Los gremios ponen la mira en el empleo en negro

Después de los anuncios oficiales sobre los cambios en el impuesto a las ganancias y asignaciones familiares , el sindicalismo focalizará ahora sus presiones en demandar nuevas iniciativas para combatir el trabajo no registrado, conocido también como empleo en negro.

El 32% de los asalariados no está registrado, según los índices que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Es decir, serían más de 4.000.000 de personas las que no cuentan con aportes jubilatorios ni obra social.

Preocupado por el índice, el Gobierno activa la Comisión Contra el Trabajo No Registrado, que se reunirá el jueves próximo, a las 12, en la sede de la cartera laboral. Asistirán allí funcionarios, las cámaras empresariales y representantes de las centrales obreras afines a la Casa Rosada. Será la continuidad del diálogo económico y social al que convocó la presidenta Cristina Kirchner hace tres semanas, en Río Gallegos. "Es prioritario ahora combinar con los empresarios y el Gobierno una política para combatir el trabajo en negro. Es un asunto que pide una solución cuanto antes", reconoce a LA NACION Antonio Caló, el jefe de la CGT oficialista. Los sectores laborales más perjudicados por la irregularidad son el rural, el doméstico, el comercio y el de la construcción.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, evalúa un paquete de iniciativas que serán debatidas el jueves en la mesa con los empresarios y sindicalistas. El plan contempla cinco ejes centrales: reforzar la fiscalización en todo el país con más inspectores y más herramientas; instrumentar formas de sanción o disuasión a empleadores evasores, y activar un registro de evasores; promover un sistema de incentivos para los pequeños y medianos empleadores; crear un área que investigue el fraude laboral, y lograr una mayor intervención en los sectores más críticos, como el trabajo rural y doméstico, que ya cuentan, además, con el respaldo de las leyes que se promulgaron recientemente en el Congreso.

Durante los últimos tres años, el índice de trabajo no registrado a nivel nacional estuvo entre el 37 y el 32%, que es como está actualmente. En algunas provincias supera el promedio. Pero si se toma la última década se exhibe un importante retroceso, ya que en 2003 la estadística alcanzaba el 50%. Por entonces, el Ministerio de Trabajo contaba con 20 inspectores en todo el país. Ni siquiera uno por provincia. Hoy, ya suma unos 500, según fuentes del organismo consultadas por LA NACION.

En reserva, los gremialistas y empresarios coinciden que el empleo en negro no rompe con la barrera del 30% desde hace mucho tiempo porque desde ambas partes "existen especulaciones". Es decir, se sellaría un acuerdo tácito para evitar el pago de cargas impositivas y sociales por parte del empleador, y del impuesto a las ganancias, por parte del empleado. Pero ahora, con el nuevo régimen tributario, que exceptúa del aporte a Ganancias de los sueldos hasta 15.000 pesos, este tipo de lucros podrían disminuir.

El sindicalismo opositor será excluido del encuentro del jueves en el Ministerio de Trabajo. No irán la CGT de Hugo Moyano ni la CGT de Luis Barrionuevo. Tampoco fue invitada la CTA que encabeza Pablo Micheli, uno de los principales impulsores de los reclamos en contra del empleo no registrado y de las tercerizaciones.

Desde la central moyanista se objetó, a través de un documento, las cifras oficiales sobre el desempleo y se elaboró un análisis sobre los programas de asistencia estatal y sus efectos en el empleo genuino. El Indec señala que la desocupación es del 7,2%. Sin embargo, la CGT moyanista sostiene que es del 16,24%, más del doble. "Llegamos a esta cifra porque la desocupación plena es del 9% y porque tomamos los planes asistenciales que otorga el Estado a través del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social", dice a LA NACION Jorge Sola, secretario de acción social de la entidad y responsable del Observatorio de Datos Económicos y Sociales.

En su trabajo, Sola añade: "El problema es cuando perduran más allá de la crisis y se eternizan en los beneficiarios, de tal modo que sus situaciones son francamente dependientes de los programas sociales y se traslada de generación en generación. Los programas sociales no pretenden mejorar el ingreso, sino que en general buscan reemplazar ingresos laborales, asegurar un ingreso básico o un consumo".

Lavagna exige un replanteo en Ganancias

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna aseguró ayer que, tras la derrota del oficialismo en las PASO, la presidenta Cristina Kirchner "se ve obligada a adoptar medidas que eran defendidas por la oposición", en alusión a la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para salarios de hasta 15.000 pesos. Lavagna planteó que, frente a la inflación, es necesario implementar un mecanismo "automático" de actualización de la base imponible de Ganancias.