para la fabricación de metanfetamina o éxtasis.

El kirchnerismo prefiere la victimización, como cada vez que está acorralado. Denunció que la fuga consentida fue el precio que el macrismo pagó por las declaraciones de Lanatta ante el periodista Jorge Lanata, que habrían frenado, asegura, la carrera de Aníbal Fernández a la gobernación de Buenos Aires. Una perversión de la lógica. Si bien todo el caso de la efedrina remite al gobierno de Cristina Kirchner, es cierto que también la administración de Macri debe responder por una fuga cantinflesca de penales que ahora están bajo el control del nuevo gobierno.

El caso es tan escandaloso que la primera decisión de la administración nacional fue proteger la figura del Presidente, que, en rigor, no tiene ninguna responsabilidad directa en el conflicto. Dieciocho días después de asumir, Macri tropezó con la herencia menos esperada. No fue la economía, ni el descontrol de la calle, ni una conspiración policial; fue el narcotráfico y sus incontables ramificaciones.

La gobernadora María Eugenia Vidal provocó una novedad: por primera vez el Estado nombró el narcotráfico como un problema y, además, lo vinculó con la política. ¿Hizo esa declaración en alusión a la fuga del penal de General Alvear? Las interpretaciones se dividen. Algunos de sus funcionarios señalan que la complicidad del Servicio Penitenciario provincial tiene la protección de políticos que cumplieron funciones en el anterior gobierno. Otros apuntan que la gobernadora se refirió a la impunidad con que la droga circula por el país. "Si entra por el Norte o por el Litoral y llega campante al conurbano o se va sin problemas desde Ezeiza, entonces hay complicidad política", dicen.

Sea como fuere, lo cierto es que durante más de una década el problema del narcotráfico estuvo ausente del discurso oficial. Ni Néstor ni Cristina Kirchner pronunciaron nunca en ningún discurso la palabra narcotráfico, mientras los estragos sociales de las drogas, crecientes e imparables, se hacían cada vez más evidentes. El tráfico y el consumo de drogas llegaron a tal punto que la Iglesia argentina y la Corte Suprema suscribieron pronunciamientos alarmantes sobre el fenómeno. El poder político callaba.

La pregunta que nadie puede contestar por ahora consiste en saber hasta qué covachas del Estado penetró el narcotráfico. No comprende, desde ya, sólo al Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Y las demás fuerzas de seguridad? ¿Cómo están las relaciones con el narcotráfico de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y de las policías provinciales? Hay complicidades, seguramente. ¿Un juez de Orán, en Salta, es acaso el único magistrado del país involucrado en connivencias con el narcotráfico? No, es sólo un caso entre muchos. ¿Hubo campañas electorales nacionales, provinciales o municipales pagadas por el narcotráfico? Esta última pregunta es clave para conocer el grado de penetración en la política por parte de los traficantes.

El caso de la efedrina es un compendio de los males argentinos en materia de complicidades con el narcotráfico. Los prófugos de General Alvear están condenados a cadena perpetua por el crimen de tres empresarios de laboratorios medicinales, comprometidos a su vez con el tráfico de efedrina. Un ajuste de cuentas. El tráfico de efedrina en el país fue un negocio de unos 500 millones de dólares, según fuentes judiciales que investigan el caso. La Argentina importaba legalmente esa droga y luego la exportaba ilegalmente a México (la contrabandeaba, más bien), donde se prohibió la importación de efedrina para limitar la producción de drogas sintéticas. El contrabando de efedrina a México requirió de la autorización del gobierno argentino para importar la droga, que está sometida en todo el mundo a la estricta revisión de los organismos que controlan el tráfico de drogas.

El ex subsecretario de la Sedronar (el organismo argentino encargado de controlar y prevenir el tráfico de drogas) Gabriel Yusey Abboud declaró ante la jueza María Servini de Cubría, que lleva el caso de la efedrina, que "el entonces ministro (del Interior) Aníbal Fernández ha sido el responsable directo del retraso de la solución del problema (de la efedrina)". No obstante, la jueza procesó a Abboud y a su entonces jefe en la Sedronar, Ramón Granero, un hombre de Santa Cruz, muy cercano a Néstor Kirchner. También procesó a los hermanos Máximo y Miguel Zacarías, santacruceños como Granero, igualmente amigos de los Kirchner. Los hermanos Zacarías tuvieron importantes cargos en los gobiernos kirchneristas. Fueron acusados de importar 1000 kilos de efedrina.

"La campaña electoral de 2007 la pagó la efedrina", aseguran fuentes judiciales con acceso al expediente. "Todos los laboratorios que traficaban efedrina pusieron plata", agregan. En esos comicios fue elegida por primera vez Cristina Kirchner presidenta de la Nación. La causa que investiga el financiamiento de esa campaña es otro expediente abierto en manos de Servini de Cubría. La magistrada se negó siempre a cerrar esa investigación, a pesar de la intensa presión del entonces gobierno de Cristina para que lo hiciera. En estos momentos esa causa se encuentra en el despacho del juez Ariel Lijo por una cuestión conexa, que no es la de fondo.

La Justicia imputó como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez a Ibar Pérez Corradi, un traficante todoterreno de drogas. Fue detenido en la Argentina en 2009 porque autoridades federales de los Estados Unidos pidieron su extradición; lo acusaban de haber introducido heroína en territorio norteamericano. La justicia argentina le inició en el acto una causa local. Fue una treta: un argentino no puede ser extraditado si está siendo juzgado en su país. La justicia argentina le fijó una mínima fianza y lo envió a su casa. Pérez Corradi abrió la puerta de su casa, se metió en un auto y no se lo volvió a ver nunca más. La Justicia sostiene que nunca se fue del país, pero tampoco nunca nadie lo encontró. Una versión que no fue confirmada por las autoridades políticas argentinas señalan que Pérez Corradi podría estar detrás de la fuga de los hermanos Lanatta y de Schillaci, sus cómplices en la matanza de General Rodríguez.

Ninguna investigación es rápida en la Argentina. El contenido de las cámaras de seguridad está llegando con cuentagotas a los investigadores de la fuga de General Alvear. Sólo la Dirección de Migraciones colabora con prontitud, pero es difícil que tres prófugos hayan huido del país con sus propios documentos. Las empresas telefónicas demoraron 48 horas en suministrar la información que les pidieron sobre celulares que se usaron antes, durante y quizás después de la fuga. Ayer a la mañana el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, aseguró en una reunión del gabinete de Vidal que denunciaría penalmente a las telefónicas. Al mediodía, la información comenzó a llegar a los investigadores. La efedrina es una parábola perfecta de los estrechos vínculos que hay entre los traficantes de drogas, los servicios de seguridad, la Justicia y la política. El problema es que no se trata sólo de la efedrina. Otras drogas, otros lugares y otros cómplices también existen en el país.

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