Llega la SIP para auditar la libertad de expresión

Se reunirá con funcionarios del Gobierno, ONG, jueces y legisladores
Adrián Ventura
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3 de mayo de 2011  

Llega hoy a la Argentina una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para analizar el estado de la libertad de expresión. Lo hará en un contexto de crecientes quejas contra el Gobierno por la manipulación de la publicidad oficial; el acoso a Papel Prensa y a los diarios; la estrategia para desarticular a los medios audiovisuales más críticos, y una política de fuertes inversiones públicas en la televisión digital.

La comitiva estará encabezada por el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, que vendrá acompañado de Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información; María Elvira Domínguez, titular de la Comisión Chapultepec; Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.

El miércoles y jueves, la misión tiene prevista una amplia agenda, que incluye reuniones con el secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina; ONG; legisladores; jueces de la Corte Suprema; la Conferencia Episcopal; periodistas independientes, y con las organizaciones de prensa (ADEPA y Adira).

El escenario que encontrará la SIP es el siguiente:

Publicidad oficial. De los $ 29,9 millones distribuidos por el Poder Ejecutivo durante el primer trimestre de este año, la tajada más grande de la torta fue para los oficialistas Tiempo Argentino, que recibió $ 5,5 millones, y Página 12, más de 4 millones. En cambio, los periódicos independientes y de mayor circulación, Clarín y LA NACION, percibieron sólo $ 500.000 y 301.000, respectivamente, en el mismo período.

Algo parecido ocurre en la TV abierta: en el primer trimestre de 2011, Télam destinó a El Trece, líder de audiencia en 2010, apenas el 0,7 por ciento del presupuesto, mientras que Canal 9 se lleva el 61,5%. Durante el año último, la proporción entre esos canales había sido similar.

Por otra parte, el 19 de febrero último, la Corte le ordenó al Poder Ejecutivo entregarle publicidad oficial a la Editorial Perfil, pero, hasta ahora, el Gobierno no cumplió el fallo.

Bloqueos a los diarios . En los últimos seis meses, las plantas de LA NACION y Clarín sufrieron cinco medidas de fuerza. Y la edición dominical de Clarín del 27 de marzo no pudo ser distribuida -dos jueces le habían ordenado al Gobierno evitar los bloqueos, pero el Ministerio de Seguridad desoyó los fallos-.

Papel Prensa. Desde 2009, el Gobierno y la Comisión Nacional de Valores avanzan contra la empresa, para controlar la distribución de papel y presionar a los diarios. En 2010, un juez comercial intervino la firma, pero la Cámara Comercial revocó esa decisión porque carecía de fundamentos y el Gobierno presentó un recurso ante la Corte. Además, el Gobierno insiste en involucrar a los directores de los diarios LA NACION y Clarín, sin prueba alguna, en un caso de violación a los derechos humanos.

Cables. Los prestadores enfrentan varios problemas. La Autoridad Federal de Aplicación (Afsca) les ordenó adecuar la grilla mediante la resolución 296/10. Cablevisión y Direct TV no aceptan esta medida, que parece beneficiar a los canales oficialistas (por ejemplo, CN23, del Grupo Spolsky). Cablevisión ya recibió 80 multas. Además, Afsca obliga a los cables a subir la señal pública Paka Paka.

Un fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca, adverso a Cablevisión, está en la Corte. Otra sentencia de primera instancia benefició a Pramer (señal de Clarín). El temor es que la Afsca aplique una sucesión de sanciones para llegar a disponer la caducidad de la licencia.

Otro problema es el precio máximo del abono: la Secretaría de Comercio dictó las resoluciones 36/10 y 50/10, y lo fijó en 109 pesos. Ningún operador lo respeta, pero la empresa de Cablevisión obtuvo una medida cautelar en la justicia federal de Córdoba, con aplicación en todo el país. Ayer, sin embargo, la Secretaría de Comercio desconoció el fallo y prorrogó el precio máximo hasta junio.

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones (resolución SC 100/10) dispuso la nulidad de la fusión de Fibertel y Cablevisión, contrariando otros dictámenes anteriores del propio Estado. Un fallo de un juez federal suspendió esa medida.

Ley de medios 26.522. Semejante a la ley de Venezuela, incluyó prohibiciones que no existen en ninguna democracia avanzada. El Grupo ICK (Santiago del Estero) logró que un juez suspendiera la aplicación del artículo 45, que le impediría continuar prestando servicios de cable y aire en forma simultánea. Por su parte, la Corte avaló una medida cautelar que, a pedido del Grupo Clarín, suspendió la obligación de desinvertir (artículo 161).

TV Digital Terrestre. A partir del decreto 364/10, el Gobierno hace una fuerte inversión: instaló 18 antenas que emiten en la Capital y en siete provincias; distribuyó casi medio millón de decodificadores, y llamó a licitación para el tendido de 8000 kilómetros de fibra óptica. La mayoría de las 16 señales que transmite son afines al Gobierno; se subió Telefé y Canal 9 y pronto se sumará una señal de Electroingeniería. La señal de cable CN23 se difunde por ese medio en forma gratuita en todo el país.

Censo . El Gobierno obligó a todos los medios audiovisuales a censarse. Nunca difundió el resultado, pero habría unas 15.000 radios y canales. Según los expertos, se censaron falsos prestadores que salieron a las apuradas a comprar equipos de transmisión que nunca usaron, para aspirar a licencias en el futuro, mientras que otros medios ya establecidos corren riesgo de perder sus permisos. Además, nunca se licitaron nuevos canales de aire.

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