Los canales abiertos de un diálogo que inició Cristina

Los canales habituales entre el gobierno de Cristina Kirchner y el Poder Judicial siempre reconocieron dos vías: la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y la Procuración General de la Nación. Pero las versiones más creíbles, aunque negadas por la Casa Rosada, indicaban ayer que el fallo de la Corte Suprema que convalidó la constitucionalidad de la ley de medios fue negociado, desde hace más de tres meses, por la propia Presidenta, que ahora está con reposo médico.

Según confiaron a LA NACION fuentes bien informadas, participó activamente el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, que dos semanas antes de las elecciones primarias abiertas del 11 de agosto último visitó el Palacio de Tribunales para entrevistarse con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

En esas mismas usinas se pudo saber también que una semana después, el viernes anterior a esos comicios, Cristina Kirchner mantuvo un diálogo telefónico con una de las juezas del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco.

"En estos casos no puede decirse que hubo presiones indebidas, sino alegato de oreja, como suele decirse en ámbitos judiciales. Porque el Gobierno es parte afectada", dijo a LA NACION un conocedor de esas conversaciones. Según esa lectura, al ser parte interesada, las sugerencias por fuera del expediente no tendrían la gravedad de una presión sobre la Justicia.

En la Casa Rosada niegan cualquier tipo de gestión. "¿Cómo negociaría con una Corte que nos votó todo en contra?", resumió ayer un funcionario del primer piso de la Casa Rosada.

Ese criterio no tiene en cuenta que el máximo tribunal podría fallar en contra de los intereses de la Casa Rosada en ciertos casos, como la reforma judicial, y compensar en otros, como en este caso.

Sin embargo, el discurso que enarbolaron los funcionarios oficiales era que todos se sorprendieron por el fallo debido a que esperaban "lo peor" de la Corte.

De todos modos, las presiones fueron públicas antes de las elecciones del domingo último. El titular de la Autoridad Federal de Medios Audiovisuales (Afsca), Martín Sabbatella, dijo el 17 de octubre pasado que "la democracia exige que se exprese urgente" la Corte Suprema. O sea antes de los comicios legislativos.

Desde luego, la aspiración del Gobierno era que lo hiciera en contra de la inconstitucionalidad planteada por el Grupo Clarín.

Entre el Poder Judicial y el Gobierno siempre existieron dos canales. El sector de la ex SIDE tenía varios negociadores. "Pero en este caso no actuaron. No son interlocutores de la Corte", confiaron a LA NACION las fuentes. El director general de Operaciones de la secretaría, Jaime Stiusso, tiene llegada a algunos jueces, especialmente del fuero Federal Penal.

También entraba en escena el abogado Javier Fernández, con lazos con el fuero Contencioso Administrativo Federal. Se trata de uno de los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), vinculado con el ex subsecretario de esa secretaría Darío Richarte, de la época de la presidencia de Fernando de la Rúa. Ambos tenían vínculos con el actual subsecretario de Inteligencia, Francisco Larcher, y con Stiusso.

Pero este sector rompió con la Casa Rosada cuando Larcher no informó a la Presidenta que Sergio Massa se lanzaría como candidato a diputado en junio último. Y esa distancia se profundizó en las últimas semanas: el Gobierno le atribuye a Larcher haber acordado con Massa la difusión por las redes sociales el video en el que el legislador y candidato a diputado del FPV Juan Cabandié increpaba a una agente de tránsito.

El massismo niega el acuerdo. Stiusso se corrió de la escena y de la línea de fuego. Se recostó sobre su costado profesional para que la línea histórica de la ex SIDE no se involucrara en política.

El otro canal abierto con la Justicia siempre fue Zannini. Operaba en los viejos tiempos del kirchnerismo con el ex procurador general de la Nacion Esteban Righi. Tenían llegada a Zaffaroni, a otros miembros de la Corte y a varios magistrados del ala progresista.

Cuando renunció Righi, tras un escándalo de denuncias que involucraban al vicepresidente Amado Boudou, ese lugar lo ocupó la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó. La funcionaria promovió la agrupación de jueces y fiscales kichneristas Justicia Legítima. En los últimos días se dijo que buscó influir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para desactivar una presentación de periodistas contra presiones del Gobierno a la prensa y a favor de la libertad de expresión.