Los jueces de la Corte difundirán sus bienes

El tribunal hará una acordada
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25 de febrero de 2004  

La Corte Suprema de Justicia decidió que serán públicas las declaraciones juradas de los jueces. Por lo menos, de los ministros del máximo tribunal.

La acordada todavía no está redactada y sólo comenzará a circular entre los ministros del máximo tribunal en las próximas horas.

Pero el tema ya fue tratado en el acuerdo de ayer, en medio de un debate por momentos acalorado, a instancias de Enrique Petracchi, presidente del cuerpo.

Cuando Petracchi formuló la propuesta de hacer públicas las declaraciones juradas, ésta fue inmediatamente aceptada por sus colegas. Los jueces Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano lo apoyaron.

En 1999 el Congreso sancionó la ley de ética pública, estableció que las declaraciones juradas de los funcionaros, de los tres poderes del Estado, deberían ser públicas y actualizadas anualmente.

Pero la Corte, mediante la acordada 1/2000, restringió el alcance de esa ley sobre los integrantes de la Justicia y estableció un procedimiento bastante engorroso que desnaturalizó los fines de transparencia que habían inspirado la medida.

Carlos Fayt, en tanto, pidió tiempo para pensar el asunto. Pero no dudaría en dar finalmente su apoyo.

Oposición de Vázquez

En cambio, quien decididamente se mostró en contra de la nueva acordada fue Adolfo Vázquez.

Según tres fuentes de la Corte, Vázquez dijo que no estaba de acuerdo en que fuesen públicos tales documentos, porque entonces los jueces o sus familiares podrían quedar expuestos a situaciones de peligro e inseguridad. Y calificó la medida propuesta por Petracchi de "demagógica".

Pero finalmente se evaluó que la nueva acordada de la Corte podría alcanzar exclusivamente a los ministros de la Corte. En cambio, sería el Consejo de la Magistratura el que debería evaluar si extiende esa obligación a los integrantes de los tribunales inferiores, que están dentro de la órbita administrativa de ese cuerpo.

En estas condiciones, es decir, si la publicidad queda circunscripta a las declaraciones de los ministros del máximo tribunal, dijo Vázquez que también estaría dispuesto a acompañar la acordada.

Fue un acuerdo breve, pero en el que la Corte también consideró el pedido de audiencia pública que formularon los dos intendentes de San Luis, Daniel Pérsico y María Angélica Torrontegui, para decidir quién debe gobernar la ciudad. La Corte, para evitar un show mediático, accedería a dar una audiencia sin cámaras de televisión.

Por otro lado, la Corte también decidió convalidar, en forma implícita, una reforma constitucional realizada en Santiago del Estero, que había dispuesto la caducidad de los mandatos de los concejales de todas las ciudades.

En un primer momento, la Corte había otorgado medidas cautelares en favor de los concejales perjudicados por tal medida, pero ayer las revocó .

Dado que en los concejos deliberantes convivían los viejos concejales con los nuevos, los municipios se habían vuelto ingobernables y los intendentes opositores al caudillo de Carlos Juárez estaban en dificultades para hacerse obedecer.

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