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Los cambios clave de la cuestionada iniciativa

Sólo el oficialismo no resigna poder
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23 de febrero de 2006  

La reforma del Consejo de la Magistratura que se debatió ayer en la Cámara de Diputados reduce de 20 a 13 los miembros del cuerpo que selecciona y acusa a los jueces y tiene a su cargo la administración del Poder Judicial.

Hoy, el Consejo está formado por cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro diputados (dos por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda), cuatro senadores (dos por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda), dos académicos, un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que encabeza también el Consejo.

La reforma reduce los miembros del Consejo a 13. Tanto los jueces como los académicos pierden un representante; los abogados pierden dos; desaparecen las segundas minorías de las cámaras del Congreso (hoy son ARI y los partidos provinciales) y también deja su lugar el presidente de la Corte.

El aspecto más polémico de la reforma es que, con esta nueva conformación, el oficialismo será el único sector que no perderá poder: retendrá sus cinco representantes (sus dos senadores, sus dos diputados y el representante del Poder Ejecutivo) y, además, obtendrá "poder de veto".

Esto significa que ningún juez podrá ser acusado ni seleccionado para integrar una terna sin el aval del oficialismo, ya que esas decisiones deben ser aprobadas por una mayoría calificada de dos tercios.

  • La reforma también prevé que se fusionen las comisiones de Disciplina y Acusación y que, de esta nueva comisión unificada, puedan participar los jueces, que hoy no integran la comisión que investiga a sus pares.
  • Se establece un plazo para las investigaciones contra los jueces: deberán ser resueltas en un plazo máximo de tres años. La conveniencia de incluir este término fue debatida en varias reuniones del Consejo durante el año pasado. Los jueces estaban en favor del plazo, pero varios consejeros se opusieron a su inclusión porque -denunciaron- permitiría que quedaran impunes hechos de mal desempeño de los magistrados.
  • Cuando comience a regir la reforma todas las reuniones de las comisiones pasarán a ser públicas (hoy las de Disciplina son reservadas).
  • Las modificaciones no sólo afectan al Consejo de la Magistratura; también alcanzan al Jurado de Enjuiciamiento, el cuerpo que decide si remueve o no a los jueces que fueron acusados por el Consejo. Con la reforma, el Jurado -entre otros cambios- dejará de tener integración permanente y se convertirá en un tribunal ad hoc, que se renovará cada seis meses, por sorteo.
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