Los holdouts endurecen su posición ante el juez

El fondo NML-Elliot le pidió que no reinstale el amparo que le permitiría al Gobierno no pagarle a fin de mes
Martín Kanenguiser
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25 de junio de 2014  

NUEVA YORK.- A la espera de la llegada a esta ciudad del ministro de Economía, Axel Kicillof, esta mañana, los fondos buitre le pidieron ayer al juez Thomas Griesa que no le otorgue al Gobierno el efecto suspensivo del fallo que lo obliga a pagarles los bonos en default. Pero dejaron abierta una puerta para admitirlo en unas semanas más, si la negociación con el país avanza en forma sustancial.

Un día después de que el ministro, a través de los abogados que representan al país, le pidió al juez reinstalar el stay, el fondo NML-Elliot contraatacó diciendo que tal moción no se justifica sin haber comenzado la negociación y advirtiendo que podría ayudar a que la Argentina evada las órdenes de Griesa de pagar 1650 millones de dólares (cifra más alta que los US$ 1330 millones mencionados en su momento por el magistrado).

En el escrito, el abogado Robert Cohen dijo que la Corte debería "negar la petición de restaurar el stay porque eso dejaría a los demandantes sin protección legal", como para ejecutar el fallo que ya ganaron en forma definitiva. El argumento es que "si la Argentina es seria acerca de negociar una resolución, no hay razones para no llegar a un acuerdo antes del 30 de julio", cuando se vencen los 30 días de gracia que el país tiene para pagar el vencimiento de los bonos Discount bajo ley extranjera por US$ 200 millones.

Al respecto, NML indicó que otorgarle el stay ahora tal vez contribuiría con los planes de la Argentina de evadir la orden de Griesa, tal como se desprende de las declaraciones del ministro Kicillof la semana pasada, cuando dijo que planificaba abrir un canje en Buenos Aires para pagar ese bono si no se repusiera el stay. Sin embargo, para dejar en claro que la negociación les interesa a sus representados, el abogado planteó que "si la fecha del 30 de julio se acercara y las partes hubieran hecho un buen progreso, pero más tiempo fuera necesario, y la Argentina no tomó ninguna acción para evadir las órdenes del juzgado, la Argentina y los demandantes tendrán una fuerte motivación en trabajar para acomodar" un nuevo efecto suspensivo en ese momento.

Esto permitiría, al mismo tiempo, seguir con la negociación, que la Argentina pueda pagar el Discount y que los bonistas tengan una protección para cobrar lo que la justicia les otorgó en forma definitiva cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no tomar el caso del pari passu la semana pasada.

Una fuente relacionada con los demandantes dijo a LA NACION: "Queremos trabajar con la Argentina en el stay, pero primero deben ser capaces de demostrar que están embarcados en una negociación de buena fe". En este sentido, el escrito de Cohen aclaró que el país ya dijo en el pasado que estaba dispuesta a dialogar, lo cual no se tradujo en una negociación que, ahora que se levantó el stay, justamente se volvió urgente para el Gobierno.

Finalmente, el abogado de los litigantes dijo que la cláusula RUFO, que impide al país hacerles a los holdouts una oferta mejor que a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010, no se aplica en este caso, porque la decisión de pagar surge de una orden judicial y no de una oferta voluntaria del país.

El juez, de vacaciones

Mientras tanto, ayer se desarrolló en forma privada la primera reunión con el mediador Daniel Pollack, designado por Griesa para acercar posiciones entre el Gobierno y los holdouts, aunque sin poder de decisión. "La idea es que lleguen a un acuerdo y se lo comuniquen a Griesa, quien bajo ninguna circunstancia se pierde sus vacaciones de verano en su rancho en Montana", comentó, sin perder la compostura, una calificada fuente de Wall Street.

De este modo, Griesa, de 84 años, puede monitorear las conversaciones pero sin tener que seguirlas día a día, y luego establecerá si le parece lógico el eventual acuerdo alcanzado entre las partes.

Las conversaciones, que arrancaron en forma reservada con los abogados, también fueron monitoreadas por funcionarios de la Secretaría de Finanzas que se encuentran en esta ciudad.

Si se resolviera esta disputa, luego la Argentina deberá enfrentar otros frentes casi simultáneos con los bonistas: uno, con aquellos que no tienen sentencia firme -incluyendo al propio fondo Elliot en otro expediente por unos US$ 2000 millones, junto con Dart, el otro fondo buitre importante, y varias acciones de clase iniciadas por inversores minoristas-, y el otro, con los posibles planteos que hagan quienes ya ingresaron a los canjes y pudieran exigir una oferta igual a ésta.

En el primer caso, aunque abogados y analistas dudan de que sumen los US$ 15.000 millones mencionados por el Gobierno, la cifra podría oscilar entre 7000 y 10.000 millones, que recibirán la misma sentencia del pari passu y, por lo tanto, cobrarán lo mismo que acuerden en la negociación iniciada ayer NML, Aurelius, Blue Angel y 13 inversores minoristas.

En el segundo caso, está muy discutido entre los abogados la vigencia o no de la cláusula RUFO, pero en esta ciudad se comentaba que varios grupos ya comenzaron a preparar potenciales demandas para pedir la diferencia entre lo que cobraron en los canjes y lo que cobrarán los holdouts.

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