Conflictos en el interior / La estrategia de las provincias. Los gobernadores acordaron una postura común en la negociación

Scioli, Bonfatti, Urribarri y De la Sota mantuvieron contactos permanentes; convinieron en no negociar con los policías y fijaron un sueldo básico similar para desactivar los reclamos

10 de Diciembre de 2013

Gabriel Sued

LA NACION

Los contactos fueron directos y permanentes. Después de una semana de conflicto, los gobernadores de las provincias más afectadas por la ola de protestas policiales acordaron cerrar filas y fijar una postura unificada : establecer un sueldo mínimo de entre 8000 y 9000 pesos para las fuerzas de seguridad, pero sin entrar en negociación con los policías rebeldes.

A esa posición común llegaron ayer José Manuel de la Sota (Córdoba), Daniel Scioli (Buenos Aires), Sergio Urribarri (Entre Ríos) y Antonio Bonfatti (Santa Fe). De todos modos, la realidad de cada provincia se empecinaba anoche en poner en duda el plan unificado de los mandatarios, algunos obligados a entrar directa o indirectamente en tratativas con los rebeldes.

A medida que la gravedad de la situación iba creciendo, con saqueos y servicios básicos afectados, los gobernadores entendieron que la resolución de la protesta no podía tener un abordaje aislado, sino que se debía elaborar una estrategia común. Si en el comienzo de la crisis había sido clave el efecto dominó, la solución a la que se llegara en un distrito inevitablemente influiría en el resto. Ésa fue la lógica que primó entre los mandatarios.

Las llamadas, que habían comenzado en los últimos días, se intensificaron ayer, el día en que la crisis afectó a la mitad de las provincias del país. No importó el partido político ni el proyecto presidencial para el que milita cada uno de los gobernadores. La temperatura de la crisis los obligó a dejar de lado las diferencias y trabajar en conjunto.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, fueron los interlocutores permanentes del gobierno nacional ante las administraciones provinciales.

La coordinación de las tareas de seguridad con el gobierno nacional también funcionó sin sobresaltos. Después de la experiencia cordobesa, en que la Casa Rosada y la provincia se acusaron mutuamente sobre el momento en que se enviaron efectivos nacionales, los gobernadores destacaban ayer que estaban siendo auxiliados por la Gendarmería y la Prefectura. "Recién hoy se está tomando verdadera conciencia de la gravedad de la situación", dijeron anoche cerca de uno de los gobernadores.

El sueldo básico de 8000 pesos fijado por Córdoba, el distrito donde el martes pasado empezó el conflicto y donde el gobierno local logró encauzar la situación, enseguida se convirtió en un número de referencia para las otras provincias: el gobernador Bonfatti ofreció 8100 pesos; Scioli decretó un mínimo de 8570, y Urribarri fijó la cifra en 8434.

Pese a que la intención de los gobernadores era determinar el aumento de manera unilateral, los mandatarios se vieron obligados a mantener algún tipo de negociación con los voceros de las protestas. El caso más notable fue el del mandatario de Entre Ríos, que había dicho que su gobierno no iba a negociar con los rebeldes, a los que acusó del delito de sedición. Anoche los policías rebeldes exigían su presencia para deponer la protesta.

También Bonfatti debió hacer una segunda propuesta para procurar desactivar la crisis. Cerca del gobernador de Santa Fe se mostraron muy preocupados por la magnitud del conflicto. "El Estado no está cumpliendo con su función básica de garantizar la vida y el bienestar de las personas", dijo a LA NACION uno de los dirigentes que estuvieron en la declaración pública que encabezó Bonfatti, acompañado de su gabinete.

Aferrado al plan acordado con sus colegas, Scioli no participó personalmente de las negociaciones y fijó la nueva escala salarial por decreto. Al cierre de esta edición, los policías en protesta en La Plata aún no habían decidido si iban a aceptar la decisión del gobernador.