Liporaci denunció una campaña contra los jueces

La oposición espera al Consejo para pedir juicios políticos

5 de Septiembre de 1998

En una suerte de contraataque, el juez federal Carlos Liporaci denunció ayer ante los periodistas acreditados en Tribunales la existencia de una "campaña destinada a desprestigiar solamente a los jueces federales", pero no precisó quiénes la llevan adelante. "Alguien interesado o algunos interesados", sugirió apenas.

Liporaci se concentró en las características de la supuesta campaña. "Todos los cuestionamientos de ninguna manera están reflejados o imputados a nuestra actividad jurisdiccional, sino respecto de nuestra vida privada", dijo, según reprodujo la agencia DyN.

Liporaci fue acusado por el ex secretario de su juzgado, Guillermo Gowland, de haber ordenado la intervención del teléfono de un empleado en un sumario administrativo; de haber recibido coimas para aliviar la situación procesal del empresario Alberto Samid y de firmar órdenes de allanamiento en blanco. Ello dio origen a una causa penal que instruye el juez federal Jorge Urso, mientras la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decide si inicia el proceso para proponer al Senado su destitución.

La impiedad

En los juzgados de Comodoro Py y en Tribunales se habla de la impiedad de la clase política para con los jueces federales. Esta "falta de contención", como la definió un fiscal de Cámara ante La Nación , se traduce en que el fuero considerado como más cercano al oficialismo esté hoy "al garete", en palabras de un hombre del Gobierno.

Por eso, la decisión de Diputados de rechazar los pedidos de juicio político contra Urso y contra la camarista Luisa Riva Aramayo, y el trascendido de que harían lo mismo con el de Liporaci, devolvieron un poco de tranquilidad a Comodoro Py.

El estado de incertidumbre se arrastra desde el triunfo opositor en las elecciones del 26 de octubre último. A partir de entonces, algunos jueces comenzaron a compartir entre sí y con allegados su preocupación por el futuro.

Hasta allí, el oficialismo se había mostrado dispuesto a defenderlos ante los pedidos de juicio político sostenidos por la oposición. ¿Qué pasaría si esa cobertura no existiera?

El fantasma pareció corporizarse cuando estalló el caso Oyarbide y las denuncias contra Liporaci. El juez federal Adolfo Bagnasco cuestionó entonces en nombre de todos a la clase política. "Yo no soy mejor que Liporaci", dijo, seguro de que el prestigio adquirido por la instrucción de la causa IBM-Banco Nación elevaba al acusado en la comparación. Hoy él es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En medio de la crisis, algunos magistrados se sintieron desamparados. Fuentes oficialistas pusieron como ejemplo a Urso, quien habría vivido con preocupación una denuncia en su contra presentada por la Cámara Federal, incluidos los miembros de la Sala I, tradicionalmente identificados con el Gobierno.

La independencia

Fue entonces cuando circularon en el gabinete nacional mensajes llegados de Comodoro Py sobre una nueva "independencia". Los jueces federales advertían que ya no escucharían en el futuro sugerencias de la Casa Rosada y que hasta podrían promover causas contra funcionarios del Gobierno, según contó un ministro en ejercicio a uno de los abogados que consultó el último fin de semana.

La misma versión afirmaba que Urso había enviado preocupados mensajes a la Alianza (hombres del Gobierno dicen que a Raúl Alfonsín; allegados a éste lo niegan; al menos el carácter de gestión "directa") en busca de "contención". No habría habido respuesta.

Es verdad que Alfonsín piensa que la Alianza no debe emprender una cacería en el Poder Judicial, sino planificar cómo gobernar con estos jueces y esta Corte Suprema de Justicia. Está convencido de que ellos serán los primeros, llegado el caso, en poner tras las rejas a miembros del actual gobierno.

Por eso ha mantenido siempre una línea de diálogo con la Corte y se resistió a impulsar el juicio político de la mayoría oficialista de ese tribunal. Sólo aceptó que fuera suscripto por los legisladores radicales para preservar la unidad de la Alianza.

La pausa

Esta diferencia en la principal fuerza opositora y la convicción de que el Congreso es una vía inútil para promover el desalojo de jueces denunciados (creen que el Senado peronista salvará incluso al juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi) han llevado a sus legisladores a no impulsar pedidos que reservan para cuando se constituya el Consejo de la Magistratura.

La misma estrategia se ha planteado el cavallismo, auténtico fantasma al que los habitantes de Comodoro Py atribuyeron muchos de sus males. En la concepción cavallista, el fuero federal es "un sistema de agresión y defensa" del menemismo y, por tanto, la promoción de denuncias contra los jueces tenía el sentido de responder a las diferentes causas que éstos instruían contra Domingo Cavallo o sus hombres, como en una guerra.

Rige una suerte de tregua no declarada desde que la ofensiva tribunalicia contra Cavallo menguó, aunque sus hombres aún cocinan un pedido de juicio político contra Claudio Bonadío.

En medio de la naciente campaña electoral, el Poder Judicial debe lidiar consigo mismo. Una leyenda que circula entre los fiscales atribuye a Germán Moldes, ex funcionario menemista devenido fiscal de la Cámara Federal (de sorpresiva licencia en Italia), una frase lapidaria: "Quieren justamente lo que no podemos darles: Justicia". Que sea mentira será tarea, por ahora, de la misma Justicia.

Gabriel Pasquini

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