Lavado: la UIF tendrá más control de los datos

La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó ayer su control sobre el flujo de datos que ingresa y sale del sistema local para la prevención y lucha del lavado de activos en coordinación con organismos del exterior. Lo logró a través de una nueva resolución que se publicó en el Boletín Oficial.

Se trata de la resolución 30/2013, con la que la unidad antilavado actualizó las reglas para el intercambio de información entre distintos organismos nacionales y sus pares de otros países.

De este modo, la unidad que preside José Sbattella logró concentrar bajo su órbita los contactos que hasta ahora mantenían por su cuenta el Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros con sus contrapartes y las unidades antilavado en el exterior.

A partir de mayo, según dispone la resolución, los tres organismos deberán pasar por la UIF tanto para enviar como para recibir datos sensibles de inteligencia financiera, que se concretará a través de la Red Egmont de intercambio de datos.

La publicación de la resolución 29/2013 se concretó apenas horas después de que LA NACION revelara ayer que la UIF no investiga toda la información que llega desde el exterior sobre ciudadanos y empresas argentinas, salvo que esos sujetos ya hubieran protagonizado un reporte de operación sospechosa (ROS) originado en el sistema local.

Por radio, Sbattella sostuvo que era falso que no se investigara, aunque indicó que, en efecto, la información recibida desde el exterior "queda a la espera" hasta que una alerta local lo destrabe y genere una investigación dentro de la UIF.

"Hay que desmentir que no se investiga; [lo informado desde el exterior] entra en la matriz de riesgo [de la UIF] y si esa persona no tiene antecedentes en la Argentina no se archiva, pero sí queda a la espera en esa base a que aparezca otro dato que lo saque del anonimato y vuelva a entrar en el circuito de la investigación", afirmó Sbattella.

El titular de la UIF dijo además que "las alertas internacionales tienen sentido si hay investigaciones que las avalen", y estimó que "excedería a las atribuciones" de su organismo si se iniciara una investigación local sin un ROS previo sobre una persona o empresa a la que "la unidad de ese país no investiga".

En su edición de ayer, La Nacion reveló que el límite impuesto en la UIF a la información recibida desde el exterior provocó durante los últimos años el archivo casi inmediato de múltiples alertas recibidas desde paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años. Entre otros, desde Suiza, la Isla de Man o el atolón de Nauru, en la Micronesia.

Activos congelados

En tanto, la UIF publicó ayer en el Boletín Oficial otra resolución, la 29/2013, con la que reformó la obligación de reportar operaciones y hechos sospechosos, como también el procedimiento para el congelamiento administrativo de activos por un plazo de seis meses, prorrogable por otros seis.

Centrada en los bienes o dinero de las personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por su asociación con operaciones de financiación del terrorismo, la resolución pasará a regir desde abril para múltiples sujetos obligados a colaborar con la UIF, como también para las asociaciones mutuales y cooperativas.

Ambas resoluciones, además, se publicaron en el Boletín Oficial mientras el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró en París una nueva reunión plenaria, en la que las autoridades argentinas debieron exponer las reformas y avances impulsados en el sistema local.