Las privatizaciones que faltan tardan en definirse

Aunque el Gobierno envió los proyectos a extraordinarias, el debate es incierto.
Jorge Rosales
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8 de diciembre de 1996  

El sector más optimista del Gobierno estima que con las privatizaciones más importantes que le quedan por hacer el Estado recaudaría poco más de 6000 millones de dólares.

En la cuenta suman a Yacyretá, el Banco Hipotecario Nacional, los aeropuertos, las centrales nucleares y las acciones remanentes en empresas hidroeléctricas y de gas.

Los cuatro primeros proyectos fueron incluidos por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, que finaliza el 31 del actual.

Difícilmente para esa fecha pueda contar el Gobierno con alguna de las cuatro privatizaciones, no sólo por el desacuerdo que la oposición legislativa tiene con cada proyecto sino, fundamentalmente, debido a las rispideces internas que se registran en ambos bloques oficialistas, principalmente en el de Diputados.

En el Parlamento descuentan que las propuestas sobre Yacyretá y el Banco Hipotecario no serán aprobadas este año. Es más, no son pocos los legisladores justicialistas que dudan de que la primera pueda ver la luz ni siquiera en 1997.

Las únicas privatizaciones que tienen alguna posibilidad de prosperar antes de fin de mes son las de los 59 aeropuertos y las de las tres centrales nucleares (Atucha I y II y Embalse), esta última con una mejor performance.

Aparentemente, el Gobierno acaba de cambiar de postura en relación con el proyecto aeroportuario y aceptaría modificaciones propuestas por legisladores del PJ, como dividir el país en no menos de dos regiones, con el fin de romper la tendencia monopolista de la iniciativa ya aprobada por el Senado. Pero la Cámara alta debería entonces tratarlo nuevamente, lo que haría casi imposible una pronta aprobación.

El gesto no es menor si se tiene en cuenta que el proyecto, al igual que la privatización del Correo, que finalmente saldría por decreto, es duramente cuestionado por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien tendió un manto de sospechas sobre presuntos vínculos interesados entre el poder y el empresario Alfredo Yabrán. Págs. 14, 15, 17 y 18

Buscan privatizar por $6000 millones

Enfasis: el equipo económico asegura que no pretende que la reducción del déficit fiscal se sostenga en la venta de activos del Estado, que incluye Yacyretá, el Banco Hipotecario, los aeropuertos y las centrales nucleares.

El equipo que acompaña al ministro de Economía, Roque Fernández, es muy cauto al trazar proyecciones sobre las privatizaciones que restan, por las cuales se prevé recaudar poco más de 6000 millones de dólares.

No quieren que el éxito de su gestión para reducir el déficit se sostenga en la venta de activos del Estado. Y así lo hacen saber cada vez que se los consulta.

Yacyretá, el Banco Hipotecario Nacional, los aeropuertos, las centrales nucleares y las acciones remanentes en empresas hidroeléctricas y de gas entran en ese cálculo.

Pero a esa cifra habría que sumarle lo que se espera recaudar por el traspaso del correo a manos privadas, un complejo y controvertido asunto que genera discusiones en el seno del propio Gobierno. En las proyecciones que hacen incluyen además lo que el Tesoro dejará de pagar por la continuidad de obras en marcha, o en concepto de canon por las concesiones.

Saben, también, que antes deberán superar escollos dentro del propio oficialismo, en el Congreso, y trabas técnicas, y sólo luego concretar las operaciones.

Sin embargo, el equipo económico cedió cuando los diputados del justicialismo incluyeron como proyección de ingreso en el presupuesto de 1997 a la venta de los aeropuertos y de las centrales nucleares.

Luego del anuncio del traspaso a manos privadas del Banco Hipotecario Nacional, su titular, Pablo Rojo, y el subsecretario de Bancos y Seguros, Francisco Susmel, trazaron la metodología de la venta.

Pero la forma final de la venta dependerá de la suerte del proyecto oficial en el Congreso. Según voceros de la Jefatura de Gabinete, una vez sancionada la ley se pedirá un crédito puente por U$S 2000 millones -que es el precio mínimo que se aspira obtener-, que será rescatado cuando sean vendidas las acciones de la entidad.

El Gobierno estima que lo máximo que se podría obtener por el paquete accionario del BHNson U$S 4000 millones.

La opinión generalizada que recogió Susmel entre los banqueros es que no sería viable una colocación de todas las acciones de una sola vez, sino que lo mejor sería a través de tramos escalonados.

Para el primero se pondrá en el mercado entre el 25% y el 30 % de las acciones, dijo a La Nación Francisco Susmel.

La mayor puja se dará en la selección de los bancos de inversión que actuarán como colocadores globales de las acciones. En la lista se anotarán los principales bancos de inversiones ingleses, norteamericanos y suizos, estimó el funcionario.

En la jefatura de Gabinete se espera obtener entre U$S 1500 y U$S 1800 millones por la venta de Yacyretá. Pero esas son estimaciones sobre la base de estudios que se hacían en tiempos en que Carlos Bastos, ex secretario de Energía y Obras Públicas, motorizaba su privatización. Hoy esas cifras podrían cambiar y reducirse sustancialmente.

Si bien no se han anotado en la carrera para su posible compra, manifestaron su interés importantes empresas extranjeras, algunas de las cuales ya participaron en privatizaciones en el sector energético.

Entre ellas se destacan Electricité de France;Endesa (España); el Grupo Enersis (Chile), que acaba de adjudicarse la concesión de la distribución eléctrica en Río de Janeiro; AES (EE.UU); y CMS Corporation (EE.UU).

Todas estas compañías podrían participar en el negocio asociadas a empresas argentinas, entre ellas Pérez Companc.

Una de las discusiones centrales sobre la venta de Yacyretá lo compone el enorme pasivo por U$S 2100 millones, que quedaría en manos del Estado argentino. A esa cifra habría que agregarle otros U$S 5500 millones que ha aportado el Tesoro nacional como contrapartida de los desembolsos crediticios de los organismos internacionales.

De acuerdo con las previsiones trazadas por los diputados en el presupuesto 1997, la venta de las tres centrales productoras de energía nuclear dejará en las arcas de la Nación cercade U$S 200 millones.

Esto comprende a las centrales Atucha I y Central Nuclear Embalse, ambas en actividad, y de Atucha II, en construcción. Las tres serán privatizadas en una sola unidad de negocio.

Al inversor privado será vendido entre el 70% y el 90% de las acciones. El 10% será traspasado al personal, en el marco del programa de propiedad participada. El precio final deberá ser pagado en títulos emitidos por el gobierno, en su valor de mercado.

En tanto, si se cumplen los plazos previstos, en febrero quedará en manos privadas la central hidroeléctrica Pichi Picun Leufú, que se encuentra en la fase final de su venta.

Si bien no hay precio base por esa obra -que está en el 75% de ejecución-, el Estado podría obtener poco más de U$S 100 millones. El 20 de este mes y el 7 del mes próximo se abrirán los sobres con las ofertas, y el 10 de enero se firmará el contrato de transferencia.

La represa será adjudicada a aquel que proponga la mayor inversión -restan unos U$S 142 millones para terminarla- en el menor plazo de ejecución. El contrato de concesión será a 30 años.

Los pliegos de licitación fueron comprados por 6 compañías, que han mostrado sumo interés en explotar la central eléctrica: Entergy (EE.UU); AES Development of Argentina (EE.UU);Hidroneuquén; Capex S.A; Hidroeléctrica El Chocón y Pérez Companc.

En los primeros meses del año próximo saldrán a la venta las acciones remanentes, que aún permanecen en manos del Estado, de empresas de energía.

En esta situación se encuentra el 20% de las acciones de Gas Natural Ban y Camuzzi Gas Pampeana. Según las estimaciones del Ministerio de Economía por la primera se podría obtener U$S 60 millones, y por la segunda U$S 70 millones.

Por el 25% de Transener (sector eléctrico) se podrán recaudar unos U$S 70 millones.

Por el 26% de las acciones de la represa hidroeléctrica Piedra del Aguila las proyecciones oficiales señalan un ingreso estimado en U$S60 millones.

Mientras, por el 19,5% de las acciones de la central de Alicurá se obtendrían U$S 20 millones.

Disenso legislativo por el Hipotecario

Conflicto: el Poder Ejecutivo quiere vender el 92% del banco y controlar el fondo que generen esos recursos; el proyecto está trabado en Diputados; alternativas.

La Cámara de Diputados no le dará el gusto al Gobierno, al menos este año, de aprobar la privatización del Banco Hipotecario Nacional. La explicación es simple: el proyecto oficial -prevé la venta del 92% del paquete accionario- no recoge aceptaciones ni siquiera dentro del mismo bloque del PJ, que propone iniciativas alternativas. Menos de la oposición, que directamente lo rechaza.

El Gobierno tiene gran interés en que, cuanto antes, se inicie el proceso privatizador. El monto que estima percibir por la venta es muy tentador: casi 3000 millones de pesos, que serán destinados a un Fondo Fiduciario para financiar obras públicas en las provincias. La oposición tiene sus sospechas: considera que el oficialismo quiere aprovechar esto para un objetivo electoral y teme que parte de esos fondos se destine a otros fines.

El afán del Ejecutivo -que incluyó el tema en sesiones extraordinarias- se topó con la resistencia de Diputados. Ni siquiera se pudo discutir en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Vivienda y de Finanzas. Los tiempos del Congreso obligan a demorar la aprobación de la ley por lo menos hasta entrado el año próximo, teniendo en cuenta que falta aún la sanción del Senado.

Alternativas

¿Por qué es resistido el proyecto del Ejecutivo? Ocurre que, por un lado, se prevé la venta casi total del paquete accionario, por lo cual el Estado se desprendería de su facultad de otorgar créditos hipotecarios. Por otro, la administración de este Fondo Fiduciario estaría totalmente a cargo del Poder Ejecutivo, con lo cual la decisión sobre las obras por realizar pasaría sólo por ese nivel. Para hacer más "digerible" el proyecto, se presentaron alternativas:

  • Al proyecto oficial, Miguel Balestrini (PJ-Córdoba) le agrega una iniciativa complementaria para no dejar al Estado desprovisto de su capacidad para otorgar créditos. Para ello, propone que esa función sea cumplida por el Banco Nación, previa capitalización de 200 millones de pesos. Así, también se garantiza que el Estado continúe regulando las tasas de interés y no se disparen para arriba. Por otra parte, establece un anexo con las obras públicas por cumplir y propone que los intereses que genere el Fondo (estimados en 130 millones de pesos) se destinen a viviendas populares.
  • Eduardo Mondino (PJ-Córdoba) propone que el Estado mantenga el 51% de las acciones, pero estudia que el gerenciamiento del Banco pase a manos privadas. Asimismo, prevé que la administración del Fondo esté a cargo de tres personas designadas por el Ejecutivo y cuatro por el Congreso. "De esta manera, se les da decisión a las provincias para las obras públicas por realizar", argumenta.
  • El senador José Manuel de la Sota (PJ Córdoba) propone que se emitan 3 millones de acciones de 1000 pesos cada una para colocarlas en el mercado interno. El Ejecutivo tendrá poder de veto en el directorio.
  • A la oposición no le convence ninguna de las alternativas. "No se entiende que se venda uno de los bancos más sólidos del sistema. De hecho, cuenta con más de 2600 millones de pesos de patrimonio propio", sostiene José Vitar (Frepaso-Tucumán). "Si además el Ejecutivo es el que decide sobre las obras públicas, qué duda cabe que es para obtener dinero fresco para la campaña electoral del año próximo", añadió.

    Además, la UCR y el Frepaso temen que al Fondo se lo utilice para otros fines. Citan como antecedente al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, creado el año último, de cuyo patrimonio (1250 millones de pesos, aportados por el Banco Mundial y el BID) sólo fueron aprovechados 200 millones para las provincias, según lo admitió el propio ministro Roque Fernández.

    El Correo se venderá con un decreto

    La privatización del Correo no es materia de análisis en el Congreso. Según se prevé, el Poder Ejecutivo lo resolverá mediante un decreto.

    Esa operación quedó postergada luego del escándalo ocurrido en agosto de 1995, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció ante la Cámara de Diputados que con ella se pretendía favorecer a "mafias enquistadas en el poder" político. Constituyó su primera embestida contra el empresario postal Alfredo Yabrán, a quien calificó de "jefe de las mafias".

    El Senado había dado media sanción a esa iniciativa y en la Cámara baja, tras la denuncia, se reformó el dictamen con más de 50 modificaciones al que había aprobado por la Cámara alta. El nuevo despacho sólo prevé legislar un nuevo marco regulatorio para la actividad postal, en tanto que el capítulo de la privatización de Encotesa fue eliminado por completo. El Poder Ejecutivo desdobló la iniciativa: dispondrá por decreto la venta del Correo. Pese a que la ley sólo regulará la actividad postal, el proyecto permanece trabado en Diputados con objeciones en el bloque del PJ y en las bancadas opositoras. La cuestión, empero, resulta muy conflictiva porque arrastra un gran descrédito. Por otra parte, la Cámara de Diputados tomó posición contraria a un posible intento de privatización del Banco Nación y, ante los trascendidos respecto del interés del Fondo Monetario Internacional sobre esa operación, el cuerpo aprobó un proyecto de declaración, impulsado por el PJ, para rechzar la eventual venta de la entidad.

    Todo para antes de fin de año

    Todo indica que el proyecto de ley que impulsa la privatización de 59 aeropuertos nacionales y que tiene media sanción del Senado será modificado por el justicialismo en Diputados a pesar de algunas resistencias de la propia bancada oficial y del deseo del presidente Carlos Menem para que esa iniciativa se convierta en ley antes de fin de año.

    Los cambios que impulsa la mayoría del bloque del PJ contemplan un espíritu antimonopólico, agregan la noción de "competitividad" y promueven la división del paquete en más de dos regiones.

    El jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez,que en un primer momento se opuso a la idea innovadora que le sugirieron los presidentes de las Comisiones de Defensa y Presupuesto, Miguel Angel Toma y Oscar Lamberto, respectivamente , habría aceptado los cambios, tal como lo dejó a entrever en una entrevista concedidad en Washington a La Nación.

    De esta manera, el justicialista Telmo Perez de la Comisión de Transporte que también se oponía a modificaciones, ahora reevería su situación y es posible que acepte cambios a la ley..

    El dictamen de privatización de aeropuertos necesita la firma de tres comisiones:Defensa, Presupuesto y Transporte. El martes próximo habrá un plenario de las tres comisiones y es posible que el PJ, con ideas ya unificadas, apure la aprobación del proyecto para llevarlo de inmediato al recinto.

    Pero la oposición exige un debate más profundo aun que el que plantea el justicialismo.

    Se trata nada más y nada menos que la forma de indemnización que se debería imponer para pagarle a las actuales empresas concesionarias de servicios.que pagarles a las empresas de servisio en caso de que se les rescinda los contratos.

    Para la diputada de Nueva Dirigencia, Patricia Bullrich, quien ha sido ampliamente aconsejada por Domingo Cavallo, "el debate profundo aun no se puso sobre la mesa y el justicialismo no se animará a entrar en esta cuestión porque los compromete".

    Se trata en este caso de discutir cómo se le debería pagar a Alfredo Yabrán, si a sus empresas concesionarias de rampas y depósitos (Edacadassa e Intrbaires) se les exige la recesión de contratos para dar paso a un proyecto que contemple la competitividad de servicios.

    Hasta el 14 de junio de 1994 existía una ley de contratación de las FF.AA firmada por Juan Domingo Perón que establecía para las empresas de servicio aeroportuario un pago por indemnización en caso de ruptura de contratos que se fijaba por monto invertido. Pero el decreto 1188 de Menem cambió la historia.

    Allí se estableció un sistema llamado Discount Cash Flow que impone un pago por indemnización en relación al lucro cesante.

    De esta manera, si el Estado llegara a rescindir los contratos con Edacdassa o Interbaires tendría que pagar a Yabrán entre U$ 400 y 500 millones Con el anterior sistema de pago de indemnización por monto invertido sólo debía pagar U$10 millones.

    Pero para modificar esta realidad, la oposición sostiene que habría que derogar el decreto de Menem, hecho que desde el oficialismo se ve muy lejano.

    Ei radicalismo ya presentó un proyecto que contempla la creación de un Ente Público de Navegación Aérea que con independencia del gobierno nacional y autarquía financiera controle el transporte aéreo.

    En tanto, el FrePaso plantea la posibilidad de establecer "una política de comunicaciones aéreas funcional a un proceso de integración y articulación territorialdonde el Estado integre al capital privado a los interéses de las regiones".

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