Los bienes de la corrupción: el oficialismo busca salvar el decreto

El oficialismo confía en que la sangre no llegará al río. Cree que, por cuestiones de pragmatismo electoral, el peronismo no kirchnerista no se atreverá a voltear en el Congreso el decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Mauricio Macri sobre extinción de dominio, el cual faculta al Estado a recuperar los bienes de la corrupción y otros delitos. Sin embargo, el oficialismo no debería confiarse demasiado: ni bien comience el período de sesiones ordinarias, la oposición insistirá en la sanción de una ley.

Los legisladores de Cambiemos habían advertido días atrás a la Casa Rosada el traspié que sufrirían en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Sus vaticinios finalmente se cumplieron: anteayer el kirchnerismo y el peronismo unieron filas en aquella comisión y rechazaron el DNU sobre extinción de dominio que había dictado el Presidente en enero pasado. Sin embargo, el decreto continuará vigente a menos que ambas cámaras del Congreso se pronuncien explícitamente por el rechazo. El oficialismo confía en que no se llegará a esa instancia.

"En plena campaña electoral, ¿quién del peronismo no kirchnerista va a exponerse en el recinto para voltear un decreto que no es otra cosa que un reclamo social para que el Estado recupere lo robado de la corrupción? Si lo hacen, van a quedar emparentados con el kirchnerismo y sus corruptelas. Para nosotros sería negocio porque los vamos a apuntar públicamente", acicatean en el oficialismo.

El peronismo no kirchnerista se sabe en una encrucijada. El Frente para la Victoria, en la voz del diputado Agustín Rossi, anticipó ayer que pedirá una sesión especial el mes próximo para discutir el rechazo del decreto. En las filas de Alternativa Federal y del Frente Renovador bucean otras alternativas; una de ellas es la de convocar a una sesión para avanzar en el tratamiento del proyecto sobre extinción de dominio que está en trámite en Diputados. La sanción de una ley dejaría inmediatamente sin efecto al decreto.

"Al Gobierno no le importa que haya una ley de extinción de dominio; por razones electorales apeló al atajo del decreto, a sabiendas que es claramente inconstitucional. Nosotros queremos que haya ley y vamos a insistir con la media sanción de la Cámara de Diputados, la que impulsamos con Sergio Massa", desafió la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño.

La diputada massista advierte, al igual que el resto de la oposición y varios juristas, que el decreto presidencial sobre extinción de dominio peca de inconstitucional porque avanza en materia penal, lo que está vedado por la Carta Magna. Además, al momento de su dictado estaba vigente la media sanción de un proyecto sobre la materia que aprobó el Senado el año pasado; el trámite está pendiente en la Cámara de Diputados. "No hay razón para la necesidad ni para la urgencia. Si no lo rechaza el Congreso lo hará la Justicia", insisten en el peronismo.

El oficialismo observa con atención los pasos de sus rivales. Una ley de extinción de dominio aprobada por la oposición que derogue el decreto del Presidente sería vista como una fuerte derrota en plena campaña electoral. De todas maneras ven improbable que este peligro se concrete: sucede que dentro de las filas del PJ persisten las diferencias sobre la extinción de dominio.