"Las presiones políticas hacen imposible ejercer la magistratura"

El juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, que había acusado al Consejo de la Magistratura de hostigarlo por investigar al Gobierno en la causa Clarín , afirmó ayer: "Las presiones hacen imposible seguir ejerciendo la magistratura con cierto grado de independencia".

No renunció, pero dijo a LA NACION que lo está analizando. Su relación con la Cámara Federal, su superior, y con el Consejo atraviesa su peor momento.

Aráoz ocupa como subrogante el Juzgado Federal N° 9, uno de los cuatro que están vacantes en ese fuero, el más sensible para el poder político. Hasta la semana pasada, concursaba para ser designado juez titular, pero decidió abandonar la competencia. Sabía que no tenía posibilidades de que lo nombraran. Además, el Consejo de la Magistratura le anunció, un día antes de su entrevista personal con los consejeros, que lo había citado a declarar. Le comunicaron que debía presentarse el 30 de este mes para defenderse de una acusación por mal desempeño que avanza con una inusual celeridad.

Aráoz fue a la entrevista y dijo que renunciaba al concurso por las presiones que venía recibiendo por la causa Clarín . Esa declaración, que reprodujo luego en los medios, fue la causa de una denuncia penal. El diputado kirchnerista Carlos Kunkel le imputó un incumplimiento de sus deberes como funcionario. Pidió que la Justicia evaluara si efectivamente habían existido las presiones alegadas y acusó a Aráoz de no haberlas denunciado penalmente.

Ayer, Aráoz se defendió: "Yo dije que por las presiones renunciaba al concurso. Esas presiones no son necesariamente un delito: hay actos jurisdiccionales de organismos, como la Cámara Federal o el Consejo, que yo los puedo sentir como un hostigamiento, pero no necesariamente son delito. Sin embargo, determinan un estado anímico en el que no me interesa seguir ejerciendo la magistratura".

La causa que se tramita en su contra en el Consejo le imputa al juez una omisión: no haber actuado frente a la denuncia de un preso que le dijo que la policía lo había golpeado brutalmente durante un allanamiento ordenado por el magistrado.

En relación con este expediente, Aráoz recibió anteayer otro revés del Consejo. Cuando le informaron que debía presentarse el 30 de este mes, él pidió más tiempo para su defensa, pero no se lo dieron. Según el reglamento, cuando a un juez lo denuncian, se le informa lo ocurrido y se le dan 20 días para un descargo escrito. Si se considera que hay hechos que imputarle, se lo cita. En el caso de Aráoz, el Consejo sostuvo que el primer paso ya se había cumplido con un informe que presentó ante la Cámara y lo citó directamente como acusado.

En ese informe, Aráoz había alegado que no existía nexo causal entre las enfermedades que acusaba el detenido y la fuerza ejercida sobre él en el allanamiento. Entre las pruebas, acompañó un informe de peritos médicos oficiales que decía que la parálisis facial invocada por el imputado no era de origen traumático.

De todos modos, la Cámara -su superior- pidió que se investigara al juez, y el Consejo, por unanimidad de los presentes en la Comisión de Acusación, lo citó porque sostuvo que debió haber sacado testimonio de la denuncia para que la investigara un magistrado imparcial.

En el mismo momento en el que el Consejo resolvía convocarlo, el juez firmaba el fallo que nombraba un veedor en la empresa Papel Prensa para investigar al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Semana caliente

AERONAVEGANTES

Sin apoyo policial

El viernes pasado, Aníbal Fernández admitió que le había ordenado a la policía incumplir "por inconstitucional" una orden de allanamiento de un juez al gremio de los aeronavegantes.

CORTE SUPREMA

Críticas de Argibay

El martes, la jueza de la Corte Carmen Argibay dijo que era "preocupante" que no se cumplan las órdenes de los jueces.

PENAS DE PRISIÓN

Advertencia de Fayt

El juez Carlos Fayt dijo un día después que actitudes como la de Fernández son contempladas en el Código Penal con penas de hasta un año de prisión. La oposición amenazó con impulsar una moción de censura para remover al jefe de Gabinete.

LEY DE MEDIOS

Fallo adverso

El juez Edmundo Carbone suspendió la aplicación de dos artículos de la ley de medios porque entendió que podrían afectar el derecho a la propiedad.

LAS REACCIONES

Embestida oficial

Fernández dijo que el juez Carbone estaba "fuera de sus cabales"; la Presidenta habló de "presiones económicas" a los jueces.