Las sospechas recaen en cuatro policías

Según el procurador De la Cruz, las pruebas fotográficas demuestran que los efectivos portaban armas largas
Según el procurador De la Cruz, las pruebas fotográficas demuestran que los efectivos portaban armas largas
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29 de junio de 2002  

LA PLATA.- "Uno de los cuatro policías bonaerenses imputados es el responsable por el homicidio del piquetero Darío Santillán", expresó ayer el procurador general de la Suprema Corte provincial, Eduardo Matías de la Cruz.

Los cuatro policías investigados por homicidio y encubrimiento agravado en la causa instruida por el fiscal Juan José González, iniciada tras los enfrentamientos en el puente Pueyrredón, son el comisario inspector Alfredo Franchiotti, el oficial Carlos Jesús Quevedo, el suboficial Alejandro Gabriel Acosta y el cabo Lorenzo Colman. Todos fueron separados de la fuerza y se hallan en disponibilidad preventiva.

"Las secuencias fotográficas son claras: los únicos que tenían armas largas en el lugar en que murió Santillán eran esos cuatro policías bonaerenses. No había otra persona armada", sentenció De la Cruz.

Sin embargo, no hay demasiadas precisiones respecto del crimen del otro piquetero muerto, Maximiliano Kosteki, ya que las pruebas son aún difusas, informó el procurador.

De la Cruz se interiorizó ayer en los tribunales de Lomas de Zamora sobre la investigación por los violentos enfrentamientos en el puente Pueyrredón, en el partido bonaerense de Avellaneda. El procurador habló con LA NACION tras reunirse con el fiscal González y el fiscal general Eduardo Alonso por más de dos horas.

"Con las pruebas ya colectadas (fotos y testimonios) podemos acusar a estos cuatro policías por el homicidio de Santillán, aunque aún no sabemos exactamente quién apretó el gatillo y disparó", dijo De la Cruz.

Los cuatro policías son investigados, además, por encubrimiento agravado.

"Franchiotti (jefe del operativo) mintió. No sólo al gobernador, sino también al fiscal González en las horas siguientes a la represión", dijo el titular del Ministerio Público.

González se presentó en la comisaría primera de Avellaneda a las 15 del miércoles último, cuando el juez federal que había intervenido hasta entonces en los hechos violentos declinó su competencia. Como primera medida, el representante del Ministerio Público interrogó al jefe del operativo, Franchiotti.

"Este mintió. Afirmó no saber dónde habían caído los muertos, qué oficial había estado presente en el lugar ni qué móvil los había trasladado hasta el hospital Fiorito", dijo De la Cruz.

Después, las fotos periodísticas demostraron que él había estado en la estación de tren y que, incluso, había trasladado a los piqueteros muertos.

Con las pruebas de las fotos, González pidió la detención de Franchiotti y de dos de sus colaboradores: Carlos Jesús Quevedo y Alejandro Acosta. Luego solicitó lo mismo para el cabo Lorenzo Colman.

Franchiotti, el comisario que después de la represión había aparecido ante las cámaras de televisión con el ojo morado para explicar que la policía había sido agredida, fue trasladado entonces a la alcaidía de Tribunales, en un discreto operativo de seguridad y sin esposas. Allí permaneció la mayor parte del día, junto a sus subalternos.

Cerca de las 14, González pidió a la jueza de Garantías Marisa Salvo la detención de los mencionados.

Paralelamente, González presentó una denuncia ante el fiscal de turno por las amenazas que recibieron algunos de los testigos que afirmaron haber visto cómo uniformados fusilaban a Santillán y a Kosteki en la estación de tren de Avellaneda.

El fiscal, con la anuencia del procurador, trabajará con un programa de testigos protegidos para garantizar la seguridad de los que aporten pruebas. E incluso podría brindar custodia a los testigos comprometidos.

González había empezado a tomar declaraciones testimoniales anteayer y varias de ellas involucran a miembros de la policía. Anoche, la jueza Salvo se disponía a resolver el pedido de detención sobre los policías.

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