Los intendentes del PJ exigen bajar tarifas

La incertidumbre económica y el impacto de la devaluación en la mesa y el trabajo de los bonaerenses alteraron lo que se había planteado como una reunión ordinaria del PJ provincial, ayer, en Merlo. Tras una enumeración de penurias que duró varias horas, los intendentes peronistas y varios sindicalistas de peso, entre ellos Hugo Moyano, decidieron exigirle a Cambiemos que declare la emergencia alimentaria, educativa, sanitaria y laboral.

"Que retrocedan las tarifas a los valores del año pasado y se las ajuste por índice de variación salarial; que se restablezca la ley de despidos, que implica una doble indemnización; que se asegure la cadena de provisión de medicamentos e insumos a hospitales municipales, provinciales y salas de atención primaria y se dé ayuda inmediata a las pymes por el grave problema de deudas fiscales, tributarias y bancarias que pueden generar una ola masiva de despidos en todo el país", son algunos de los puntos que plantearán los peronistas al presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.

El documento oficial del encuentro, que se elaboraba anoche, también iba a incluir un párrafo destinado a la expresidenta Cristina Kirchner: cada día más cerca de la senadora nacional de Unidad Ciudadana, a la que quieren ver como candidata en 2019, desde el PJ pedirán que "se respeten las garantías del debido proceso", según pudo saber LA NACION.

Por La Colonial, la quinta oficial del municipio que comanda Gustavo Menéndez, presidente del PJ bonaerense, pasaron los sindicalistas Moyano, Omar Plaini (Canillitas), Ricardo Pignanelli (Smata) y Abel Furlán (UOM-Zárate), además de los diputados nacionales Felipe Solá y Fernando Espinoza.

También los intendentes Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gabriel Katopodis (San Martín), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Julio Zamora (Tigre), entre otros.

Uno por uno, los presentes fueron tomando la palabra para enumerar las penurias que enfrentan en sus distritos. Varias historias se repitieron: por caso, el incremento de las partidas destinadas a los comedores sociales, la paralización de obras por la quita del Fondo Federal Solidario (fondo sojero) decidida por la Casa Rosada y la paralización de compras municipales por la corrida del dólar. "La devaluación nos dejó sin precios de referencia y nos dificulta la compra de insumos y medicamentos para los centros de salud", comentó uno de los asistentes.

Los sindicalistas también hicieron su aporte. Pignanelli contó el impacto de la apertura de importaciones en el sector industrial. Moyano, por su parte, detalló el fallo que ordenó reducir la multa de $810 millones que pretende aplicarle el Ministerio de Trabajo.

Al terminar la ronda, los presentes decidieron sintetizar los planteos en cuatro emergencias. La alimentaria, por ejemplo, irá acompañada con el pedido de organizar una red nacional solidaria en la que participen también las organizaciones piqueteras. La laboral se complementará con el pedido de reflotar la ley antidespidos vetada por el Gobierno, así como la aplicación de un régimen especial tarifario para pymes y comercios.

La educativa apuntará a "frenar el desfinanciamiento de la educación pública y garantizar el funcionamiento de las escuelas provinciales".

La preocupación por la suba de precios en alimentos y tarifas y la pérdida de puestos de trabajo también es parte de la agenda diaria de la gobernación y los intendentes de Cambiemos. En algunos distritos, el presupuesto alimentario pactado en diciembre de 2017 ya se había consumido completamente al comenzar agosto. Ayer, Vidal dispuso reasignar una partida de $1000 millones para contención social.

La explosión en la Escuela Nº 49 de Moreno, que causó dos muertes, y las protestas posteriores de docentes y familias que se extendieron a otros distritos contribuyeron a elevar el malestar en todo el conurbano. La corrida del dólar de esta semana agitó ese caldo.