Los cuadernos de las coimas: también investigan a las empresas por evasión y lavado
El efecto dominó ya comenzó. El juez federal Claudio Bonadio solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) que analice los números de todas las empresas que admitieron o se sospecha que pagaron sobornos al equipo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido , confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.
La orden de Bonadio implicará, en la práctica, que todas las empresas que confesaron que tenían dinero en negro, fuera de sus balances, afrontarán acusaciones administrativas por evasión, con penalidades que pueden llegar al 70% de los montos de los sobornos, como así también en sede judicial, en el fuero Penal Económico, aunque las derivaciones llegarán tan lejos como hasta Estados Unidos .
El objetivo de Bonadio es verificar cuál fue el origen del dinero en efectivo que se entregó al número dos de De Vido, Roberto Baratta , y otros funcionarios de Planificación Federal, como así también cotejar cuál era la situación financiera de cada empresa cuando efectuaron esos pagos ilegales. Es decir, verificar si esas compañías estaban realmente en una situación de ahogo financiero, como los empresarios arguyeron al acogerse al régimen del arrepentido.
La AFIP ya había iniciado de oficio la revisión de los números de algunas empresas, mientras que otras ya arrastraban investigaciones por presunta evasión. "Se está revisando y pidiendo explicaciones sobre lo declarado ante el organismo y ante la Justicia", confirmaron desde la AFIP a LA NACION.
La orden de Bonadío, volcada en un oficio, implicará en la práctica una nueva fase en el caso de los llamados " cuadernos de las coimas ". Porque ya no solo conllevará que los empresarios y ex funcionarios deban rendir cuentas ante la Justicia, sino ante el fisco argentino por lo que en la jerga se denominan "salidas no documentadas" de sus balances.
"Todas estas empresas presentaron declaraciones juradas tributarias ante la AFIP y ahora resulta que admiten ante la Justicia que en realidad tenían dinero negro, por fuera de sus balances, que utilizaron para pagos ilegales", explicó un consultor tributario a LA NACION. "Con esas confesiones, la AFIP tiene ahora que revisar todos sus números y aplicarles un 35 por ciento de alícuota, por el impuesto a las Ganancias que no pagaron por esos fondos en negro, más otro 35 por ciento de multa. Es decir, un 70 por ciento. Una fortuna".
El efecto dominó debería llegar más lejos. Porque las empresas y sus máximos responsables afrontarán también la apertura de investigaciones por evasión agravada en el fuero Penal Económico, dado que los montos de las coimas que confesaron superan el umbral fijado por la ley para abrir dichas investigaciones.
Impacto en Estados Unidos
No sólo eso. Otra ficha del dominó pasará ahora por los contadores y auditores externos -que incluyen a algunas de las llamadas "big four"- también podrían afrontar serios problemas y rendir cuentas, tanto en la Argentina como en Estados Unidos por certificar balances que, ahora se sabe, se manipularon.
Estados Unidos será escala ineludible, también, para aquellas empresas que cotizan en alguna bolsa de valores de ese país. Sujetas a la legislación sobre prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA, en inglés), también deberán informarle lo ocurrido a la Comisión de Valores (SEC) de ese país, que abrirá "filings" con sanciones en el horizonte. Eso, según indicaron fuentes en aquel país a LA NACION es, ya, una realidad.
En Buenos Aires , en tanto, las eventuales derivaciones son inagotables. "Si Bonadio quiere, acá pueden terminar desfilando por tribunales desde los auditores internos y externos, a gerentes de las sucursales y los oficiales de cumplimiento antilavado de los bancos con los que operó cada empresa confesa", indicó a LA NACION, precisamente, un oficial antilavado de una de las principales entidades bancarias del país.
En la práctica, Bonadio no haría más que seguir la senda que trazó ya el ex contador de los Kirchner , Víctor Manzanares. Porque así como para defenderse en la Justicia, Lázaro Báez reclamó que la investigación no se ciñera a él sino que abarcara a las empresas que integran la Cámara Argentina de la Construcción, varias de las cuales ahora confesaron ante el juez Bonadio, también Manzanares resultó profético al defenderse en la causa por presunto lavado a través de los hoteles de la otrora familia presidencial. Para defenderse en esa investigación penal, Manzanares pidió que el juez ordenara auditorías sobre todas las cuentas bancarias, se investigara también al Banco Central , "en especial la Superintendencia de Entidades Financieras" y a todos los bancos en los que operaron cuentas los Kirchner. Incluso pidió que revisara la actuación de los entonces "responsables de las áreas de prevención del delito del lavado de activos", es decir de la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo mismo, en suma, que ahora puede ocurrir en la causa por "los cuadernos de la corrupción".
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