Ley de abastecimiento: debaten en Diputados el proyecto, pero el oficialismo tendría los votos para aprobarlo mañana
Funcionarios del Gobiernoy empresarios exponen en un plenario de comisiones en la Cámara baja; el kirchnerismo sumaría 134 voluntades y sancionaría la norma
Un día antes que la Cámara de Diputados vote la sanción de la reforma a la ley de abastecimiento, un plenario de comisiones era desde el mediodía epicentro de un arduo debate entre funcionario del gobierno nacional y un grupo de empresarios en contra del proyecto oficial.
Representantes de la Sociedad Rural (SRA), la Asociación Empresaria Argentina AEA e IDEA estaban convocados para exponer su postura frente a la iniciativa, aunque -según supo LA NACION- el oficialismo ya sumaría 134 voluntades a su favor para sancionar la ley, que ya pasó por la Cámara alta.
Comenzada minutos después de las 12, la reunión era encabezada por los secretarios de Comercio, Augusto Costa, y de Justicia, Julián Alvarez, encargados de informar sobre los proyectos legislativos. Además de la reforma a la ley de abastecimiento, también se busca crear un Observatorio de Precios y un fuero especial para resolver conflictos vinculados al consumo.
Según la postura de los representantes empresariales, la reforma otorga poderes discrecionales a funcionarios públicos para intervenir en el normal funcionamiento de las empresas. De ser aprobado, afirman, provocará efectos nocivos sobre la inversión, el empleo y la oferta de productos. Además, acudirán a la Justicia ya que, en su opinión, la norma es inconstitucional porque viola el derecho a la propiedad y a ejercer toda industria lícita y otorga facultades judiciales a funcionarios del Poder Ejecutivo.
La ley de abastecimiento, sancionada en 1974, habilita al Estado a intervenir en las cadenas de valor y en el proceso de formación de precios. La reforma que impulsa la Presidenta acota las facultades de intervención del Estado y elimina las penas de prisión, previstas en la redacción actual de la ley, que, según destacó Blanco, fue suspendida en 1991 (suspensión que fue ratificada por el Congreso dos años después).