Las provincias piden cambios en el plan

Los gobernadores enviaron una señal a Beliz: o los escuchan o no se aprobará el paquete de medidas propuesto por el Gobierno
Mariano Obarrio
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24 de abril de 2004  

Los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia de todas las provincias le plantearon ayer al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, que el plan estratégico de seguridad lanzado por el Gobierno avanza sobre las constituciones locales y sobre el federalismo porque, según ellos, la Nación podría introducir fuerzas federales en los municipios, lo que los gobernadores no están dispuestos a permitir.

Tras la reunión del Consejo de Seguridad Interior, con unos 80 funcionarios de seguridad de todas las provincias, Beliz aclaró que el Gobierno "no va a pasar por encima de los gobiernos provinciales" y que todo será dentro de la ley de seguridad interior, aunque aclaró que "para la Nación es importante trabajar con los municipios".

El encuentro terminó en paz, aunque las tensiones quedaron en el aire y prenuncian una larga discusión.

Las provincias objetaron también la creación de la Fuerza Nacional de Paz y de la Agencia Federal de Investigaciones y de Seguridad Interior, que investigará delitos federales en todo el territorio nacional y que demandarán 6000 nuevos efectivos en 12 meses y 12.000 en dos años.

"Con 6000 hombres será una nueva fuerza que podría superponerse en sus funciones con las policías provinciales", dijo uno de los presentes.

El reclamo general de los ministros era que la nueva "agencia" no debe hacer convenios con los municipios, sino con las provincias. De lo contrario, dicen, sería "avanzar contra el federalismo".

Beliz quedó en considerar el reclamo y aclaró que "no se trata de crear una nueva fuerza, sino de fortalecer las tres fuerzas de seguridad federales" actuales. En rigor, esos efectivos serán grupos de elite dentro de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, con facultad para desplazarse ante urgencias por todo el país.

"Tendrán que quedar muy claramente establecidas las misiones y funciones de esa fuerza. Tiene que ser por consenso. Si no, no sale", aseguraron varios ministros a Beliz.

Los gobernadores también objetaron por medio de sus ministros el Fondo Fiduciario de 1000 millones de pesos (600 para crear esa nueva fuerza y 400 para nuevas cárceles). Sospechan que el financiamiento saldrá de los recursos coparticipables. Pero Beliz garantizó que los 1000 millones saldrán del presupuesto nacional y que si las provincias quieren hacer algún aporte sobre ese monto "sería bienvenido".

Despejada esa incógnita -algunos siguen desconfiando del gobierno nacional-, los ministros le recriminaron a Beliz que, en lugar de un fondo fiduciario, sería "un fondo del conurbano bonaerense": sostienen que se destinará sólo a la Capital y el conurbano.

"El fondo tendrá aplicación federal y las provincias deberán enviarnos sus requerimientos para definir la distribución", dijo Beliz.

No a la intervención

Los ministros también cuestionaron la propuesta oficial de intervenir las policías municipales o provinciales. Beliz tomó nota de las objeciones y prometió que serían "consideradas" por la administración Kirchner.

Convinieron entonces continuar pasado mañana la reunión con los ministros de Justicia provinciales para tratar las reformas judiciales.

La reunión se hizo en la sede de la Secretaría de Seguridad Interior, que dirige Norberto Quantín. Beliz estuvo acompañado por Quantín; por el subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli, y por el secretario ejecutivo del Consejo, Ignacio Rodríguez Varela.

Al salir del encuentro, el diputado Hugo Franco (PJ), de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, aventuró un trámite dificultoso para el paquete de proyectos de ley que conforman el plan de seguridad. "Como legisladores, hemos tomado cuenta de las inquietudes y los desacuerdos con la creación de la agencia de investigaciones y con el fondo fiduciario. Ahora, debemos ayudar a plasmar una ley que surja del consenso de todas las provincias y no sólo del poder central", aseguró Franco.

Los más críticos del reparto de los recursos del fondo fiduciario fueron los representantes de Córdoba, Neuquén, Misiones, Corrientes y Catamarca, entre otros. El ministro de Seguridad cordobés, Carlos Alessandri, dijo al salir del encuentro que "ninguna provincia va a resignar fondos coparticipables" y que "nadie sabe cómo funcionará el nuevo FBI (la agencia investigativa)".

Molesto por las críticas, Beliz comentó que "las provincias no pondrán un solo peso" y agregó que el problema de la seguridad "requiere una visión de estadistas y no de politiqueros baratos".

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