Las organizaciones sociales reclaman medidas urgentes para frenar las protestas

Después de la peor semana de la gestión de Mauricio Macri y de cara a un fin de año de ajuste y recesión, las organizaciones sociales que integran el denominado triunvirato piquetero creen que llegó la hora de encender todas las alarmas: si el Gobierno no toma medidas urgentes para cuidar los sectores más pobres , advierten, habrá serios riesgos de protestas descontroladas e incluso saqueos.

La advertencia coincide con el lanzamiento de un plan de lucha, anunciado el viernes, para reclamar aumentos de emergencia para la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones y los planes de empleo , y un incremento de las partidas para los comedores comunitarios. Encabezan el reclamo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y Barrios de Pie .

"No queremos repetir un escenario como el de 2001. Si no está asegurada la comida para los compañeros, no hay posibilidad de contención. La gente va a ir a los supermercados", dijo a LA NACION Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y secretario de formación de la CTEP. "Cuando la pradera se seca, una chispa enciende el fuego. Hay condiciones materiales para que haya desbordes", alertó.

Un sector de la CTEP Capital ya organizó pedidos de comida frente a una cadena de supermercados. Algunas asambleas locales del conurbano también hicieron reclamos en los hipermercados de su zona. "Esto puede generalizarse. La desesperación te empuja", señaló Gildo Onorato, de la conducción del Movimiento Evita, agrupación mayoritaria en la CTEP.

En medio de un debate interno por el posicionamiento electoral de las fuerzas que lo componen, el triunvirato piquetero coincide en el diagnóstico y dice en voz alta lo que algunos dirigentes de la oposición solo se atreven a aventurar en privado. Afirman que una profundización del ajuste disparará la conflictividad social y que eso puede derivar incluso en una salida anticipada del Presidente.

"El Gobierno está agotado. Vamos a hacer el esfuerzo por canalizar todo por las vías institucionales", dijo a LA NACION Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie. "El ciclo político y social de Macri está terminado. El adelantamiento electoral es una opción", coincidió Onorato. Los tres aseguran que las organizaciones sociales harán todo lo posible por evitar un estallido, pero sostienen que la responsabilidad es del Gobierno.

Las conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social son fluidas; con el secretario de Articulación de Política Social, Carlos Pedrini, como interlocutor más habitual. Pero, según las organizaciones, las respuestas no están a la altura de la situación que se vive en los barrios más pobres.

"Necesitamos triplicar las partidas para los comedores. Va a haber un problema gravísimo con el tema alimentario. No hay malestar, hay hambre", dijo Grabois.

Onorato detalló que reciben 15 pesos por día por persona para los merenderos, además de alimentos secos, como fideos, arroz y harina, para los comedores. "En los últimos meses, la asistencia de gente se multiplicó por tres. Estiramos tanto el guiso que los compañeros terminan tomando caldo", agregó. Después de la marcha federal de junio, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, encabezó reuniones con las organizaciones, en las que se dispuso un aumento del 26,5% del salario social complementario. Con unos 500.000 titulares, el programa está hoy en 5500 pesos mensuales y alcanzará los 6000 pesos en diciembre. Los dirigentes sociales dicen que en realidad solo se adelantó el incremento previsto por ley y que ya quedó detrás de la inflación . Tampoco consideraron suficiente el anuncio que hizo el viernes María Eugenia Vidal para reasignar 1000 millones de pesos al gasto social. Como informó ayer LA NACION, el presidente Mauricio Macri, Stanley y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne analizaron hasta el viernes a última hora medidas para inyectar más recursos a los planes sociales.

Durante las protestas, que arrancarán el jueves que viene con una movilización a la sede de la Anses, las organizaciones van a insistir en el tratamiento urgente de los cinco proyectos de ley que impulsa el sector: emergencia alimentaria, infraestructura social, agricultura familiar, integración urbana y emergencia en adicciones. A esos pedidos se sumó en los últimos días un proyecto de ley, presentado por el Movimiento Evita y Libres del Sur, para conformar un comité de crisis, integrado por representantes de los tres poderes del Estado, asociaciones sindicales, organizaciones industriales y agropecuarias, la Iglesia y organizaciones sociales.

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