Los informes están bien guardados

Fernando Straface
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5 de septiembre de 2010  

La Auditoría General de la Nación (AGN) solicitó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) más de 300 expedientes. Las trabas de la Sigen para entregar sus informes en forma automática evidencian, una vez más, los obstáculos inadmisibles que persisten en nuestro país para acceder a información pública.

Es imprescindible y urgente la sanción de una ley nacional de acceso a la información que respete estándares internacionales y termine con este tipo de prácticas contrarias a la transparencia.

Con su opacidad, la Sigen pierde una oportunidad para cumplir con mayor eficacia su misión institucional.

Si bien su sitio web presenta un listado de los informes producidos en los últimos años, para acceder a su contenido es necesario realizar un pedido por escrito en la sede del organismo, consignar diversos datos personales y detallar la información solicitada. Esta práctica supone una regresión (ya que antes todos los informes de la Sigen podían encontrarse sin restricciones en el sitio www.sigen.gov.ar ) y, sin duda, es contraria al derecho a la información reconocido en forma expresa en la Constitución nacional desde la reforma de 1994.

Con este requisito, el organismo incrementa las barreras de acceso a información pública que en nada compromete el resguardo de datos personales de carácter sensible (aquellos que se relacionan con las preferencias sexuales, religiosas o partidarias).

De hecho, en este caso, importan más las dinámicas institucionales descriptas en los informes -para corregirlas en caso de que sea necesario- que los nombres de los funcionarios a cargo de las operaciones analizadas.

Por otro lado, la actuación de la Sigen se fortalece cuando incrementa sus capacidades de monitoreo de resultados de gobierno.

El control de los procesos y de la legalidad de la actuación administrativa de los funcionarios es una parte sustancial pero no suficiente de un modelo moderno de control de la gestión pública.

En los últimos años se detectan, en la propia Sigen, algunas experiencias en esta dirección. Pero son pocos casos, limitados por la escasa vinculación del presupuesto público en cada organismo con un marco de resultados que refleje la misión institucional.

* * *

La Sigen y la AGN pueden tener un impacto sustancial en la calidad de las políticas públicas. La AGN debe ser capaz de formular verdaderos informes de "valor por dinero" que describan el impacto de las políticas y alimenten una discusión parlamentaria de calidad sobre el presupuesto público. Para ello, tendría que construir sobre la valiosa información que la Sigen está en condiciones de producir a partir de un cuerpo de funcionarios de carrera bien formados y con una larga trayectoria en el Estado.

El control de la gestión pública se fortalece en la medida en que se visibiliza. La Sigen es el órgano de control del Poder Ejecutivo y, por eso, el propio presidente de la Nación debería promover la publicidad de los informes del organismo.

Los documentos tratan sobre la calidad del gobierno, y contar con una Sigen transparente, profesional, moderna tecnológicamente y promotora de las mejores prácticas de control debería ser una meta de todo primer mandatario.

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