Se volvió a frustrar la aprobación de la ley contra los barras y se posterga hasta el año próximo

De manera inesperada, se trabó esta noche en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto que agrava las penas de los delitos que se cometen en los espectáculos futbolísticos. Si bien la iniciativa se había aprobado en general por amplia mayoría -201 votos positivos frente a 3 abstenciones-, los legisladores no pudieron acordar la letra fina de algunos artículos por lo que, a instancias de los bloques opositores, se votó el regreso de la iniciativa a la comisión.

Así las cosas, y contra las pretensiones del Gobierno, la sanción de la ley que castiga con penas de prisión a los barrabravas se postergará para el año próximo. La Cámara de Diputados deberá primero concluir el debate de los artículos en particular para completar la media sanción; recién después podrá girar la iniciativa al Senado. Desde la Cámara alta, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ya había anticipado que ese cuerpo debatiría el proyecto en 2019. "El proyecto requiere tratamiento en comisión. Si el Gobierno convoca a extraordinarias en febrero, estamos dispuestos a avanzar", enfatizó, a su turno, el jefe de bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto.

El debate se trabó en el artículo 10 de la iniciativa, que establece penas para la tenencia de entradas adulteradas a los partidos de fútbol. El kirchnerismo, en la voz del diputado Adrián Grana, advirtió que la sanción propuesta en el texto oficialista –de uno a tres años de prisión- era excesiva. Se sumaron otras voces de la oposición. Fue entonces cuando el diputado Martín Lousteau (Evolución Radical) pidió el regreso del proyecto a la comisión: a esa altura, la discusión sobre la letra fina del proyecto estaba generando demasiadas diferencias. La moción se aprobó con 115 votos positivos (de la oposición), 84 negativos (del oficialismo) y 2 abstenciones, una de las cuales correspondió al jefe del bloque de Pro, Nicolás Massot.

Desde el primer momento la discusión de este proyecto de ley, auspiciado por el Poder Ejecutivo, estuvo marcado por las dificultades. Nació al calor de la polémica que generaron los desmanes en las inmediaciones del estadio Monumental, hace un mes, en vísperas del superclásico entre River y Boca. A manera de gesto político, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich reflotó el proyecto que había presentado hace dos años y lo envió de apuro al Congreso, en las sesiones extraordinarias de este mes. Sin embargo, el texto fue cuestionado no sólo por la oposición, sino también por sectores del oficialismo, que le criticaron su excesiva punibilidad.

El oficialismo corrigió el texto y, en la sesión de anteayer, la oposición decidió apoyarlo en general. Todos estaban de acuerdo con la idea general del proyecto, esto es, evitar la violencia en el fútbol y desarticular el financiamiento ilegal de los barrabravas. Sin embargo, las diferencias persistían en algunos artículos, sobre todo en las penalidades de algunos de los delitos allí establecidos. Finalmente se decidió su retorno a la comisión.

"No queremos adjetivar. Se han hecho esfuerzos muy grandes, no es un problema individual de la presidenta de la comisión (de Legislación Penal, Gabriela Burgos), pero este es un tema muy complejo para tratarlo de la manera en que lo hemos tratado", advirtió el kirchnerista Adrián Grana. "Lo más serio es no seguir con el tratamiento, porque vamos a hacer un mamarracho legislativo", agregó.

El proyecto oficialista establece tres líneas de acción para penalizar los delitos en el fútbol. Respecto de los ya existentes en el Código Penal (como homicidio, lesiones graves, abuso de armas, robo), el mínimo y el máximo de las penas se incrementan en un tercio. Además, impone nuevos tipos penales, como el ingreso a un estadio de elementos que pudieran provocar daño (armas, bengalas, elementos contundentes); la venta irregular de entradas; el cuidado de coches sin autorización (trapitos) y el entorpecimiento de los medios de transporte que se dirigen desde y hacia el espectáculo deportivo. En todos estos casos se establecen penas de prisión que varían, según el delito, de uno a seis años.

Además, establece fuertes multas a la entidad futbolística cuando los delitos arriba mencionados hubiese sido cometido por alguno de sus directivos. Asimismo, se los penaliza con prisión de dos a seis años y fuertes multas si se comprueba que incurrieron en enriquecimiento ilícito.

"Existe una incompatibilidad natural entre el deporte y la violencia y es responsabilidad del Estado, de la dirigencia de los clubes y de la AFA desalentar estas conductas mafiosas y extorsivas de los violentos del fútbol", enfatizó Daniel Scioli (FPV), presidente de la Comisión de Deportes. No obstante, el diputado kirchnerista criticó que el proyecto oficialista se focalizara en el aspecto punitivo y no tanto en la prevención de la violencia.

La votación en general, antes de que se trabe el proyecto