Llega al Senado el debate del Código Procesal Penal, con eje en las deportaciones

Con el debate a flor de piel por la expulsión del país de los extranjeros que sean sorprendidos delinquiendo, el Senado iniciará hoy la discusión en comisiones del voluminoso proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal (CPP), iniciativa que genera polémica no sólo entre oficialismo y oposición, sino que también provocó divisiones en el interior del kirchnerismo.

El proyecto será debatido en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que recibirán, a partir de las 15, al ministro de Justicia, Julio Alak , y a su segundo y secretario de Justicia, Julián Álvarez.

La intención del oficialismo en la Cámara alta es llevarlo al recinto en la última semana de noviembre, es decir, un poco más de un mes. De hecho, el debate en comisiones continuará pasado mañana y se prevé que, hasta fin de mes, se realizarán dos reuniones semanales para analizar los 349 artículos del código.

Los funcionarios irán al Senado a defender una iniciativa que, en sus puntos centrales, entrega la conducción de la investigación a los fiscales, reduce el papel de los jueces a garantizar el debido proceso y a dictar sentencia y limita a tres años la duración de los juicios penales.

Además, crea 17 nuevas fiscalías, 20 nuevas defensorías y otros 1173 cargos. La puesta en práctica del nuevo código no dependerá de la aprobación parlamentaria -que el oficialismo podría estar alcanzando antes de fin de año si se lo propone-, sino de la sanción de una ley de aplicación, que deberá ser discutida por una comisión bicameral que crea el proyecto que contiene el nuevo CPP.

Pero el proyecto también ordena la expulsión inmediata de los extranjeros sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito cuya pena mínima no supere los tres años, siempre y cuando no tengan familia en el país, e introduce el concepto de "conmoción social" como parámetro para dictar la prisión preventiva.

Precisamente, estos dos puntos son los que han dividido las aguas en el conglomerado político y social oficialista.

Así, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró la deportación de extranjeros como un retroceso en la política migratoria aplicada por el kirchnerismo desde su llegada al poder. El director de la Biblioteca Nacional y referente de Carta Abierta, Horacio González, por su parte, consideró "una respuesta a la justicia mediática" la introducción del concepto de conmoción social en un código de rito como el nuevo CPP que impulsa el Poder Ejecutivo.

En rigor, el impacto real del nuevo CPP en este tema será reducido si se tiene en cuenta que sólo el 6% de todos los presos que hay en la Argentina hoy son extranjeros y a ello se debe sumar que no todos son ilegales para que los alcance la norma.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, apoyó ayer de manera enfática la expulsión de extranjeros sorprendidos delinquiendo, tal como prevé el proyecto, y reclamó a los legisladores que avanzaran con celeridad en el tratamiento del nuevo CPP.

Por otra parte, la oposición política manifestó sus reservas sobre el contenido de la iniciativa. Si bien reconocieron la necesidad de modernizar el Código Procesal Penal y de agilizar las causas penales, manifestaron sus dudas ante las amplias facultades que ganarán los fiscales y, sobre todo, la cuestionada procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

"El nuevo código en manos de Gils Carbó sería meter el caballo de Troya en el Palacio de Justicia", afirmó el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut), quien acusó a la procuradora de tener "reiteradas actitudes de complicidad con el poder político".

El senador Luis Juez (FAP-Córdoba) también criticó el proyecto. "El Gobierno pretende instalar que va a hacer algo o está haciendo en materia de seguridad y eso es una gran mentira, ningún código te protege de la inseguridad", afirmó.

El oficialismo en el Senado se encolumnó con rapidez detrás de la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

"La idea es otorgar a la Justicia las herramientas procesales que permitan más celeridad y mejorar esta sensación que hay en la sociedad de que o hay sentencias y que hay largos procesos que no llegan a un veredicto final", dijo Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos), presidente de la Comisión de Justicia, que será cabecera del debate del nuevo código en el Senado.

Por su parte, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), se ocupó de alejar los fantasmas de un nuevo trámite parlamentario exprés de una iniciativa del Gobierno y recordó que en la comisión que preside Guastavino ya se venían discutiendo desde abril iniciativas relacionadas con modificaciones al CPP.

"Hay un trabajo de cinco meses que ratifica los grandes lineamientos de los proyectos presentados", explicó. Pichetto también rechazó las versiones, impulsadas desde la oposición, acerca de que la puesta en vigor del nuevo CPP implicará la prescripción de los procesos en trámite. "El nuevo código es para adelante, no afecta a las causas en curso", sentenció.

La defensa del cuestionado proyecto oficial

Julio Alak

Ministro de Justicia

El funcionario expondrá hoy ante las comisiones del Senado que darán inicio al debate del nuevo Código Procesal Penal. Lo acompañará su segundo, el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

Celeridad

El oficialismo anunció su intención de que los cambios al código se discutan en el recinto de la Cámara alta en la última semana de noviembre.

En comisión

A partir de hoy y por las próximas cuatro semanas, las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda se reunirán dos veces por semana.

Sanción y vigencia

De todas maneras, una vez sancionado el nuevo código no entrará en vigor hasta que no se apruebe una ley de aplicación que deberá tratar una comisión bicameral.