Lavajato: la Justicia de Brasil cargó contra la Argentina

RÍO DE JANEIRO.- Diferencias entre la Justicia de la Argentina y la de Brasil obstaculizaron las investigaciones de la Operación Lava Jato en ambos países, según reconoció la procuradora general de la república brasileña, Rachel Dodge, en un informe al Supremo Tribunal Federal (STF).

"Estorbos en la cooperación jurídica internacional", fue la expresión que utilizó la procuradora Dodge en una documentación enviada el mes pasado al juez a cargo del Lava Jato en la Corte, Edson Fachin, de acuerdo al diario carioca O Globo, que tuvo acceso al material reservado.

Se refería al caso de la venta de la participación de Petrobras en la empresa transportadora de energía argentina Transener, en 2007, que fue adquirida por el grupo local Electroingeniería tras el pago de US$54 millones y en medio de sospechas de sobornos, entre otros, al entonces ministro de Planificación Federal de Cristina Kirchner, Julio de Vido.

En su informe, la procuradora Dodge recomendó al juez Fachin cerrar la investigación sobre dos senadores, Renan Calheiros y Jader Barbalho (ambos del Movimiento Democrático Brasileño, MDB), ya que había sido imposible citar a declarar a al exasesor de De Vido, Roberto Dromi –exministro de Obras y Servicios Públicos durante el gobierno de Carlos Menem- y al exvicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, quienes habrían participado de las oscuras negociaciones de acuerdo con las pesquisas en Brasil.

Según la procuradora, desde mayo de 2016 los pedidos de la Justicia brasileña a la Justicia argentina fueron demorados o contestados con respuestas evasivas.

Dromi y Ferreyra habían sido involucrados en el caso por dos "arrepentidos" que firmaron acuerdos con el Ministerio Público Federal brasileño. De acuerdo a las delaciones premiadas de Néstor Cerveró, exdirector del área internacional de Petrobras, y del lobbista Fernando Falcão Soares, alias "Fernando Baiano", Electroingeniería pagó jugosas coimas (tan sólo Cerveró reconoció que se recibieron US$300.000) para quedarse con la participación de Petrobras en Transener, que poco antes había sido convenido que sería vendida a una firma estadounidense.

Del lado brasileño también habían sido apuntados como receptores de sobornos Calheiros y Barbalho, así como el exsenador Silas Rondeau y el exdiputado Aníbal Gomes (todos del MDB).

Consultada por LA NACIÓN, la Procuraduría General de la República señaló que el informe sólo buscaba contextualizar la recomendación de Dodge de archivar el caso contra los aún senadores Calheiros y Barbalho, ya que más allá de que no pudieron tomarse las declaraciones de Dromi y Ferreyra, las investigaciones no arrojaron otros elementos probatorios contra esos miembros del Senado que tienen foro privilegiado. La procuradora indicó que las investigaciones sobre los otros exlegisladores (Rondeau y Gomes) seguían su curso en la Justicia ordinaria.

"No se hizo ningún reclamo contra las autoridades argentinas, ni específica ni genéricamente", aclaró a este diario la Secretaría de Comunicación de la Procuraduría General de la República.

Lo cierto es que en aquel momento, la Justicia argentina también se esforzaba por tener acceso a ese y otros acuerdos de delación premiada obtenidos por el Lava Jato y que involucraban a exfuncionarios de nuestro país.

Sin embargo, como aquellos pactos garantizaban que los arrepentidos no pudieran ser procesados fuera de Brasil, las autoridades brasileñas no aportaban los datos. Recién en agosto del año pasado, la Procuración General de la Nación argentina llegó a un acuerdo de colaboración con la Procuraduría General de la República brasileña para avanzar en las causas del Lava Jato en ambos países.